Mientras cada día más países se manifiestan en el sentido de abolir la condena a muerte a un ciudadano por parte del Estado, como castigo por cometer un crimen, algunos “legisladores” –para aparecer en la noticia y fotografías– proponen reimplantar la pena de muerte en nuestro país, afirmando que “reduce el delito”.
Esos “legisladores”, sin ningún estudio serio, soslayando que la ley máxima de nuestra nación establece que el derecho a la vida es inherente a la persona humana (CN Art. 4°), tienen que saber que la vida es el derecho fundamental sin el cual no puede existir ningún otro derecho, que no existe ley que pueda atentar en su contra y que cualquier propuesta en ese sentido es ilegal, absurda y disparatada.
Es mundialmente aceptado que la pena de muerte es el castigo más cruel, inhumano y degradante, y, por ello, la afirmación de que la implantación de la pena de muerte va a reducir el delito no pasa de ser un dislate impropio de personas que deben saber que matar a un hombre en nombre del Estado es peor que el crimen que se pretende evitar.
No existe ni una sola prueba fehaciente de que la pena de muerte sea un factor disuasorio a la hora de cometer un delito, pero sí existen ejemplos de que es una pena discriminatoria que se utiliza contra personas económicamente desfavorecidas, y va a posibilitar a los magistrados judiciales ineptos que se conviertan en asesinos o encuentren en ella un pingüe negocio.
No importa el delito o crimen cometido, no corresponde aplicar la pena de muerte en ningún caso, porque viola el derecho a la vida, y si bien es cierto que es lamentable y horrible el crimen de la niña de siete años en Minga Guazú (Alto Paraná), brutalmente asesinada –supuestamente por Héctor Eduardo Martínez, hoy privado de su libertad e imputado por homicidio doloso– merece un ejemplar castigo, pero no hay justificativo para volver a la ley del Talión.
Resulta grotesco y lamentable ver algunos “parlamentarios” al acecho de hechos como el ocurrido –que causan dolor e indignación– para publicitarse y proponer “soluciones” falaces e ilegales, como la pena de muerte o la castración química, que aplicadas solo causan daño y no ayudan a solucionar atrocidades. Es más, no existe evidencia científica que avale la supuesta eficacia de lo propuesto por algunos “legisladores” y, aplicar esto en nuestro país sería una bomba de tiempo con los operadores de justicia que tenemos.
Repito, mientras cada día más países se manifiestan en el sentido de abolir la condena a muerte como castigo por cometer un crimen, en la República del Paraguay, que ha suscripto tratados internaciones que impiden la implementación de esa pena, algunos “legisladores” proponen su aplicación, lo cual es un absurdo ilegal y populista.
Esos “legisladores” deben saber que tienen que hacer bien su trabajo, porque legislar técnicamente mal es contrario al Estado de derecho y notablemente antidemocrático porque dificulta enormemente el buen funcionamiento del cuerpo legislativo y porque cuando se legisla mal, con normas incomprensibles, contradictorias o ambiguas, el ciudadano está más indefenso y más aún cuando se legisla para la foto. Pero, de todas maneras, siempre hay tiempo para mejorar.