• Por Antonio Carmona
  • Periodista

No hacía falta la prepotencia ni el verticalismo, ya que al parecer el posible nombramiento de la nueva “ministra de la Corte… del Presidente”, por cuenta del Ejecutivo, tenía cierto quórum, por un lado, y, por otro, todo el mundo sabía que era la candidata del Presidente, a la que ya había enviado a dirimir cierta disputa política de su interés.

Fue como decir “¡es mi candidata y yo la nombro!”.

Es la candidata del Presidente… Ahora no es la candidata del Presidente, sino la ministra del Presidente, es decir, más allá de su trayectoria y cualidades, lo que quedó es que es la ministra del Presidente, por decirlo a la vieja usanza, el caballo del comisario, es decir, que sus fallos y determinaciones van a ser interpretados como “orden superior”. Es decir, que su promesa de compromiso con una justicia independiente es simplemente un chiste, casi casi un insulto a la ciudadanía, por menospreciar su inteligencia, es decir que luego de la confesión del nombramiento oficial, declararla independiente es como decir “dependiente del Ejecutivo e independiente de la ciudadanía”, lo peor que puede sucederle a un magistrado.

Doble deslegitimación a una funcionaria del Gobierno y de la Corte al mismo tiempo, es decir del Ejecutivo, al frente de la Justicia, es decir, inmiscuyéndose en la conformación de otro poder del Estado.

Es más, la propia afirmación de la flamante jueza suprema de que no va a comportarse de “manera “monárquica” es un chiste de cachique…, ya que es el cachique el que la encumbró y, como todo el mundo sabe, en la toldería no hay lugar para dos cachiques. Y el monarca es uno solo y conocido. En este caso la cuestión de fondo es que la nombrada ministra de la Corte ya había cumplido otras funciones para el Ejecutivo.

De hecho, el proceso de designación fue ya una clara intervención del Poder Ejecutivo, agravado para más por el hecho de que la nueva ministra era hasta ahora, por si faltaran irregularidades e influencia oficiales, la futura jueza suprema era, es, funcionaria del Gobierno, es decir empleada del Poder Ejecutivo.

Al ejercer su defensa para asegurar que no tenía nada que ver con la jueza, el Presidente la embarró más y dijo que la conoció cuando le pidió que interviniera en un “proceso de trasparencia, en una ciudad emblema como Ciudad del Este”. Como es de público conocimiento, comenzando por el Presidente y hasta el último ciudadano, tal como se ventiló suficientemente en los medios, se refería al caso Ciudad del Este y los Zacarías que fue evidentemente una “interna política no solo nacional, sino partidaria”.

Con esta retahíla de violaciones, la Constitución queda violentada y pisoteada, desde el vamos del artículo 3: “El pueblo ejerce el poder público por medio del sufragio. El Gobierno es ejercido por los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial en un sistema de separación, equilibrio, coordinación y recíproco control”. Esta fue una precisa precaución de nuestros cautos constitucionalistas para evitar picardías literarias u olvidos atávicos, pusieron la clara separación y, de paso, al Legislativo en primer lugar.

Insiste el artículo 3: “Ninguno de estos poderes puede atribuirse ni otorgar a otro ni a persona alguna, individual o colectiva, facultades extraordinarias o la suma del poder público”; traducido a sencillo: tener un pie en cada poder del Estado, o como en el caso que nos ocupa, en dos.

Y remata: “La dictadura está fuera de la ley”.

Como queda claro y terminante, el gobierno es ejercido por los tres poderes “en un sistema de separación, equilibrio, coordinación y recíproco control”. Es decir, sin preponderancia de ninguno.

Por si fuera poco, tampoco quedaron dudas respecto de la intervención presidencial en el caso de la liberación del “narco sospechoso Ulises Quintana”, también del equipo político presidencial, quien fue liberado por otra jueza que luego de argumentar disparates para justificar el adefesio jurídico, terminó confesando “el pequeño error” de “juzgar en vano” “al no leer completo el expediente del narco sospechado Ulises Quintana”; error tan generoso que superó el anterior beneficio que recibió el narco sospechado tras ser declarado “legislador con permiso”. ¡Hay quienes son condenados y bendecidos al mismo tiempo!