• Por Jorge Torres Romero

Poco a poco, las piezas del tablero denominado Revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú van ocupando su lugar para la partida que tendrá lugar en el 2023. Pero, al igual que en el ajedrez, antes de realizar cualquier movimiento, los jugadores deben definir la estrategia a seguir, con la máxima concentración posible.

En este caso, lo que está en juego es nada menos que el futuro de una de las principales fuentes generadoras del desarrollo económico del país y cualquier decisión marcará el destino de las próximas generaciones, por lo que estas negociaciones deberían ser encaradas como una verdadera “causa nacional”, pero no solo como una expresión de deseos o una etiqueta que “suena bien” a los oídos de la opinión pública, sino porque se trata de uno de los mayores desafíos que tenemos como nación.

Por eso, no se debería excluir a nadie. De este debate deberían formar parte todos los ciudadanos paraguayos, ya sean estudiantes, empresarios, políticos, técnicos, ingenieros y referentes de la sociedad civil, ya que, insisto, las decisiones tomadas afectarán el futuro de todos.

Itaipú es la principal empresa productora de energía eléctrica para el Paraguay y, además, es una de las mayores fuentes de ingresos económicos para el país por los conceptos relacionados a la cesión de energía y royalties; por lo que el resultado de la negociación de las bases financieras y económicas de la central es fundamental para el futuro energético y económico. Es por ello que resulta imperativo disponer de una estrategia de negociación adecuada, para no volver a caer en las improvisaciones que tanto daño causaron al país a lo largo de la historia de las hidroeléctricas binacionales.

Por eso, no deja de ser preocupante la manera en la que el gobierno de Mario Abdo Benítez se ha movido en este tema. Prueba de ello es lo acontecido a mediados del año pasado con la firma de la fallida acta bilateral sobre la contratación de potencia de Itaipú, que estuvo a punto de tumbarlo y que en un principio fue presentada como un acuerdo “beneficioso” para el país, siendo que era todo lo contrario, tal como quedó demostrado ahora, cuando se firmó el nuevo contrato entre Ande y la Eletrobras. Es decir, si no hubiera sido por el escándalo que se desató tras la renuncia del ex presidente de la Ande Ing. Pedro Ferreira, se hubiera consumado la primera gran entrega al Brasil de cara al 2023.

Lo que quedó claro es que nuestro país no tiene una política de Estado definida sobre qué es lo que quiere en Itaipú. Por eso, más allá de los nombres que puedan ir surgiendo como representantes paraguayos en la mesa de negociaciones, lo primero que debería definir nuestro país es qué quiere hacer con la energía de Itaipú en los próximos 20 o 30 años.

Como es sabido, una vez saldada la deuda de Itaipú, el costo de la energía generada en la central podría bajar considerablemente; mientras que, si se mantiene la tarifa actual, podría resultar en una renta energética de aproximadamente 1.000 millones de dólares anuales en promedio, a ser distribuido entre ambos países.

La otra opción que nos queda es utilizar la energía para el desarrollo industrial de nuestro país, para lo cual también resultaría ventajosa una tarifa baja que pueda ser atractiva para los capitales internacionales.

El otro punto que debería ser analizado y planteado en la mesa de negociaciones tiene que ver con el excedente de la energía no consumida por nuestro país y que actualmente, por imposición del artículo XIII del tratado, debemos “ceder” al Brasil a cambio de una “compensación” que ronda los 9 dólares por cada MW/h.

En este caso, Paraguay debería exigir la libre disponibilidad de la energía que le corresponde para su comercialización al mejor precio posible en los mercados regionales, ya sea Brasil o Argentina, para lo cual se deberán establecer los mecanismos con base en licitaciones transparentes, proyecciones de consumo y disponibilidad de excedentes que tendrá el país.

Todos estos puntos en su momento ya fueron discutidos y debatidos en varios foros, e incluso me animo a decir que existe un consenso sobre ellos; sin embargo, falta la decisión política que marque el rumbo y el camino a seguir de aquí en adelante. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.