- Por Ricardo Rivas
- Corresponsal en Argentina
En la semana que se inicia –el 18 de julio– habrá pasado 25 años desde que, a las 9:53 de ese día, un ataque terrorista mató a 86 personas e hirió a más de 500. Aquella tragedia convirtió al viejo edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en una montaña de escombros. Desde entonces se substanciaron dos juicios orales. El primero, entre el 2001 y el 2004, concluyó con la absolución de numerosos ciudadanos que eran señalados como parte de una “conexión local” de apoyo a los asesinos y puso en evidencia una amplia gama de encubrimientos que involucraba a altos funcionarios de casi todos los poderes del Estado.
El segundo, consecuencia del anterior, entre el 2015 y el 28 de febrero de este año, condenó, entre otros, por encubrimiento y mal desempeño de sus funciones al ex juez Juan José Galeano –primer magistrado que investigó la masacre–, a los ex fiscales que intervinieron en el caso, Eamon Müllen y José Barbaccia; al ex secretario de Inteligencia Hugo Anzorreguy y a varios policías federales. Sobre los autores materiales del ataque, nada. Solo existen sospechas fundadas que recaen sobre varios ciudadanos iraníes, cuyas capturas internacionales procura la Interpol. Impunidad.
El 17 de marzo de 1992, la sede de la Embajada de Israel en este país también fue blanco de un bombardeo terrorista que dejó el trágico saldo de 22 muertos y casi 300 heridos de diversa consideración. El caso fue investigado por la Corte Suprema de Justicia argentina que, después de emitir varias órdenes de captura internacionales, cerró la causa. Impunidad.
En el 2013, la ex presidenta Cristina Fernández (2007-2015) firmó un “Memorándum de entendimiento con la República Islámica de Irán”, en procura del esclarecimiento del ataque a la AMIA. El fiscal Alberto Nisman, en el 2015, denunció ese acuerdo como parte de un intento de encubrimiento de los asesinos, del que responsabilizó a la jefa de Estado. El 18 de enero de ese mismo año, Nisman fue asesinado en su departamento de Puerto Madero. Desde entonces se investiga el magnicidio sin que se conozcan sus autores materiales ni intelectuales. Impunidad.
Esta trágica reseña de muertos y heridos por asesinos impunes se desarrolla en el transcurso del proceso electoral que permitirá elegir a quien relevará –o no– al presidente Mauricio Macri el 10 de diciembre venidero, cuando finalice su mandato. Versiones de fuentes sólidas aseguran que cuando ocurra la luctuosa efemérides para recordar la tragedia de la AMIA, el mandatario decretará que Hezbollah “es una organización terrorista” pese a que no la clasifica así la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Sorprende que, pese a la gravedad de la situación que evidencia la administración de justicia, el tema no es parte de la agenda pública que los candidatos y candidatas instalan. Solo lo mencionan como un genérico incorporado al manual de las buenas intenciones eternas y, desde esa perspectiva, invitan a imaginar, a futuro, con una justicia independiente. Sabor a nada.
Argentina votará. No son escasos los y las postulantes para ejercer relevantes cargos electivos portadores de serias acusaciones –desde muchos años– que se pesquisan lentamente. Argentinas y argentinos votarán, en no pocos casos, por sospechosos y sospechosas sin la certeza de que sean o no culpables de actos ilícitos. Si bien prima el principio constitucional de inocencia hasta que se pruebe lo contrario, las dudas están. Justicia independiente también implica asegurar con la mayor celeridad que quienes se proponen para gobernar son probos, que carecen de máculas. Candidato –vocablo latino– se origina del verbo “candidare”, que significa “blanquear”. En la antigua Roma, los candidatos vestían de impecable blanco, un color que por estos días no marca tendencia.