• Por Paula Carro
  • Twitter: Carro_PaulaM

Por esas cuestiones inexplicables de la lengua española, cualquier periodista o locutor que aspire a ser político se convierte inmediatamente en un “simple locutor”, reflexionaba alguna vez el analista Augusto Dos Santos en una descripción que sobresale por su puntería en la descripción de la descalificación. Ahora bien, lo mismo podría decirse de un abogado, un contador y hasta de un médico porque en puridad lo que se cuestiona no es la falta de preparación académica en general, sino la falta de preparación específica en administración pública, e incluso en técnica legislativa, si de aspirantes a legisladores se trata.

Veamos, si como personas físicas no le confiamos la defensa de nuestros derechos, el manejo de nuestros impuestos y hasta nuestra salud a un profesional con preparación específica, sea en leyes, contabilidad o medicina, ¿por qué las tareas de administrar la cosa pública y de legislar, que le competen a los diferentes poderes de la persona jurídica que es el Estado, sí pueden dejarse en manos de un “simple” graduado en lo que sea?

Si descomponemos el problema en la cantidad de poderes que tiene el Estado, podemos concluir que el único que se ha puesto al día intentando brindar una formación específica a los aspirantes a impartir justicia es el Poder Judicial, con la llamada Escuela Judicial. En tal sentido, al momento de calificar y valorar las capacidades de un aspirante a magistrado, al menos en la teoría, son mejor puntuados aquellos que han pasado por la Escuela Judicial. Lógico, ¿no?

A nivel de ministerios hay algunas y contadas excepciones, como es el caso de la Cancillería, que también cuenta con un tipo de preparación específica para aquellos interesados en hacer carrera diplomática, lo cual también resulta lógico.

Estas reflexiones me parecieron atinadas por dos cuestiones: en un extremo tenemos la naturalización de las actitudes circenses dentro de nuestra folclórica política y, por el otro, desde Francia hace algunos meses llegó la información de que el presidente Emmanuel Macron buscaba suprimir la Escuela Nacional de Administración (ENA) por cuestiones que no son objeto del presente análisis. El caso es que siguiendo al hilo de la curiosidad entendí que el ENA es algo así como la escuela de la élite política francesa. Fue fundada en 1945 por el entonces presidente Charles de Gaulle.

Antes de la fundación de la ENA, cada ministerio tenía su propio proceso y estándares de selección, lo que solo servía para facilitar la existencia de círculos cerrados que favorecían en esos cargos a la clase alta, según se lee en un informe de la BBC.

La ilusión era atraer “más gente desde las provincias, menos parisinos, menos burgueses, una socialdemocratización”, explicaba al mismo medio el profesor Jean Michel Eymeri-Douzans, un académico que lleva años estudiando la ENA.

Ahora bien, la decadencia del debate político y de la clase política también en algunos casos debería interpelarnos como sociedad en algún momento a fijar los ojos en la responsabilidad que tienen los partidos políticos en la formación de los futuros líderes que se ocuparán de administrar la cosa pública, así como de legislar. Analizando la situación de los partidos más tradicionales (colorado y liberal), ¿es tan utópico pensar que puedan sentar las bases para sus propias escuelas de gobernabilidad? Después de todo, la responsabilidad sobre la calidad de nuestra política recae sobre todos nosotros, es cierto, pero principalmente sobre los partidos políticos. Es esta, por tanto, una humilde sugerencia que se les extiende desde este espacio.