Desde que el ser humano descubrió que se puede echar la culpa a otro de aquello que es responsabilidad suya, dio un gran paso adelante para sí mismo y uno bien hacia atrás para los intereses colectivos. Pero cuando descubrió que esa responsabilidad puede dispersarse sin necesidad de identificar a un individuo en particular, lo que comúnmente llaman “tirar la bosta al ventilador” habilitó el que por excelencia es el mejor mecanismo de statu quo: la responsabilidad que es de todos, y a la vez de nadie.
Lo hemos visto dos veces en los últimos días: la crisis penitenciaria y la también crisis de políticas públicas para pueblos indígenas.
Y es curioso porque cuando pensamos en la palabra “crisis” tendemos a referirnos a una cuestión que se caracteriza por su temporalidad, o al menos así debería ser. No así a un problema con el que nos hemos acostumbrado a convivir como si no quedara otro remedio.
Cuando seguíamos reproduciendo en la televisión las repercusiones de la fuga de 76 reos de una cárcel en Pedro Juan Caballero, ayer martes amanecíamos con la información de que una adolescente indígena fue encontrada atada en un predio abandonado del microcentro de Asunción, a apenas metros del Palacio de Gobierno, con signos de haber sufrido abuso sexual. Y como si la cuestión última no fuera de por sí ya bastante indignante, se sumó a ello el elemento de que las autoridades del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), del Ministerio de la Niñez y también representantes del Ministerio Público manejaban desde hace meses información de que en el perímetro dentro del cual se encontró a la niña, funciona una red de prostitución infantil que tiene como principales víctimas a las adolescentes indígenas.
Aquí podemos detenernos a analizar en qué eslabón de la cadena social se encuentran hoy los indígenas, y coincidir tristemente en que probablemente estén situados en el subsuelo de la vulnerabilidad. Lo que significa a su vez que la atención de la problemática requiere un abordaje multidisciplinario y que a su vez esta necesidad de trabajo interinstitucional de ninguna manera puede ser la excusa para el statu quo, sino una confrontación con la urgencia de hacer intervenciones con puntería.
Aunque las problemáticas penitenciaria e indígena están muy separadas dentro del espectro de necesidades de políticas públicas, en ambos casos estamos ante un denominador común: la ausencia casi total de ellas.
Pero en el caso particular de los indígenas encontramos que además hay una lacerante indolencia de parte de las autoridades gubernamentales, que no solo no están ocupándose de diseñar políticas para ellos, sino que eluden públicamente su responsabilidad, mientras invocan la “cuestión cultural”.
Que los indígenas que tienen un estilo de vida no adaptado a la ciudad,deambulen por las calles de Asunción, que reaccionen con violencia ante lo desconocido para ellos, que sigan siendo vulnerables a la trata de personas, que nadie les dé empleo, etc., son características de la sociedad de la que todos somos parte, es cierto, pero a diferencia de nosotros, son las autoridades quienes tienen la responsabilidad y también el poder –a través de políticas públicas– de hacerse cargo. Si no, no tienen razón de existencia en la condición de tales. Que nunca se nos olvide eso.