• Por Dany Fleitas
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El desenlace violento que se registró el domingo 16 de junio con el enfrentamiento entre facciones criminales en la penitenciaría regional de San Pedro, algo que nunca había ocurrido en un reclusorio en Paraguay, y el ataque de un grupo comando en la zona del Botánico para la fuga de Jorge Teófilo Samudio González, alias Samura, líder del Comando Vermelho (CV) en Paraguay, pusieron en jaque todo el sistema interno de seguridad y pateó el tablero del estatus quo en lo que a política criminal de Estado se refiere.

Lo ocurrido entre el PCC y el Clan Rotela no fue pasajero ni algo aislado, porque fue el principio de otros eventos que se veían venir debido a que los delincuentes organizados se dieron cuenta de que tenemos un sistema penitenciario vulnerable, obsoleto y que está colapsado. El Estado en su conjunto tiene que tomar las riendas y entre todos los poderes del Estado, adoptar medidas serias en cuanto a la política criminal nacional en todas sus formas.

El Gobierno acelera las expulsiones del país de delincuentes que son buscados por la justicia del Brasil, pero no es suficiente, insisto. Venimos diciendo y publicando hasta el cansancio que mientras se expulsa a dos, entran a la par cuatro o más delincuentes a las penitenciarías nacionales, especialmente en las zonas fronterizas. Las purgas en las cárceles, que se están dando mediante procesos abreviados, descomprimirán de momento la presión en los presidios, pero no es tampoco una solución definitiva. Es solo paliativa.

La solución de fondo es emprender de manera frontal una lucha sin igual en las calles contra los delincuentes, principalmente contra aquellos dedicados al tráfico de todo tipo de estupefacientes y armas en las fronteras. Sin embargo, para esto se requieren leyes más severas y a la vez ágiles para que las instituciones responsables puedan actuar con mayor celeridad. No se trata tampoco de abrir más cárceles, sino de tener un fuerte dispositivo nacional de prevención de delitos de tal forma a que lleguemos al ideal de más bien el cierre paulatino de reclusorios.

En este escenario en que se percibe a una Policía Nacional rebasada y carcomida por la corrupción, el presidente Mario Abdo Benítez y algunos de sus colaboradores plantearon la posibilidad, vía enmienda, de sacar a las Fuerzas Armadas a las calles para que combata con los policías al crimen organizado. No sabemos si lo hizo por una cuestión de revivir el modelo que tantos resultados le dio a la dictadura de Alfredo Stroessner, como lo fue la temida Policía Militar, o si fue una idea que nació en su desesperación por hacer algo para frenar tanto caos. Cualquiera haya sido la motivación, su planteamiento no “prendió” en ninguna parte, mucho menos en la clase política. Es más, desató el rechazo generalizado de los policías retirados primero, y luego de los policías activos a través de las voces y manifestaciones de sus familiares directos.

Ante esta situación de cosas, el ministro Juan Ernesto Villamayor se encargó de avivar más la llama y provocó la indignación total en las filas de las fuerzas del orden cuando en vez de salir a respaldarlos y alentarlos, se encargó de terminar por sepultar la alicaída moral de la Policía Nacional al deslindar su responsabilidad y culpar de todo el caos a esta institución. En términos prácticos, Villamayor tiene algo de razón, pero en términos políticos y del “mensaje” del poder hacia los uniformados, fue una devastación total. El golpe sicológico fue tal que llegaron al punto de hacer correr un rumor de que a partir de ahora harán “brazos caídos” hasta que el ministro del Interior se vaya.

Es decir, el Gobierno manejó siempre el aspecto de la seguridad nacional con mucha ligereza y torpeza. Los resultados están a la vista. En vez de plantear acciones concretas y creíbles para el combate a la delincuencia organizada y callejera, sus actores principales se encargaron de hacer propuestas poco convincentes y de caer en la charlatanería.

Tampoco se puede culpar de todo a la Policía, ya que la otra gran pata de hacer justicia en el Paraguay se llama Poder Judicial. Los jueces no pueden seguir manejando a su antojo los casos y poner precio según la “cara del cliente”. La justicia debe ser igual para todos. Necesitamos jueces patriotas, honestos y valientes que no se vendan al vil metal de los narcotraficantes. Además, el Ministerio Público, con Sandra Quiñónez al frente, debe revisar seriamente el perfil de cada uno de los fiscales que tiene a su cargo (o tendrá) la investigación de causas que tienen que ver con los poderosos narcotraficantes, con más razón cuando se trata de cabecillas del PCC y del Comando Vermelho.