• Por Jorge Torres Romero
• Periodista

Recuerdo el caso del general (SR) Ramón Benítez, designado por Mario Abdo como titular del Detave, cuando en uno de los audios filtrados por la Fiscalía se lo escucha pidiendo a un contrabandista que no diga más la palabra “tomates”, sino “pelotitas rojas”, supuestamente con la intención de despistar a la hora de recibir la coima a cambio de hacer la vista gorda a los cargamentos que estaban metiendo de contrabando.

A Benítez lo habían denunciado, lo pescaron y cayó con las manos en la masa gracias a una intervención fiscal, que por cierto se había anunciado con bombos y platillos que darían a conocer los nombres de los “empresarios” involucrados en el esquema de las coimas, pero no pasó absolutamente nada.

Hoy el contrabando de tomates sigue gozando de buena salud. Es lo que dicen los productores del departamento de Caaguazú, donde están concentrados los principales cultivadores en cerca de 700 hectáreas, y que ahora mismo tienen en stock 50 mil kilos listos para su venta, pero no consiguen mercado y están desesperados.

Cerca de 4.000 productores trabajan en forma directa, pero con la cadena de valor se multiplica el número y alcanza 25.000 personas. El consumo promedio en Paraguay es de 250.000 kilos por día. Este sector tiene todas las condiciones para seguir creciendo, ya que todavía no trabajan con las empresas industrializadoras; sin embargo, hoy tropiezan con el drama de siempre: el contrabando.

Nos contó en radio UNO el ingeniero Máximo González, productor de tomate de la zona de Vaquería, que realizó una inversión de G. 80 millones para la construcción de un invernadero. Hoy está en el pico de su producción, pero a la hora de comercializar el producto, al igual que los demás productores, debe ubicar como mínimo en G. 3.500 el kilo, esto solo para salvar la inversión. Sin embargo, los intermediarios, aprovechadores, e incluso desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) le quieren comprar a G. 2.500 el kilo.

Cuando estaba Denis Lichi en el MAG hubo una serie de promesas, entre ellas ubicar los tomates a buen precio y trabajar con la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y la Seprelad para seguir la ruta del negocio hasta llegar al intermediario que compra de contrabando y vende a los comercios. Con la salida de Lichi y la llegada de Friedmann a esa institución, la iniciativa se truncó.

La semana pasada, estos productores de Caaguazú cerraron la ruta. Ya hace dos meses vienen golpeando puertas al Gobierno; justo cuando se encaminaba la cosa, cambiaron al ministro y entró una persona que no tiene la más pálida idea de cómo encarar el problema.

La respuesta que recibieron por la protesta del miércoles último fue el “garrote” y 25 productores terminaron en una comisaría. Todos aplaudimos la iniciativa del nuevo ministro del Interior, quien tomó el cargo con la firme postura de que no se tolerará más violentar derechos de terceros. ¿Qué deben hacer estos productores? ¿Observar con paciencia cómo se les pudre o vender a precio remate, mientras los contrabandistas lucran impunemente?

Es cierto, la Policía hizo su trabajo, pero qué bueno sería que también se actúe de la misma manera, con gases lacrimógenos y despliegue de hombres, para enfrentar a quienes todas las madrugadas inundan nuestro mercado, los contrabandistas. Si desde el Gobierno no se actúa de esta manera, podríamos tener razones para pensar que las “pelotitas rojas” siguen dando sus frutos.

El productor González cerró la entrevista radial con nosotros con un lastimero presagio. Si la cosa sigue así, ya no tendrán motivaciones para endeudarse y trabajar en el mismo rubro y lo más probable es que ese tomatero termine vendiendo jabones en polvo o aceite de contrabando en la vereda de la terminal de ómnibus de Caaguazú. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.