Ya había llamado la atención que justo en medio de la peor crisis política que atravesó el gobierno de Mario Abdo Benítez, debatiéndose su juicio político luego del escándalo de la firma del acta bilateral entreguista del 24 de mayo, Brasil haya anunciado la captura de Darío Messer en un departamento donde hacía meses estaba oculto junto con su novia Myra.

En ese operativo, la Policía Federal de Brasil se incautó del teléfono celular de Messer. En él encontraron, por supuesto, conversaciones vía Whatsapp y eso llevó a construir lo que llamaron el Operativo Patrón.

El fiscal Stanley Valeriano, uno de los 11 agentes del Ministerio Público que lleva el caso, confiesa que la única prueba que tienen es el teléfono, el resto son conjeturas e hipótesis sobre lo que ellos consideran investigar lo que sería parte de una organización criminal. Los fiscales hacen paralelismo con el caso del ex gobernador de Río de Janeiro Sergio Cabral, quien habría recibido unos US$ 100 mil millones fruto de la coima y los lavó a través de operaciones cambiarias.

A la fiscalía le resultó, en general, la estrategia utilizada de “apretar” a quienes ellos consideraron estaban indiciados y pedían órdenes de prisión preventiva. De esta forma, los indiciados, a través de la figura de la delación premiada, fueron revelando cómo funcionaban los esquemas de pago de coimas y el posterior lavado de ese dinero. Pero también se dieron casos particulares de personas que nada tenían que ver con el esquema, pero fueron salpicadas generando para estas daños irreparables en todos los ámbitos. Pero esta estrategia se pasó por alto porque obtuvieron resultados y desmantelaron la red de corrupción, y hasta llevaron preso al ex presidente Lula, lo que luego se demostró con filtraciones de audios del juez Sergio Moro que en parte se trató de una operación política.

Hoy estos fiscales del Operativo Patrón están desarrollando la misma estrategia: dictar órdenes de prisión preventiva a bulto, a lo que fuera, basados en pruebas irrisorias como una carta a puño y letra, que hasta ahora no pudieron demostrar si llegó al destinatario, y mensajes de Whatsapp, incluso algunos de ellos arrimados a un juez en forma sesgada y fraccionada a fin de acomodar el relato a la hipótesis fiscal.

Hay sobradas razones, siguiendo la lógica de los fiscales de la presunción y las conjeturas, para presuponer que se trataría de un quirúrgico operativo político alentado por el mismísimo Jair Bolsonaro, quien quedó con la sangre en los ojos tras el fracaso de las pretensiones de cerrar un apetecible negocio familiar con la compra de energía de Itaipú.

Este caso tiene otro elemento de suma gravedad vinculado a una cuestión de soberanía nacional, hoy casi imperceptible para muchos políticos y medios, enceguecidos por las rencillas políticas y pases de factura: el principio de territorialidad.

Los fiscales brasileños aseguran que, avalados por tratados internacionales (Convención de Mérida y Palermo), pueden tener atribuciones para investigar, procesar y llevar preso a una cárcel del Brasil a ciudadanos paraguayos por supuestos delitos cometidos incluso en nuestro propio país. Esto es escandaloso y encima alentado por un sector de la sociedad. Es decir, la manifestación sin rodeos del sometimiento del Paraguay al “imperialismo” del Brasil.

Con esta misma lógica, fiscales paraguayos bien podrían investigar al presidente Bolsonaro por su intento de despojo al Paraguay con el tema Itaipú. Sería el mismo razonamiento, delitos cometidos en el Brasil, pero que perjudican al Paraguay.

Es impensable que Brasil acepte que los fiscales paraguayos investiguen a los policías federales que coimean en Pedro Juan Caballero con paraguayos y someterlos a la justicia de nuestro país, aunque estén del otro lado de la frontera. Esto sería un atropello a la soberanía de cualquier país y ningún tratado está por encima de la Constitución Nacional y las leyes. Paraguay también firmó pactos internacionales relacionados, en los que se consagra la territorialidad de los hechos a ser juzgados. Los brasileños bien podrían investigar hasta al propio Mario Abdo por el acta bilateral, pero no lo hicieron y tampoco a su presidente. Aplicación selectiva de los convenios, entonces. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.