A nivel país contamos con aproximadamente 300.000 servidores públicos, en instituciones de los tres poderes del Estado una “superpoblación” para un país como el nuestro en el que llegamos apenas a los 7 millones de habitantes. (Equivalente a 23 funcionarios por cada 100 habitante).

Se habla mucho en dar el lugar que corresponde a la meritocracia, idoneidad y capacidad de gestión que nos permitan tener una administración pública de calidad comprobada, que la ciudadanía anhela, pues a través del pago de sus impuestos y otros tributos permite que puedan seguir percibiendo mes a mes sus salarios y otras retribuciones muchísimos de ellos sin justificar en lo más mínimo, ocasionando una presión financiera cada vez mayor sobre nuestro PGN.

La deficiencia estructural observada en la mayoría de nuestras instituciones públicas se concentra en una limitada formación académica y técnica ocupando muchos posiciones de relevancia, en los que difícilmente podrán llegar a desempeñarse en forma eficiente, pues carecen de dichos atributos tornando difícil exigir calidad y eficiencia a los mandos medios para abajo.

Contamos con una excesiva cantidad de funcionarios, que absorben el mayor porcentaje de los ingresos fiscales obligando al Estado provisionar para el pago mensual de gastos rígidos (sueldos y salarios) más del 75% de los gastos corrientes del PGN, quedando relegados otros sectores prioritarios para el desarrollo del país como salud, educación e infraestructura en los que seguimos mal posicionados.

La calidad de los mismos, salvo excepciones, deja mucho qué desear, debido a la falta de meritocracia, capacidad e idoneidad, atributos primarios que se pasan por alto afectando la calidad, eficiencia y eficacia que deberían ser parte del perfil de los servidores públicos.

No lo decimos nosotros, sino el propio BID que en uno de sus informes puntualizó que la calidad del servidor público de Paraguay es uno de los más rezagados de la región, lo que directa y/o indirectamente también posee correlación con nuestra calificación de riesgo país cuyo up grade que nos permitan alcanzar el grado de inversión están cada vez más distantes.

Urge priorizar la calidad, experiencia y solvencia profesional de los servidores públicos, que hoy por hoy en la mayoría de las instituciones están distantes de lo que exige su posición y responsabilidad frenando la posibilidad de contar con un Estado moderno y eficiente, acorde al mundo globalizado y competitivo en que vivimos que nos permita recibir un servicio de excelencia derecho al cual tienen todos los ciudadanos que pagan sus impuestos dándoles la potestad de exigirlo.

Es hora de que dejemos atrás las prebendas y el clientelismo político y se haga un relevamiento y reingeniería del 100% de nuestros servidores públicos, pues es probable que muchos de ellos sean capaces e idóneos, pero subutilizados en función a su formación académica y técnica y sentido de profesionalismo, por lo que se precisa urgentes reformas estructurales de fondo para aprovechar los talentos y reubicarlos o darles otro destino a los que no rinden en función a la posición y responsabilidad que les son asignadas, y que pululan por los pasillos de ministerios, secretarías y otros entes sin tener una función específica muchos de ellos sin tan siquiera saber manejar una PC en pleno siglo XXI. Y aquí si queremos dar un paso al frente”, !no debería haber “tu tía para nadie”!

Nuestro país cuenta con muchísima gente idónea y capaz para ser un verdadero servidor público, pero que lamentablemente se los tiene relegados y de esa forma muy difícilmente lograremos la excelencia en servicio que se merece la ciudadanía, !y que lo debe exigir!