EL PODER DE LA CONCIENCIA

• Por Alex Noguera
• Periodista
• Alexnoguera230@gmail.com

Una de las noticias que sorprendió a la sociedad paraguaya fue el violento ataque sufrido por una niña de 15 años la mañana del jueves, cuando ella iba de camino al colegio. El hecho ocurrió no en un lugar deshabitado del campo donde nadie podría haberse enterado, sino en pleno barrio Sajonia, lugar en el que el malhechor saltó sobre su víctima con intención de robarle casi nada, ya que, ¿qué puede llevar de valor una nena que va a estudiar? ¿Su celular? Aparentemente bajo los efectos de alguna droga, el salvaje la echó al piso y la comenzó a manosear, pero la chica se resistió, luchó y gritó por lo que los vecinos salieron en su socorro y la acometida acabó con la huida del marginal.

Como un reguero de pólvora encendido, el video corrió por las redes sociales y enfureció más a los internautas, quienes viralizaron la primicia de que “una menor de 11 años había estado a punto de ser violada”. Las imágenes fueron contundentes. Pero más que el ataque mismo o el haberse salvado por un pelo, la gran sorpresa la dio la Policía Nacional, que en minutos reaccionó y desplegó un megaoperativo que tuvo su final feliz con la captura del sospechoso y del cómplice, que lo esperaba en una motocicleta.

Lo que nos alegra hoy, para enero del 2020 posiblemente sea una utopía, con las calles tomadas por miles de criminales que podrían quedar en libertad de las cárceles, gracias a las modificaciones del artículo 245 del Código Procesal Penal.

Y es que según las estimaciones del Ministerio de Justicia, aproximadamente 4.000 internos serían beneficiados por la entrada en vigencia del cambio. Cifras oficiales revelan que existen unos 16.580 presos. De estos, casi el 80% se encuentra procesado, pero solo 23% tiene condena.

A pesar de las múltiples advertencias previas acerca del inminente colapso del sistema penitenciario, con superpoblación de internos, con insuficiente infraestructura y menos guardiacárceles de lo mínimo necesario para realizar la vigilancia, las autoridades creyeron prudente solucionar el problema modificando un artículo y descomprimiendo las penitenciarías.

En este nuevo escenario, los jueces recobraron la potestad de analizar cada caso y de decretar la prisión preventiva según su parecer, no como antes, cuando todos los hechos punibles eran considerados crímenes y no se admitían medidas alternativas a la prisión.

Para algunos entendidos, la salida es acertada y se espera una ola de pedidos de medidas alternativas, que podría beneficiar sobre todo a aquellos que llevan años sin condena. Otros piensan que también beneficiará a los que pueden pagar un soborno. Sin condena, sin haber recibido justicia, sin recursos ni capacitación para insertarse de nuevo en la sociedad al retomar su libertad, pero alimentado con rencor contra el sistema y contra las personas en general, los portones de los penales se abrirán para los reos.

¿Qué van a hacer esas miles de personas? ¿Se van a quedar en su casa a cumplir la orden judicial? ¿De qué van a vivir? ¿Quién se va a encargar de cerciorarse de que no rompen las reglas? ¿La Policía, así como en el caso de la niña que fue asaltada esta semana? ¿Con cuál megaoperativo va a responder la fuerza del orden si según el propio ministro del Interior no tiene suficientes hombres?

Según Juan Ernesto Villamayor, la Policía cuenta actualmente con 24.000 agentes policiales y el país necesita unos 60.000. No hay suficiente cantidad –ni calidad– de elementos para combatir la criminalidad y menos para ejercer la vigilancia de 4.000 internos que potencialmente recobrarán su libertad, sin trabajo, sin formación y sobre todo sin nada que perder.

¡Desastre ko! También se promulgó la modificación de los artículos 129, 141 y 251 y se establecieron nuevos plazos para la sustanciación de un pedido de libertad o medidas sustitutivas. “Por suerte” esta modificación es temporal y solo estará vigente hasta enero del 2020. Es decir, los internos deberán apurarse y estar en las calles a más tardar después de Navidad.

Las autoridades (cuya mayoría vive con guardaespaldas y uniformados pagados por “los comunes”) encontraron el camino fácil: sin gastar nada se lavaron las manos modificando unos artículos. Y aunque hay que apoyar que los presos que están “depositados” en las cárceles recobren su libertad, la solución no es promulgar una ley porque el malón que se viene no está compuesto por indios mansos. Más bien, se debe reformar todo el sistema judicial porque a este paso va a ser más seguro estar dentro de una prisión que fuera.

Las autoridades tal vez olvidaron que no todas las familias –ni las suyas– tienen guardias y que al ir a la escuela por ese “camino fácil” estarán expuestas al peligro aumentado, pero esta vez sin posibilidad de megaoperativos policiales que puedan actuar.