El 20 de marzo pasado, las autoridades gubernamentales habían anunciado que la cuarentena se extendía hasta el 12 de abril y el aislamiento total (24 horas) hasta el 28 de marzo. El viernes pasado, referentes del Gobierno lo que hicieron fue confirmar lo que ya habían comunicado una semana antes.

Es decir, no pudo haberse dado ninguna presión de nadie, siendo que la decisión ya estaba tomada con antelación. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? En nuestro país existe una clase media acomodada (sector público y privado) que recibe un salario fijo a fin de mes, y que por ahora sabe que ese salario le llegará a su cuenta y podría extraerlo cuando quiera de algún cajero automático. Es esta la clase media que tiene activa participación en las redes y está relativamente bien informada, pero para nada preocupada por la subsistencia del día a día y mucho menos en generar recursos para pagar salarios a fin de mes.

Este fue el sector que realmente ejerció presión al Gobierno para mantener la cuarentena absoluta hasta el 12 de abril, decisión a priori realista, sensata y oportuna para evitar la propagación del COVID-19. Hoy no tenemos la evidencia de que la medida adoptada traerá beneficios, solo sabemos que evitará, por ahora, el contagio masivo. Pero, ¿qué pasará después?

La máxima autoridad sanitaria de nuestro país asegura que el 60% de la población contraerá el virus. Lo que en todo caso, la cuarentena sirve para ganar tiempo y estar relativamente preparados cuando el número de contagiados se dispare. Eso significa, una ley de emergencia en manos, más camas para hospitales, espacios reacondicionados para recibir enfermos, etc.

Mientras la clase media acomodada (viendo series en Netflix y haciendo teletrabajo) con justa razón piensa en su salud, por un lado, el albañil, el jardinero, el vendedor ambulante, el jornalero, la vendedora de remedios yuyos, el vendedor de chipas; y por otro lado, el sector micro, pequeño y mediano empresario o empresario grande haciendo números para pagar salarios o evitar despidos masivos, se están viendo en figurillas y están desesperados.

Entonces, también para el Gobierno es mucho más fácil decir ahora, quédense en sus casas encerrados 24 horas por dos semanas más, ya que aseguraron una línea abierta de crédito por valor de US$ 1.600 millones y además continúan con todos los beneficios asegurados que aún persisten en el sector público.

Hagamos el esfuerzo todos. Es inadmisible que sigan los salarios siderales en la función pública, las bonificaciones, las licitaciones para compras no prioritarias. Este es el momento de hacer los recortes y ajustes en la elaboración del Presupuesto General de la Nación. ¿Dónde está la apretada de cinturón del sector público?

Es muy fácil tirar el fardo al sector privado (formal e informal, rico y pobre) mientras los burócratas tienen asegurados sus privilegios a costa precisamente de ese sector a quienes hoy tiran la responsabilidad de aguantar la crisis.

Los que estamos en esta franja de asalariados del sector privado, empujemos también así como lo hicimos para extender la cuarentena absoluta para que la clase política haga su parte y aplique el tijeretazo a los beneficios innecesarios, a fin de redistribuir al sector sanitario en donde a todas luces existe una precariedad absoluta. Tenemos tiempo hasta el 12 de abril para ejercer la presión, ahora o nunca: reforma del Estado ya. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.