- Por Eduardo Ariel González Báez
- Abogado
El pasado 1 de julio, para la clase política, autoridades nacionales, fue un día importante. Ese día, el presidente de la República, por mandato constitucional, presentó su primer informe de gestión ante el Congreso de la Nación, tal como lo establece el art. 238 inc. 8) de nuestra norma madre.
Era un momento importante en que si el presidente de la República buscaba realmente tener un partido de gobierno unido, podría haber mencionado por lo menos en alguna parte de su alocución que gran parte de lo que en este tiempo pudo demostrar de lo poco de su gestión, se debió por encontrar a su llegada al gobierno mejores condiciones en el Poder Ejecutivo y que irrefutablemente fueron absolutamente mejores de las circunstancias en las que recibió el anterior inquilino del Palacio de López.
Valga recordar nada más como anecdotario que este último encontró un Estado inmerso en un gran conflicto político posterior a que Fernando Lugo no culminara su mandato, lo que produjo la sanción al Paraguay y que consistió en ser suspendido del Mercosur. Pero, por sobre todo, recibir un Estado desabastecido y con rubros para cubrir los gastos que solo daban para llegar hasta las 10:00 de ese 15 de agosto del 2013, por lo que la cosa en ese momento tuvo que ser corregida inmediatamente sin descanso y tregua para salir de esa verdadera crisis, de la cual se capeó gracias a tener UN VERDADERO RUMBO, donde pasado el tiempo podemos decir que se sabía qué se quería y hacia dónde se dirigían los destinos de la patria.
Por ello no se entiende que, habiendo recibido un Ejecutivo ordenado, con proyectos en puertas, otros ya ejecutados inmediatamente en varios sectores como infraestructura, educación, salud, con líneas de verdadera transparencia en la gestión pública, como ser el hecho de haberse aprobado durante ese mandato constitucional dos leyes fundamentales en ese sentido como ser la Ley 5.189/14 que establecía la obligatoriedad de la provisión de informaciones públicas y la Ley 5.282/14 de libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental.
Todo esto debiera suponer que lo lógico sería haber desechado aquello que podría el actual presidente o su equipo no estar de acuerdo, pero seguir con los proyectos importantes para nuestro país, por sobre todo sin tener en cuenta quién los propició como motivo para desecharlos sin miramientos, pero a diez meses y después de escuchar el informe del presidente Abdo Benítez lastimosamente podemos observar que esa necesidad de querer desmarcarse de quién lo ayudó a llegar era tan visceral que todo debía ser desechado y empezar sin necesidad alguna a derribar todo lo construido con mucho esfuerzo de todo el país en su conjunto, primando los caprichos personales, y sin mencionar que mucho de lo que hizo fue gracias a que lo heredó y solo debió dejar que las cosas siguieran su RUMBO.
Llega a tal punto el presidente Abdo Benítez que lo que no se quiso decir nos lleva a que lo hecho demuestra hasta incoherencia, entre lo que se “dice o expresa y lo que realmente se hace”.Para ello valgan estos ejemplos: en el informe del Presidente presenta el Ejecutivo como ser propiciador de la Ley N° 6.299/19, de la transmisión en vivo de las sesiones de la Corte Suprema de Justicia, Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Consejo de la Magistratura, pero no menciona que cuando el Congreso incluyó también que las sesiones del Consejo de Ministros debían ser públicas algo ocurrió, pues desde su promulgación en mayo del 2019 se dejaron de tener en el Ejecutivo las reuniones del Consejo de Ministros, que al comienzo de esta administración se anunciaban con bombos y platillos. Este motivo ya es un punto que no puede pasar desapercibido cuando me jacto sobre algo, pero yo finalmente no lo cumplo.
Otra cuestión de incoherencia que recuerdo perfectamente es cuando se hablaba en el gobierno anterior del Acuerdo Cartes-Macri, que se basaba en el reconocimiento de la deuda de la Argentina con el Paraguay por el tema Yacyretá, cómo la entonces disidencia colorada capitaneada todos sabemos por quién a finales del año 2017 se oponía rotundamente a ratificar ese acuerdo y cómo también se oponían a las nuevas obras complementarias de Aña Cuá, pero ahora es presentado como un logro de este gobierno, pasando a ser justamente el pago que la Argentina hizo de la deuda de 121 millones de dólares como una gestión del mismo.
Entonces solo se puede mencionar que el sesgo político no dejaba ver lo que realmente se consiguió en el gobierno Cartes y lo beneficioso que ello redituaba para el Paraguay y en especial para las arcas ahora de este gobierno.
En lo quizás nuevo se presenta como gestión el proyecto sobre “Modernización y Simplificación del Sistema Tributario”, pero no se demuestra con actos reales la disminución y mejora en la calidad de los gastos públicos cada día engrosando con nuevos funcionarios al Estado dejando incluso de lado los concursos públicos, que fue algo importante y reconocido por propios y extraños que hoy solo es un recuerdo.
No puedo dejar de mencionar lo que el primer mandatario dijo apenas unas horas atrás, jactándose de su lucha por la institucionalidad de la República, pero olvidó que en el Senado se encuentran dos personas que no fueron electas ni proclamadas, donde nadie puede desconocer ni ignorar que ello se dio, y se sigue dando, por voluntad del mismo Mario Abdo Benítez.
Hay muchas cuestiones más sobre el informe de gestión presidencial. Parecía un discurso de asunción al mando, sin seguir mencionando cuáles son los ejes temáticos de su gobierno y que en el anterior, por ejemplo, eran tres: a) reducción de la pobreza; b) crecimiento económico inclusivo; c) inserción del Paraguay en el mundo. Esto es lo que se pide a quien está en la conducción en el Ejecutivo, saber cuál es la hoja de ruta y no escudarse en el clima o en el contexto regional como excusa, pero para ello uno debe contar con los mejores hombres, de no tenerlos producir los cambios de equipo, barajar de nuevo las cartas para seguir adelante. Caso contrario el próximo 1 de julio del 2020 volveremos a lo mismo, pero con condiciones mucho más adversas, con la ciudadanía más exigente con una popularidad que seguiría disminuyendo con las consecuencias que pueden ser graves, por lo que realmente se debe comenzar a gobernar para la gente, que ella sea lo importante y no solo su eslogan de campaña electoral.