La reciente decisión del Gobierno de los Estados Unidos que declaró a Óscar González Daher, Javier Díaz Verón y sus familiares como personas prohibidas de ingresar al país norteamericano, desató la euforia de algunos y la preocupación de otros, aunque se debería tomar con pinzas esto, más allá del impacto mediático que sin dudas ha generado.

Sin embargo, para buscar entender este mensaje contundente, basta con mirar los antecedentes más recientes, como lo ocurrido el pasado 11 de octubre, cuando en un par de sorpresivos tuits, el embajador de los Estados Unidos en Paraguay sentó una postura crítica en relación al Gobierno paraguayo y la corrupción imperante. La serie de posteos en la cuenta oficial del embajador Lee McClenny, sorprendió notablemente por su postura tajante, cuando pidió “reflexionar y escuchar al pueblo y ejercer la democracia a través de la lucha contra la corrupción e impunidad, con justicia para todos”. Y añadió en un segundo tuit: que “es el rol de los ciudadanos comprometidos con la democracia y el desarrollo del país permanecer alertas, instando a las autoridades a que representen a todos y que aseguren que las mejoras lleguen a todos los rincones del país”. Estos mensajes fueron considerados como algo inusual en una función diplomática que deben tener las embajadas de los países, que no deberían inmiscuirse en asuntos internos.

Esas palabras expresadas en las redes sociales por McClenny cobran fuerza y sentido ahora, con el anuncio efectuado la semana pasada y que más allá de cualquier otra interpretación que se la quiera dar, constituye sin dudas, una sutil presión hacia los poderes públicos en Paraguay, sin dejar de considerar el grado de involucramiento o no de las citadas personas en los casos en que se los investiga.

Esta sanción, si bien no tiene –ni debería tener– ninguna incidencia en los procesos que se llevan adelante en la Justicia, pueden ser considerados como una suerte de “condena simbólica”, ya que es un castigo ejemplar. Y aquí es cuando surge el primer interrogante: ¿Se puede condenar a alguien sin tener un juicio culminado? Esta es una regla de oro en cualquier Estado de derecho, a partir de todos los avances que han tenido las instituciones en cuanto al debido proceso y la presunción de inocencia a lo largo de la historia del derecho y la humanidad.

Por otro lado, nuestro Poder Judicial también puede sentirse presionado por este tipo de situaciones puesto que los fiscales y jueces que deberán fallar, sentirán que todas las miradas no sólo de la opinión pública nacional sino ahora también de los Estados Unidos estarán puestas sobre ellos.

El abogado, periodista y docente José María Costa nos dijo al respecto en Radio Uno que existe una gran incongruencia de parte de ese institucionalismo que se pretende dar en la lucha contra la corrupción desde los Estados Unidos de América donde también tienen un gobierno tambaleante con un juicio político en puertas.

Según recordó Costa, lo llamativo del caso es que, aquí ha habido gente que estuvo involucrada y con alta sospecha y manejos no legales en el ámbito de las drogas en los 70 y 80; y sin embargo, el gran país del Norte no se inmiscuyó por más que había una especie de censura sobre el trabajo de diversos componentes del establishment estronista.

El catedrático habla del gran “comisario del mundo” quien siempre está impulsando normativas nacionales requiriendo extradiciones en función a delitos que en los Estados Unidos son considerados tales, pero, en otros países no lo son, como la corrupción privada. Lo ocurrido con Juan Ángel Napout es una prueba de ello. En contrapartida no es capaz de suscribir ningún tratado o convenio internacional en materia de respeto a los derechos humanos.

Es que el “gran comisario” no quiere sentirse asediado ni requerido ni comprometido frente a los demás países.

Estamos hablando de una desigualdad tremenda en el manejo internacional y además de mucha incoherencia en este sentido.

Todo esto sin tener en cuenta de quienes estamos hablando. Hoy pueden ser estas personas las afectadas pero mañana le puede tocar a cualquiera de nosotros. Todos vimos casos en los que EEUU le niega la visa a alguien y vimos que esa negativa ha sido injusta y no estamos hablando de gente que esté transitando con drogas o esté en la corrupción y en algunos casos solo por el hecho de no tener suficiente dinero como para sostener que puede viajar sin ningún problema.

Es parte de un juego perverso que se juega en la diplomacia y que demuestra una gran desigualdad. Lo que se espera es que el Poder Judicial haga su trabajo absolutamente con autonomía e independencia como debe ser y apegado a las normas. Y que estas personas o cualquier otra que esté en proceso, reciban un juicio con la mayor transparencia y accesibilidad a los recursos de defensa y sobre todo con apego a las leyes y la Constitución Nacional y los convenios internacionales. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.