“DUELE DECIRLO, PERO HAY QUE DECIRLO”

Estábamos a uno y dos pasos de poder alcanzar el llamado “Grado de Inversión” o Investment Grade en la escala de clasificación de los países por la capacidad de pago de las deudas soberanas de los países (buenos y no buenos), según las notas de las calificadoras del riesgo-país: la Standard & Poor’s (dos escalones por subir), la Moody’s y la Fitch (en ambas un paso que dar), que si bien prácticamente aplauden nuestro buen comportamiento macroeconómico, siempre destacan algunos déficits limitantes como la inestabilidad política y los riesgos de ingobernabilidad así como la debilidad institucional en el terreno de la buena administración de la justicia y del combate a la corrupción y al narcotráfico y al lavado de dinero. Si fuera solo por lo macro, ya deberíamos habernos “graduado” abandonando el seleccionado de países jugando en el campo de la conocida como “inversión especulativa” (sin seguridad aceptable en la capacidad de pago de los compromisos de deuda de un Estado).

“Graduarnos” como sí lo hicieron Uruguay, Chile y Perú, por citar tres casos interesantes, nos permite presentarnos en el mundo con mucha mayor credibilidad financiera, abaratando el costo del dinero prestado o de los bonos emitidos (sectores públicos y privados), atraer inversión extranjera y mejorar el relacionamiento internacional con efectos positivos en nuestra economía. Los países, gobiernos y estados desean el “grado de inversión”, esa mejora de la calificación de las instituciones encargadas de examinarnos y someternos a exámenes de evaluación, porque el impacto económico del certificado de buen comportamiento recibido cambia la imagen y la calidad de un país a los ojos del mundo, lo que es fundamental para nosotros, que somos solo el 0,07% de la economía mundial.

Recuerdo que a mitad del 2017 se especulaba en las calificadoras del riesgo-país que con una victoria electoral de Santiago Peña en las elecciones internas y generales era enorme la posibilidad de graduarnos hacia finales del 2019. Como ello no ocurrió, y sobre la base segura aceptada del compromiso del nuevo gobierno actual de “continuar” la “misma” política macroeconómica del cartismo, las posibilidades de la graduación se presentaban muy favorables para el 2020. Pero el sueño se acabó, dada la actual fea crisis política –que aún no se ha acabado y puede todavía tener desenlaces inesperados como inciertos– y no son pocos los profesionales que estiman un frenazo de tres a cuatro años, porque el corazón de la crisis tiene que ver con “algo” que se extiende hasta el 2023 y guarda relación con un tema delicadísimo: la renegociación de Itaipú y lo que Paraguay vaya a buscar y lograr. El escenario de hoy se complica aún más dada la muy lenta marcha de la economía paraguaya, en su peor año desde el 2012, que comienza en junio del año pasado, en un muy extendido terreno de desaceleración en espacio y tiempo. Y justo cuando en julio pasado aparecieron las primeras señales de que lo peor ya estaba pasando, se embarró la cancha con el inminente juicio político y el principio de alivio se convirtió nuevamente en respiración nerviosa con fuerte carga de incertidumbre y desconfianza, golpeando a consumidores como productores, comerciantes e inversionistas.

Recordemos que en la dictadura estronista en 1986 caímos en default (cesación de pagos, o no poder pagar nuestras cuentas externas), atrasándonos en el cumplimiento de nuestros compromisos, fundamentalmente con el Banco Mundial (BM) y el Club de París. La represión no permitió que se supiera del default. Salimos de este castigo recién en 1992 de manera completa. Al darse el golpe militar en febrero 1989 no teníamos realmente reservas internacionales en el Banco Central porque los pagos atrasados de deudas las superaban y la deuda externa del Estado estronista casi se había triplicado. Y en febrero del 2003 volvimos a caer en default después del horrible 2002, para salir gracias a Nicanor y Borda en el 2004. Desde entonces dimos 9 pasos “hacia adelante” o subimos 9 escalones y mejoramos significativamente nuestras calificaciones para ubicarnos al borde del preciado “investment grade”. Prueba del valor de dichas calificaciones mejores han sido las exitosas colocaciones de bonos soberanos en el exterior, 500 millones de dólares con Franco-Ferreira en el 2013, 2.910 millones de dólares con Horacio Cartes y 500 millones de dólares con Marito y hermano, es decir un total de 3.910 millones de dólares (10% del PIB o tamaño de la economía), dentro de una deuda pública total de 8.530 millones de dólares (21,6% del PIB), la más baja de la región latinoamericana, respaldada por reservas internacionales por un valor de 7.971 millones de dólares. Toda crisis política tiene sus costos, en números o cuantificables, y en imagen y debilitamiento de las calidades y potencialidades de nuestra economía y del país mismo como un todo. Al no “graduarnos” perdemos una enormidad. Imposible realmente de calcular. Duele decirlo, pero hay que decirlo (DDPHQD).