• Por Jorge Torres Romero

Raúl Peralta Vega es un abogado que tiene varios casos de despojo de tierras en el Chaco. Estos despojos son articulados mediante una estructura mafiosa instalada en el Indert desde hace varios años y que todavía goza de muy buena salud.

El abogado nos relató cómo funciona el esquema. En la región Occidental todavía existen 3.200.000 hectáreas de tierras fiscales. Como son tierras improductivas, aparece un interesado en promover un plan de desarrollo, principalmente ganadero. Gestiona la posesión del inmueble y realiza las inversiones en el lugar. Cuando el inversionista avanza en su intención de regularizar la tenencia del título, comienza a activarse el “operativo apriete o despojo”.

El caso del empresario-ganadero Rolando Fernández ejemplifica el modus operandi. Fernández tomó junto con otros socios 16 mil hectáreas, 4 mil hectáreas para cada uno. En cinco años realizaron millonarias inversiones en la propiedad, pero en el momento de la tramitación del título ante el Indert comenzó su calvario. Fernández confesó que el imputado Enrique Gómez de la Fuente, ex director del Chaco del ente agrario, le había solicitado US$ 480 mil en coima para hacerle correr su título, US$ 30 por hectárea. El hombre se negó a abonar esa cantidad y automáticamente aparecieron otros “dueños” de esas tierras. Dos hermanas de apellido González, una de 27 y otra de 23, ambas de profesión estudiante; un hombre de apellido Flores, profesión jornalero, y otro de apellido Morínigo, también estudiante. Evidentemente, prestanombres.

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Días después de la negativa de Fernández de abonar la coima, llegan hasta la propiedad 10 “matones armados” a realizar el desalojo. Uno de los líderes de este equipo, de apellido Fischer, está procesado por su supuesto vínculo en la liberación de Jorge Teófilo González, alias Samura, donde el comisario Ferrari perdió la vida.

Los nuevos “administradores” de la propiedad se llevaron la mitad del ganado, dos tractores y un generador. Fernández denunció ante la Fiscalía el robo y ante la Justicia reclamó la tenencia de las tierras. En una instancia judicial le devolvieron la propiedad –saqueada ya, por cierto–, pero volvieron a ingresar. Recién cuando la semana pasada denunciamos el caso en el programa “La caja negra”, el fiscal Andrés Arriola, quien tiene un hijo trabajando en el Indert, casi un año después de la denuncia decidió imputar a Fischer por invasión y robo a la propiedad. El juez de la causa, Aníbal Ortiz Granada, con frondosos antecedentes, pese a las medidas cautelares y la evidencia sobre quién era el verdadero poseedor de la propiedad, ignoró el expediente.

La dirección manejada por Gómez de la Fuente, después del escándalo de las denuncias de coimas que le costó el cargo a él, al entonces presidente del ente Horacio Torres y al ex gerente de créditos Carlos Soler, el nuevo titular del Indert, Mario Vega, dispuso una intervención. Esa intervención duro apenas un mes y todo volvió a la normalidad; para colmo, avalaron todo lo actuado por Gómez de la Fuente, quien dejó en su reemplazo a una de sus leales.

Es decir, el esquema del “operativo apriete o despojo” sigue intacto en el Indert bajo la administración de Vega, quien todavía está a tiempo de corregir las irregularidades o, de lo contrario, confirmaría lo que algunos funcionarios antiguos y nuevas denuncias que surgen afirman: que formaría parte del esquema que viene operando desde hace años.

Por acción u omisión, Vega es responsable de lo que sucede en su institución, aunque el martes en Unicanal vamos a revelar un caso que grafica en qué se distrae el presidente del ente agrario. Mientras tanto, los movimientos campesinos amenazan con tomar la institución por la nula respuesta al sector en cuanto a la entrega de tierras. ¿Integrará Vega la larga lista de ex presidentes del Indert que salen por la puerta de atrás y con líos pendientes con la Justicia? Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.

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