La retracción económica, observada a nivel país, y que afecta a nuestra macro y microeconomía, exige que nuestras autoridades puedan tomarlo no como una crisis, sino como un verdadero desafío a través del cual podríamos visualizar si poseen o no capacidad de gestión para poder hacer frente “a la tormenta económica” que tenemos sobre nuestras cabezas desde hace ya varios meses y que afectan a la gestión económica-financiera de empresas que operan en diversos segmentos de negocios.

Las obras públicas de infraestructura, que han sido históricamente las que mayor cantidad de mano de obra ocupan y por ende traen aparejados un mayor efecto multiplicador o derrame sobre nuestra microeconomía, ya casi en las puertas del segundo semestre todavía siguen “brillando por su ausencia” aun reconociendo que varias licitaciones según lo señalado por el MOPC están en proceso de ejecución, urgiendo que se los movimente al máximo nivel posible que permitan que la maltrecha capacidad adquisitiva de nuestra gente pueda al menos volver a “ver el sol”, dado que hasta ahora “la penumbra” es la constante hablando mal y pronto.

El MOPC es el que mayores recursos asignado cuenta dentro del PGN y por ende el que mayores posibilidades potenciales posee para contribuir en forma efectiva a volver a dinamizar nuestra economía en el corto plazo que pueda generar las condiciones que requiere un crecimiento que sea sostenible e inclusivo.

Las obras públicas se han caracterizado históricamente por ser uno de los núcleos de corrupción dentro del aparato estatal, desde la construcción de aulas para escuelas y colegios, construcción de empedrados, rutas asfaltadas y extensivos a otras obras de infraestructura de mayor porte.

La calidad deficiente, los sobrecostos, el tráfico de influencias, los conflictos de intereses siempre está a la orden del día.

El mal diseño de muchos procesos de contrataciones que no consideran las fallas de mercado también se incluye como factores crónicos que contribuyen a encarecer los proyectos de inversión.

Nuestro país tiene un mercado pequeño y altamente concentrado, por lo que el vínculo entre competencia y eficiencia que deberían ser siempre complementarios no se los visualiza en la magnitud que se espera por la confluencia de varios factores que se siguen dando en los diversos estamentos.

Resulta necesario que se insista en que las mismas puedan dinamizarse como se espera, dado que son casi las únicas que permiten que mucha gente pueda tener una mayor capacidad de consumo traslativa a otros sectores de negocios que conforman nuestra microeconomía, y que ahora mismo están “sobreviviendo” con escuálidos niveles de ventas, que ni tan siquiera en muchos casos les dan la opción de cubrir razonablemente sus costos y gastos operacionales y administrativos, llevando “el ramalazo negativo” los que trabajan en relación de dependencia, pues al caer abruptamente las facturaciones no les queda otra alternativa que racionalizar su plantilla de personal, hasta tanto regrese la “primavera” que beneficie a todo el espectro de comercialización/ingresos, y que también las entidades financieras se están viendo resentidas en sus portafolios de créditos con atrasos en los repagos regulares (del capital e intereses devengados) de los préstamos los cuales les obligan por normas regulatorias del BCP tener que clasificar adversamente las deudas de sus clientes trayendo aparejados el consecuente establecimiento de previsiones que “golpean” en forma directa a sus cuadros de resultados.

La señal que muchas veces damos al mercado es inequívoca. Muchos oferentes prefieren contratar con el sector público porque dentro de los procesos de contrataciones no se dan la transparencia y cumplimiento irrestricto de lo que los indican las especificaciones técnicas, tornándose en algunos casos no excluyentes.

Al final el perjudicado es la ciudadanía, pues termina pagando por obras que no les aportan el beneficio esperado, mientras que un sector minoritario que no tiene mucho apego de nacionalismo y menos de patriotismo, lo que persiguen es su beneficio personal, siendo secundario el bien común.

Esperemos que nuestras autoridades con competencia en todos estos temas puedan concienciarse debidamente de que con una buena capacidad de gestión en el uso de los recursos económicos todos saldremos ganando, pues la mala administración de los gastos corrientes constituye uno de los factores que hacen que necesidades que podríamos financiarlo con recursos genuinos del fisco nos siguen obligando a recurrir a financiación externa con organismos multilaterales o emisiones de bonos soberanos o en el mercado doméstico presionando los niveles de endeudamiento global vs. el PIB.