“Duele decirlo, pero hay que decirlo”

Cerramos el 2019 con una deuda pública (del Estado) de 8.859 millones de dólares, lo que representa en términos comparativos, de relación o de peso con respecto al tamaño de nuestra economía del 22,9%, medida en valor por el Producto Interno Bruto (PIB). Redondeando 23%. Hoy, dicha deuda estatal, estimativamente, sería de 9.360 millones de dólares o con un peso del 23,4%, que naturalmente subiría según transcurra el año. Datos bastante elevados de Itaú Brasil indican un final del 2020 con un endeudamiento del 26,8% de PIB o 10.693 millones de dólares, bien arriba de los números oficiales, que cuentan realmente. En el 2012 nuestra deuda pública sumaba 3.591 millones de dólares o 10,7% del PIB. Es decir, más que se duplicó en monto (2,5 veces), ocurriendo lo mismo con el peso. Claramente nuestro endeudamiento ha corrido mucho más rápidamente que nuestro crecimiento económico y el 82% del mismo es “deuda externa”.

A partir de esta realidad no son pocos los que hablan de la necesidad de ponerle un tope a nuestro endeudamiento a partir de una modificación de la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) y el techo que se maneja para “tranquilizarnos” sería del 30% del PIB.

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No me opongo a ponerle un tope al endeudamiento como señal de disciplina fiscal para nunca caer en los dramas y las tragedias de varios países latinoamericanos por sobreendeudarse de manera irresponsable. Pero sí elegiría el techo con base en varias consideraciones que guardan relación con la realidad del país. Veamos: 1) Partimos de un endeudamiento muy bajo, que no pocos organismos financieros internacionales consideraban un despropósito de cara a los apremiantes problemas económicos, de infraestructura y sociales que asfixiaban nuestras posibilidades genuinas de desarrollarnos; 2) Según estudios del Fondo Monetario Internacional (FMI) nuestro rango cuidadoso de endeudamiento estaría entre el 30% y el 45%; 3) Si algún tope debe ser colocado, que el mismo sea exclusivamente sobre la deuda externa; 4) Estoy de acuerdo en que la política de endeudamiento no debe bajo ningún motivo actuar como reemplazo o compensación exagerada de la necesaria inversión privada nacional y extranjera en las obras públicas bajo mecanismos diversos, lo que, por ejemplo, borraría endeudarnos para el puente Chaco’i por más de 160 millones de dólares, claro está, asumiendo el presidente Marito el costo de no pagar facturas a grupos empresariales que lo financiaron y lo seguirán haciendo en sus proyectos políticos y partidarios; 5) En la misma dirección debe ir el mejoramiento muy importante de la recaudación de impuestos, cuya presión tributaria actual conspira contra el financiamiento genuino de los programas gubernamentales más importantes y presionan por un mayor endeudamiento: 6) Hay que encender la luz de stop al exagerado crecimiento del gasto en salario en el Estado; 7) Es inconcebible que los fondos de pensión duerman en los bancos (alrededor de 3.500 millones de dólares, casi 37% del endeudamiento de hoy y 9% del PIB) cuando deberían invertirse financiando nuestro desarrollo con las más exigentes reglas.

¿De qué les servirá ese fondo de pensión en el futuro si el país no cambia y mejora?; 8) Teniendo en cuenta los cuatro puntos anteriores, entonces sí estudiar cuál debería ser el tope al endeudamiento, que en mi opinión solo debería imponerse al externo, y dentro de un rango con un “piso” del 30% y un “techo” a consensuar; y 9) No dejar de mirar los casos de endeudamiento en varios países latinoamericanos, obviamente con sus particularidades, que tienen pesos extraordinariamente superiores al nuestro. Entre el 75% y el 94% en Brasil y Argentina, Uruguay con 71%, Perú con 27,4% y Colombia con 52%, de acuerdo a los datos manejados por Itaú Brasil correspondientes a estimaciones para el presente año, y que, en nuestro caso, nos sitúa con una carga del 26,8%.

Endeudarse no está mal, cuidando la estabilidad macroeconómica y dicho instrumento no debe congelarse. Endeudarse mal, eso sí está muy mal. El negociado de Chaco’i es un muy buen ejemplo de cómo hacerle pagar al pueblo lo que ricos empresarios están plenamente capacitados de hacerlo con sus propios recursos sin perder en la inversión. Para ello, naturalmente, necesitan un Presidente “amigo” que dé la espalda a la gente. Duele decirlo, pero hay que decirlo. DDPHQD

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