Por Ricardo Rivas
Corresponsal en Argentina
Twitter: @RtrivasRivas
El gobierno de Alberto Fernández cumplirá mañana tres meses. El período de gracia, por llamar de alguna manera al lapso de tiempo que las sociedades otorgan a las nuevas administraciones, por estos días, parece llegar a su fin. Los indicios son, sin dudas, preocupantes.
Un acuerdo con los acreedores privados y con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para resolver la situación de la deuda pública, se demora; con el sector agropecuario (con el campo), las tensiones crecen por el incremento gubernamental a los derechos de exportación (retenciones); y, con las iglesias católica y evangélica, la relación se endurece, como consecuencia del rechazo de esas dos organizaciones eclesiales al proyecto para legalizar el aborto que impulsa el presidente.
Veamos. Las reuniones del ministro de Hacienda, Martín Guzmán con la directora ejecutiva del FMI, Kristalina Georgieva, son solo discusiones. Nada se negocia por ahora porque no hay nada para negociar sobre la mesa. La posición del gobierno argentino es clara desde el mismo momento en que Fernández era candidato a triunfar sobre Mauricio Macri. "Así, no se puede pagar. Necesitamos no menos de tres años de plazo para comenzar a cumplir con los acreedores".
Con los acreedores privados, la situación no es mejor. Sabedores de que la Argentina no puede pagar, aceptan la imposibilidad pero, para recuperar lo invertido, proponen una tasa de interés cercana al 6% para los nuevos compromisos. El ministro Guzmán sólo dice que aceptará, por imposibilidad financiera, acercarse al 3%.
Los negociadores de los fondos Northern Trust, Greylock, BlackRock, Fidelity, Templeton y Pimco, dejaron Buenos Aires sin responder. Los bonos locales cayeron en los mercados. La tasa de riesgo país alcanzó los 2.500 puntos porcentuales. Los fondos de riesgo analizan comprar esos bonos deprimidos para, en un futuro -muy parecido al pasado reciente- recuperarse con importantes ganancias a través de la vía judicial en tribunales extranjeros a los que están sometidos esos papeles. El gobierno deja trascender que tiene una propuesta de pago que dará a conocer. Hay quienes sostienen que no podrá pasar de mayo venidero.
Con el campo, va mal. Desde el primer minuto de este lunes y hasta la medianoche del próximo jueves, el sector se mantendrá en huelga para la comercialización de granos y haciendas. Revive el enfrentamiento que en 2008, el entonces gobierno de la presidente Cristina Fernández, mantuvo con los mismos actores con daños políticos irreparables. Alberto Fernández –el actual mandatario- como consecuencia de aquello, renunció al cargo de Jefe de Gabinete de Ministros que ocupaba desde 2003. La tensión actual se debe a que el gobierno incrementó los derechos de exportación hasta el 9% por dólar lo que hace que, en el caso de la soja, que se encontraba en 18%, tribute un 27%. El presidente Fernández sostiene que “ellos saben que tenemos razón”. Pese a ello, categoriza públicamente al campo como “el socio estratégico” y admite que “nosotros necesitamos que crezca porque exporta”. Oxímoron. “Nos veremos en las rutas”, respondieron los productores. Diálogo caído.
Ayer, domingo, en torno de la Basílica de Luján, principal templo católico en la Argentina una multitud se expresó en contra de la decisión del presidente Fernández de legalizar el aborto. La convocatoria fue realizada por la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) que conduce el obispo Oscar Ojea, bajo el lema “Sí a las mujeres, Sí a la Vida”. La CEA –diseñada prolijamente por el Papa Francisco- protagonizó un acto político y religioso. Puso en debate un tema de la agenda pública desde la perspectiva dogmática. Los prelados están disgustados con Alberto F. Tres obispos que exigieron reserva sobre sus identidades, confidenciaron a este corresponsal que “la bronca” es porque “el presidente, con su proyecto, no sólo despenaliza las prácticas abortivas sino que va más allá y quiere hacer legal la interrupción del embarazo por una cuestión volitiva”. Al parecer, Fernández manifestó semanas atrás a la CEA que eso no habría de ocurrir. Añadió entonces que propondría al Parlamento, como lo hizo, un “Plan de los mil días para garantizar la atención y el cuidado integral de la vida y de la salud de la mujer embarazada y de sus hijos o hijas en los primeros años de vida” porque “procuraré evitar que se llegue al aborto por una situación de pobreza” y habría aclarado, “despenalizar no es abortar libremente”. Los católicos “no estamos solos” en la movida “contra el aborto no contra el gobierno, aclaró uno de los religiosos. “Lo hacemos unidos con las iglesias evangélicas tradicionales, no las electrónicas, porque en este tema tenemos la misma mirada”.
En el Instituto Patria, think tank del partido Unidad Ciudadana que conduce la vicepresidente Cristina Fernández, el miércoles último, cuando la entidad cumplió cinco años, Oscar Parrilli, senador nacional y titular de la organización, dijo, dirigiéndose al Presidente: "Va a tener en nosotros el apoyo y la colaboración que necesite", pero lo advirtió: "Cuando veamos cosas que nos parezca que están mal, también lo vamos a hacer saber". Luego, le recordó: "Cuando se fundó el Patria, dijimos: 'Somos, primero, opositores al gobierno de Cambiemos (Mauricio Macri) y nos conduce Cristina Kirchner'. Hoy decimos: 'Somos oficialistas, somos parte del gobierno de Alberto Fernández y nos conduce Cristina Kirchner'". ¿Condiciona el kirchnerismo a Alberto F?
Deuda, campo, aborto, iglesias y el flanco K de la coalición en alerta. La sustentabilidad declamada y reclamada puesta a prueba. No sólo para la economía, las finanzas y la producción. En lo social y en lo ideológico lo sustentable aparece aquí como una carencia a resolver en el seno de la coalición de gobierno.