El fin de semana, 75 presos de alta peligrosidad, todos ellos pertenecientes al Primer Comando Capital, se fugaron de una cárcel de Pedro Juan Caballero, con la complicidad de funcionarios penitenciarios y quién sabe de qué otras altas instituciones. Pero esto ya es noticia vieja, incluido, claro está, el bochorno internacional ante la espantosa vulnerabilidad de nuestros centros penitenciarios.
Decía que no es el bochorno internacional lo que debe preocuparnos, sino aquello de lo que nadie se atreve a hablarnos oficialmente desde el Gobierno, el sometimiento al que nos encontramos todos a situaciones de criminalidad de niveles insospechados en nuestras calles. A estas alturas, y con todo lo que sabemos del PCC, sería de cándidos creer que se cruzaron al Brasil, donde el gobierno de Bolsonaro no tiene un enfoque de la justicia penal que se caracterice precisamente por ser garantista.
En Paraguay, en cambio, encontraron a un sistema penitenciario tan corrompido y sometido, que, en palabras de uno de los dos recapturados –de 75 que se fueron– les permitió salir campantes por el portón principal de la cárcel.
Ahora bien, ¿qué está haciendo la Policía paraguaya para mantener a la población relativamente a salvo de la ola de criminalidad en las calles que puede desatar la liberación de los presos del PCC? En los últimos días he observado con muchísima preocupación que ninguno de los discursos atiende a la gravedad de este asunto. Un asunto que por cuestiones obvias no es un problema que se circunscriba a los límites de Pedro Juan Caballero, donde en los años noventa era frecuente amanecer con cadáveres en cada esquina, según cuentan. O tal vez, un problema que hace que los límites del Pedro Juan de los noventa se extiendan a todo el territorio paraguayo.
Ahora bien, si discutimos el asunto para atrás podemos llegar al punto de preguntarnos –y con notoria razón– qué hacemos como sociedad para que nuestras cárceles dejen de albergar y nuestro presupuesto público mantener a criminales brasileños, pertenecientes a una organización que se formó justamente en las cárceles de ese país, y que pretende que los centros penitenciarios funcionen como sus cuarteles, mientras la organización como tal se ocupa de actividades como el narcotráfico y el tráfico de armas.
Y la respuesta es nada. Los esfuerzos de políticas públicas específicas dirigidas a cumplir con el mandato constitucional de que la pena privativa de libertad proteja a la sociedad y readapte al condenado son escasos y su visibilidad casi nula si la comparamos con la totalidad de la población penitenciaria (más de 13.000 reos).
Si pensamos en políticas públicas específicas destinadas a “cercar” el peligro que representa la presencia de criminales del PCC en nuestras cárceles, la respuesta sigue siendo nada. Después de lo que vimos el domingo hay que reconocer con desazón que el sistema, y más específicamente las autoridades de turno, ni siquiera son capaces de garantizar al resto de la población que los terroristas en situación de reclusión continuarán como tales y no saldrán caminando de una cárcel un día cualquiera sin que nadie les detenga.
Se me ocurre que mientras realizan allanamientos en Pedro Juan, esperando que con ello la población perciba que se está haciendo algo, comiencen a considerar el perímetro de intervención un poco más extenso, mostrando al menos señales de que no solo desde este lado se puede ver que los delincuentes que ellos dejaron ir, no tienen nada que hacer en Pedro Juan y mucho menos en Brasil.