“Duele decirlo, pero hay que decirlo”

• POR PABLO ALFREDO HERKEN KRAUER
• ANALISTA DE LA ECONOMÍA
• EMAIL: PHERKEN@GMAIL.COM 

El Gobierno (Poder Ejecutivo) presentó el lunes pasado al Parla­mento “su” Proyecto de Ley de Emergencia “en todo el país por el presente ejerci­cio fiscal” (hasta finalizar el año 2020) para enfrentar la pandemia del coronavirus –y ganar la guerra– y amor­tiguar hasta donde es posi­ble los golpes económicos locales y mundiales sobre el empleo (ingreso realmente) de la gente (calmar en algo el dolor del estómago), en espe­cial para aquella que es “más vulnerable”, más débil, con menos capacidad de prote­gerse ante la tormenta. Que nadie sabe cuándo pasará. El Proyecto de Ley no es perfecto –quizás bueno– ni completo, hay cosas que agre­gar, clarificar, corregir, cam­biar, pero patea en la direc­ción correcta, que al final es lo importante. En muy pocos días hay que sumar por un mejor Proyecto, con espí­ritu constructivo –destruc­tivos, populistas y parásitos dar un paso al costado por favor– y teniendo en cuenta con seriedad y responsabili­dad la “urgencia” de la situación de emergencia en la salud y en la economía. A más tar­dar para el jueves debe estar aprobaba la Ley, trabajando a full sin enfrentamientos ni divisiones, lo cual no implica no tener visiones diferentes a temas claves, pero con la presentación de alternativas realistas y propuestas concre­tas. Varios países de la región ya se adelantaron a nosotros en la toma de medidas ante la extraordinariamente deli­cada situación con sus pers­pectivas desfavorables.

El Proyecto de Ley en más de un 95% tiene que ver única y exclusivamente con la auto­rización especial que se le brinda al Poder Ejecutivo – en general– y el Ministerio de Hacienda (MH) – en par­ticular – para con un “poder” casi absoluto manejar los recursos del Estado (existen­tes y a conseguir), dirigirlos (re), canalizarlos, focalizar­los en aquellos programas de salud, sociales y económicos que son necesarios financiar para salvar vidas (atender la salud) y cuidar la economía de la gente (que el dolor no sea tan fuerte). Hablando de manea clara, directa y sencilla, Hacienda puede hacer “lo que quiera” –responsablemente se asume– a la hora y a partir de ahora de cocinar el “nuevo” Presupuesto Fiscal 2020 en función a la “nueva” realidad. Puede endeudarse (un esti­mado de US$ 1.600 millones, como referencia, que puede ser menos), puede pedir créditos al Banco Central del Paraguay (BCP) –no solamente los clási­cos adelantos que se devuelven en el mismo ejercicio fiscal– , puede postergar aumentos de sueldos (maestros en julio), puede usar recursos de empre­sas del Estado (y destinarlos), puede suspender los benefi­cios extraordinarios que tie­nen los funcionarios públicos, puede conceder una gratifica­ción especial a “los de blancos” (médicos y enfermeras), puede aplicar medidas extremas de austeridad, puede decidir qué programas estatales se refuer­zan y cuáles otros se debilitan en función a los dos objetivos mencionados. Para actuar de manera rápida y contundente el Parlamento le debe dar dicha autorización especial a Hacienda de ser el coman­dante en jefe en el manejo y en la administración de prácti­camente todos que recursos que tiene el Estado paraguayo sumado a los que pudiera con­seguir.

Se crean dos fondos: 1) El Fondo de Emergencia Sani­taria; y 2) El Fondo Social. Sabemos para qué es el pri­mer Fondo. El segundo tiene que ver con el otorgamiento de subsidios (ayuda) a los tra­bajadores informales y perte­necientes a las mipymes: 25% del Salario Mínimo, dos pagos, por un monto global estimado de US$ 300 millones de dóla­res. Para el trabajador formal Hacienda podrá hacer un aporte de US$ 100 millones al IPS para gastos vinculados al subsidio de reposo por enfer­medad y para otorgar una compensación económica a los trabajadores “cotizantes acti­vos” cuando se establezca el cese total de las actividades de los sectores económicos afec­tados a causa de la emergen­cia sanitaria o la suspensión temporal de los contratos de los trabajadores. Se contempla también que “podrá ser dife­rido temporalmente” el pago de las facturas de agua, luz y teléfono correspondientes a marzo, abril y mayo, plazo que podrá extenderse o ser prorro­gado. Lo no pagado será finan­ciado hasta en 18 cuotas sin recargos ni intereses. Queda por establecer la categoría de usuarios y las fajas de consumo. Para las Mipymes el apoyo dependerá en mucho de lo que haga la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) que recibirá recursos especiales. Y se pro­rroga el pago de los impuestos, aunque al respecto falta una explicación detallada.

Hay más, pero estos son los ejes fundamentales del Pro­yecto de Ley de Emergencia. Quiero más recursos a pro­gramas sociales claves como Tekoporá (160.000 familias) y una protección muy espe­cial en dinero para los abueli­tos y abuelitas. No me queda en claro como el subsidio en dinero se complementa con los kits alimenticios. Me parece relativamente escaso el mondo global estimado para el subsidio. Daría un programa muy especial de apoyo y cui­dado a las MIPYMES, más directo. Me preocupa que no se considere el caso especial de los que viven del comercio fronterizo (CDE y otras ciuda­des). Y lamento muchísimo no poder disponer de los recursos extraordinarios del fondo de jubilación del IPS, incluso con garantía del Estado, y estamos hablando de alrededor de US$ 2.500 millones. De esto, o sali­mos juntos o no salimos. Duele decirlo pero hay que decirlo. DDPHQD

El Proyecto de Ley no es perfecto –quizás bueno– ni completo, hay cosas que agregar, clarificar, corregir, cambiar, pero patea en la dirección correcta, que al final es lo importante.

Quiero más recursos a programas sociales claves como Tekoporá (160.000 familias) y una protección muy especial en dinero para los abuelitos y abuelitas.