• Por Óscar Tuma
• Político

El denominado enjambre amarillo hizo de las suyas días pasados y colaboró para aumentar el caos reinante en el tránsito capitalino, violando –una vez más– el derecho que tienen las personas de moverse libremente dentro del país, afectando a los ciudadanos que nada tienen que ver con el reclamo de los taxistas por la presentación de servicio que realizan Uber y MUV.

La lucha que los taxistas pretenden llevar adelante ya irrita a sus usuarios quienes hoy en día piensan dos veces antes de usar el servicio de taxi. Por eso, estimo que deben de cambiar de actitud en vez de enfrascarse en un reclamo errado y estéril, porque el enjambre amarillo no puede pretender continuar con un monopolio y restringir de esa manera la competencia de mercado que se encuentra vigente en nuestro país, garantizado en la C.N., cuando esta tiene un efecto beneficioso en la economía, ya que incentiva a los prestadores de servicio a ser más eficientes, a innovarse y mejorar constantemente la prestación con el fin de atraer la preferencia de los consumidores que hoy son más exigentes, y que pueden optar a más y mejores servicios, lo que hace que las empresas más competitivas sean las que sobrevivan en el mercado, lo cual el enjambre amarillo no va a impedir.

Considero coherente y razonable, por el principio republicano de igualdad, que los taxistas exijan que los vehículos Uber y MUV paguen sus tributos –siempre y cuando los propios taxistas también lo hagan– y que las regulaciones sean las mismas en todo el territorio nacional, pero pretender evitar la libre competencia no tiene sentido alguno y menos cuando es sabido del privilegio con que cuentan, como ser casi 100 paradas de taxis que utilizan casi 1.000 espacios públicos sin contraprestación para los asuncenos.

El problema real de los taxistas está entre ellos, ya que algunos de sus integrantes prestan un servicio de calidad y otros un servicio lamentable, lo que hace que los usuarios comparen ese servicio con el que prestan Uber o MUV, y como es lógico, se quedan con el que les convenga, pero esto no debe ser un problema para el gremio de taxistas porque estos pueden hacer uso de esas mismas ventajas, y crear su propia aplicación (app) y utilizar la misma para generar comodidad y transparencia, y que pueda facilitar al usurario contactar con el taxi más cercano, conociendo de ante mano el costo del servicio, el nombre del chofer, marca del vehículo, etc. Es más, con esto muchos de los que trabajan como taxistas podrán independizarse definitivamente de los verdaderos dueños de los vehículos que son realmente los que están detrás del reclamo impopular.

Los taxistas deben entender que su problema es la tecnología y es la Constitución Nacional, que garantiza a todos los ciudadanos el derecho a un trabajo lícito, libremente escogido y a realizarse en condiciones dignas y justas, así como a la posibilidad de poder dedicarse a una actividad económica lícita de su preferencia, y la libre competencia en el mercado.

Entonces, la solución para los taxistas no es bloquear las calles violando el derecho de los ciudadanos e impidiéndoles llegar a tiempo a sus lugares de trabajo, sino mirar para adelante y elegir nuevos representantes, dado que muchos de ellos en lugar de ayudar al gremio terminan perjudicando al mismo, v.gr: sobre todo aquellos que fueron investigados por hechos de corrupción. Tampoco es la solución de los taxistas recurrir a algún intendente o concejal populista que pueda pretender con fines políticos dictar una medida administrativa impidiendo el trabajo a otros ciudadanos como casi ocurrió en Mariano Roque Alonso, que al final expuso a los concejales e intendenta al ridículo público.

Mucho menos es recurrir a algún congresista que ni siquiera sabe sumar o restar y mucho menos escribir, para que trate de impedir la libre competencia, lo cual no pasa de ser un absurdo porque acabó la “protección política”, ya no está Arnaldo Samaniego en la Municipalidad de Asunción para blindar a Arístides Morales, quien mucho daño causó al gremio, esa época acabó, hoy vivimos otros tiempos, donde hay que trabajar para ganar dinero, ya no se puede ganar dinero jodiendo a la gente, como algunos estaban acostumbrados.

Todos los ciudadanos, incluyendo los taxistas, tienen la obligación de entender que en la República del Paraguay está garantizada la libertad de circular libremente, derecho establecido en la Constitución Nacional que nadie puede coartar, al igual que la libre competencia, por lo tanto, es y será siempre un derecho de los usuarios el elegir libremente qué servicio contratar; y, que lo ilegal no se puede volverse legal porque la suma de errores nunca puede dar un resultado cierto.

LLAMADA:

“Considero coherente y razonable, por el principio republicano de igualdad, que los taxistas exijan que los vehículos Uber y MUV paguen sus tributos –siempre y cuando los propios taxistas también lo hagan– y que las regulaciones sean las mismas en todo el territorio nacional, pero pretender evitar la libre competencia no tiene sentido alguno y menos cuando es sabido del privilegio con que cuentan, como ser casi 100 paradas de taxis que utilizan casi 1.000 espacios públicos sin contraprestación para los asuncenos”.