Tenemos tantos problemas que querríamos tener una varita mágica para solucionarlos todos de un plumazo en este Año Nuevo. Como es imposible, sería bueno que al menos las necesidades básicas insatisfechas sean atendidas. Las soluciones dependen de la voluntad de las personas. Hay cuestiones que deben estar en la agenda cotidiana: mejorar la educación, reforzar el sistema de salud, ampliar la cobertura de seguridad y adoptar medidas concretas para el crecimiento económico, pero con pan y con justicia. A la par de la atención de las necesidades cotidianas del pueblo, los paraguayos esperamos que en este 2020 no se repitan los errores del 2019, principalmente en lo que respecta al dilema de la corrupción, que enriquece a unos pocos y empobrece a muchos.

En realidad, lo que hace falta es que ocurra no solo un mero cambio de actitud, sino toda una revolución mental de la clase política. Los habitantes de este bendito país nos hemos vuelto más exigentes con la democracia que se inició en 1989: ya no basta solamente la consolidación de las instituciones de la República –30 años tuvimos para ello–, lo que ahora hace falta es dar el siguiente gran salto hacia el desarrollo social. De nada sirve contar con una democracia sólida y con instituciones aparentemente firmes si en verdad la gente no siente que este modelo de representación satisface sus necesidades más básicas.

El proceso de consolidación de las instituciones democráticas tiene sus falencias en el Paraguay. Los líderes de la clase política, con más razón que se vienen tiempos electorales, deben comprender y “leer” el momento que atraviesa la República: la pobreza extrema sigue siendo alta, el modelo educativo vigente ya no sirve para los desafíos del mañana, el sistema de salud está obsoleto, las prácticas prebendarias en el Estado hastían, los concursos públicos de oposición para ingresar a la carrera pública deben ser la regla y no la excepción, los procesos licitatorios amañados deben desaparecer, el crimen organizado debe ser combatido con todas las fuerzas, el saneamiento financiero debe continuar su camino, el combate al narcotráfico y el terrorismo deben ser indeclinables, etc., etc.

Debemos todavía transitar algunas décadas más para sostener sin miedo a equivocarnos que vivimos en plena era democrática. A nivel electoral hemos dado pasos importantes, pero estamos aplazados en lo referente a las declaraciones fundamentales de los derechos, de los deberes y de las garantías (entre ellos la soberanía) de la Constitución Nacional, en que se habla de la calidad de vida, algo que se cumple a medias en el combate contra la extrema pobreza.

El problema con nuestras autoridades paraguayas no es la Constitución, las normas, decretos y reglamentos; es con la aplicación y la interpretación que de ellos se hacen. En Paraguay todo es “opinable” y, yendo a lo jurídico, siempre existe un juez o jueza que para adecuarlos o torcerlos a su gusto o interés del cliente recurren al famoso “según criterio” de quien entienda en la causa. Es decir, desde el vamos, el desarrollo del país –social, económico, jurídico– pasa por la voluntad de las personas. Por ende, lo que esperamos de los políticos para este año es transparencia, honestidad, más trabajo y menos palabras.

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