Por Ricardo Rivas

Corresponsal en Argentina

Twitter: @RtrivasRivas

La Argentina, una vez más, hace el “paga Dios” de una buena parte de su deuda pública. Lo dispuso el presidente Alberto Fernández, a través del Decreto 346/2020. En ese instrumento administrativo legal y legítimo, posterga unilateralmente hasta el 31 de diciembre próximo el pago de hasta US$10.000 millones adeudados a través de bonos emitidos bajo las leyes locales.

En el mundo de las finanzas la decisión gubernamental tipifica un “default técnico” porque modifica lo que oportunamente y por escrito se había pactado con quienes prestaron sus dineros a este país. El fundamento para hacerlo, en esta oportunidad, es “la crisis sanitaria mundial generada por la pandemia del coronavirus COVID-19 (que) ha alterado los plazos previstos oportunamente en el ‘Cronograma de acciones para la gestión del Proceso de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa’”.

Alberto Fernández justifica que no intervenga el Parlamento en la decisión adoptada en que “la dinámica de la pandemia del COVID-19 y su impacto sobre la salud pública sumado a la situación económica y social imperante” lo impide. Destaca también que “a este contexto de deterioro de la situación económica y social, producto de la emergencia sanitaria, se le adiciona la inminencia de próximos vencimientos de los servicios de la deuda pública” nacional “emitida bajo ley” argentina y denominada en dólares estadounidenses”.

La información oficial disponible da cuenta que este país, hasta el último día de este año, dejará de pagar cerca de US$ 6.000 millones y, aunque el decreto publicado nada indica, el interrogante que emerge es qué habrá de suceder con poco menos de US$ 3.500 millones que deberá abonar a bonistas que tienen en su poder títulos del Tesoro local emitidos bajo legislación extranjera. Aunque nada indica formalmente, hasta ahora, que esa maléfica profecía vaya a suceder.

Sin embargo, las dudas de los que dudan no se fundan en operación alguna para construir una situación de pánico generalizado o en animadversión con las políticas del presidente Fernández, sino en la historia de este país al que no le faltan defaults desde los inicios del siglo XIX.

Según Miguel Ángel Boggiano lo consigna en el diario El Cronista “han sido cinco los eventos que efectivamente representaron un default/reestructuración” de la deuda pública argentina.

El primero de ellos lo ubica en 1827, luego que el Banco de Inglaterra elevara su tasa de descuento “para frenar su caída de reservas” lo que provocó “un crash bursátil, problemas bancarios y recesión en Inglaterra y Europa Continental” que “en pocos meses se expandió a América latina”. Aquel default, se mantuvo hasta 1857. Treinta años.

El segundo impago lo ubica en 1888 luego de la quiebra del local Banco Constructor de La Plata. Por entonces, Argentina “llegó a ser el quinto país más endeudado del mundo”. La cesación se extendió hasta 1892. Cuatro años.

El tercero se produjo en 1982 en el contexto de una crisis bancaria y financiera generalizada de alto impacto en Latinoamérica y África. De hecho, en 1976, cuando la última dictadura cívico-militar derrocó a la primera mujer presidente en la historia argentina, María Estela Martínez de Perón, “Isabelita”, la deuda externa alcanzaba a unos US$7.000 millones mientras que en 1983, cuando se restableció el sistema institucional, ese indicador daba cuenta que Argentina debía US$ 45.000 millones. La cesación de pagos se extendió hasta 1992. Diez años.

El cuarto fue en 2002. El 23 de diciembre de 2001, luego de la caída del presidente Fernando de la Rúa tres días antes, Adolfo Rodríguez Saá, que fue primer mandatario por unos pocos días, ante la Asamblea Legislativa, declaró que “no” pagaría la deuda externa. Fue ovacionado y aplaudido de pie por los legisladores.

El quinto default – que como una suerte de continuidad política se mantiene hasta la actualidad y fue ratificada con la decisión que hoy dio a conocer el gobierno de Alberto F- comenzó en agosto 2019 cuando el presidente Mauricio Macri –en el país de los eslóganes eufemísticos- decidió “reperfilar” los compromisos asumidos por su administración y el ministro de Economía de entonces, Hernán Lacunza, como hoy lo hace su sucesor, Martín Guzmán, unilateralmente modificó la fecha de pago del capital de la deuda de corto plazo en dólares.

El 29 de ese mes, S&P Global Ratings, calificó a la deuda de corto plazo argentina en “default” en tanto que a la de largo plazo la consideró en “default selectivo”. Como en una enorme y poco más que bicentenaria Banda de Möbius, lo más reciente, en la Argentina, es lo que nunca deja de suceder.

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