• Por Jorge Torres Romero
• Periodista

Como muestra basta un botón. En la Corte Suprema de Justicia, pese a los rimbombantes anuncios de renovación con figuritas nuevas, se siguen rifando los cargos públicos, pisotean la dignidad de las personas y se burlan del sistema para imponer a los hombres que tienen un buen padrino, en alevoso contubernio con el Consejo de la Magistratura donde se elaboran las ternas y en donde se suponía debía primar la trayectoria y la honorabilidad de las personas.

Pongo como ejemplo un caso menor, pero revelador para desenmascarar y evidenciar que nada cambió en el Poder Judicial. El 27 de agosto pasado, el pleno de la Corte designó a un nuevo defensor Público especializado en la Ley 5777/16 “De la Protección Integral a las Mujeres contra todo tipo de violencia para la Circunscripción de San Pedro”.

En su sesión ordinaria del 8 de julio del 2019, el Consejo de la Magistratura selecciona la terna integrada por Lidia Esther Romero Maldonado con un puntaje final de 412,95, domiciliada en San Pedro; José Librado Silva Cardozo, puntaje final 406,4, domiciliado en San Pedro y Miriam Celeste Colmán Wolscham, puntaje 369,75, domiciliada en Concepción.

Sin embargo, el Consejo, sorpresivamente en su sesión del 15 de julio pasado, trata nuevamente la terna que ya estaba conformada por acta y deciden desplazar a la tercera integrante Miriam Celeste Colmán, incluyendo en su reemplazo a Osvaldo Ariel Prates Grassi con un puntaje de 401,76 con domicilio en Asunción.

El reglamento de selección de cargos considera con preferencia el lugar de residencia del postulante para ocupar un cargo, aspecto ignorado por el Consejo a la hora de incluir a Prates Grassi, ya que este reside en Asunción a unos 330 km de la ciudad de San Pedro. Mientras que los otros ternados, encima con mejor puntaje y trayectoria son de San Pedro, es decir, de la localidad donde se ha creado el cargo.

El pleno de la Corte Suprema de Justicia, en su sesión del 27 de agosto pasado, emitida en vivo desde la página web, un ministro propuso al abogado Prates Grassi considerando que “es de la localidad y con experiencia necesaria”. Conforme al legajo que obra en la página del Consejo, el elegido reside en Asunción, desempeña función en la Unidad Penal número 1 de la capital del país y se recibió de abogado hace 3 años. En síntesis, no es de San Pedro, tampoco tiene vasta experiencia, lo que sí tiene es un buen padrino.

El otro aspecto es en relación al puntaje de los ternados, el elegido fue el de menor puntaje de entre los integrantes de la terna. Dejaron de lado a la de mejor puntaje, con una maestría en Ciencias Jurídicas, especializada en Derecho Penal, ex jueza de faltas de la Municipalidad de San Pedro y con 12 años de experiencia en el ejercicio de la docente en tres universidades. Sin observación alguna en su legajo como profesional abogada en el ejercicio. En contrapartida, el designado registra varias faltas graves, faltas leves, multas y amonestaciones en el ejercicio de sus funciones según la Dirección de Gestión de Talento Humano del Ministerio Público.

Por donde se lo mire fue una elección errónea e injusta en comparación al perfil de los otros ternados. El elegido no es de San Pedro, fue el de menor puntaje, no tiene una larga experiencia en el desempeño profesional y encima de los 16 cargos creados a nivel país para Defensor Público especializado en Protección Integral a las Mujeres, 15 fueron para mujeres y justo el de San Pedro, recae para un hombre.

Este caso puntual evidencia lo podrido y averiado que esta el sistema de selección para defensores, fiscales y jueces. Hubo un pedido de revisión e impugnación de esta elección elevado al presidente de la Corte, Eugenio Jiménez Rolón. Si este caso no es revisado, esa ilusión que teníamos en los nuevos ministros, Ramírez Candia, Martínez Simón o Llanes, todo ese verso de que soplan aires de renovación en la justicia, como dijo un político sobre las encuestas, tírenlo a los chanchos. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.