• Por Ricardo Rivas
  • Corresponsal en Argentina
  • Twitter: @RtrivasRivas

Habrá que esperar hasta el 10 de diciembre, cuando Alberto Fernández y Cristina Fernández asuman sus cargos, para que las incertidumbres sobre el futuro inmediato argentino se despejen. De hecho, Cristina volvió de Cuba y muchos de los presuntos ministeriables, cuyos nombres circulaban desde muchas semanas, comenzaron a diluirse. De hecho y a modo de ejemplo, Guillermo Nielsen, un abogado que se perfilaba como ministro de Economía, solo será asesor de Alberto F. ¿Quién ocupará ese ministerio clave? Y así sucede y sucederá con algunos otros notables que parecen haber quedado atrás luego que el presidente electo se reuniera con Cristina en su casa en el transcurso de la semana que pasó y que no fue fácil. La eventual despenalización del aborto que impulsa Alberto provocó un tsunami tan esperable como inevitable con la Iglesia Católica. El 8 de diciembre próximo –como trascendiera días atrás entre los allegados al futuro jefe de Estado– no habrá encuentro entre Alberto y el papa Francisco en el Vaticano.

Pero más allá de cuestiones confesionales de tanta relevancia política con alto impacto en el campo social, también es incierta cuál será la orientación del nuevo gobierno para las relaciones internacionales y, en línea con ello, las negociaciones que habrá que plantear en el abordaje de la deuda soberana que, en el análisis de Alberto, “no puede pagarse”. Preocupante.

Especialmente cuando a poco de comenzar el 2020, la Cepal (Comisión Económica para la América Latina y el Caribe) proyecta que la economía latinoamericana solo crecerá 1,4%. Ese organismo asegura que el PBI (Producto Bruto Interno) regional se contrajo 4% entre el 2014 y el 2019, y prevé que de 20 países en la región, en 17 se desacelerarán sus economías. Los más afectados: Venezuela, que caerá 14% después de contraerse 25% en el 2019, y Argentina, que decaerá 1,3% luego de achicarse 3% en el año que corre. Pobreza e indigencia avanzarán sin obstáculos. Grave, por cierto. Especialmente cuando desde el poder que se va y el que viene solo se perciben estrategias y tácticas para dirimir espacios que asumen como propios. Líderes y lideresas no asumen que todo poder es vicario porque siempre hay un poderdante que como lo da, lo quita.

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“Cuando los pueblos agotan su paciencia suelen hacer tronar el escarmiento”, afirmó Juan Domingo Perón el 21 de junio de 1973. Los estallidos y graves tensiones sociales que desde varios meses sacuden Ecuador, Perú, Chile, Bolivia, Colombia, son realidades que se extienden y, por momentos, suenan como advertencias para aquellos países en los que los procesos electorales operan como dispositivos institucionales para contener la desesperanza. Sin embargo, las dudas comienzan a superar a las expectativas positivas cuando una parte considerable de la sociedad percibe o imagina que el relevo presidencial podría ir más allá de la instrumentación de nuevas políticas. “La humanidad tiene derecho a la continuidad”, sostiene José Ortega y Gasset. Pero es necesario establecer que continuidad es la que –además de ser necesaria o deseada– debe mantenerse y esa certeza emerge de un presupuesto básico como lo es el de la existencia de un Estado democrático de derecho, con instituciones jurídicas que configuren un ordenamiento previsible que dé lugar a la esperanza de una mejor calidad de vida.

¿Cómo será la Argentina que viene? ¿Tendrá continuidad el Mercosur, ese espacio común que supimos conseguir cuando quedaron atrás las dictaduras cívico-militares? ¿Cómo se desarrollará en el bloque regional la relación del mandatario centroizquierdista argentino Alberto F. con sus homólogos centroderechistas en Paraguay, Brasil y Uruguay? ¿Cuándo finalizará el ruidoso silencio de los elegidos? Informar es una obligación constitucional. Informarse es un derecho indiscutido y uno de los objetivos para el Desarrollo Sustentable (ODS) de la Agenda 2030. Ser elegido para gobernar importa la ejecución de un programa comunicacional que en este país, hasta ahora, no se conoce. Gobernar también es comunicar. En ese contexto, un interrogante emerge desde el conjunto social: ¿Quién tendrá el poder cuando asuman las nuevas autoridades?

Para despejar esa duda, Alberto Fernández, el 10 de octubre último, aseguró: “Cristina tendrá cero por ciento de injerencia en el armado del gabinete”. Al parecer, algunas cosas han cambiado. El analista Carlos Pagni, un puñado de días atrás, condensó en una frase la creencia popular: “El poder político, hasta que se demuestre lo contrario, lo tiene Cristina”. La historia –aquí y en todas partes– es rica en ejemplos. Ningún poder bifronte es recomendable. Incertidumbre.

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