• Por Óscar Tuma
  • ABOGADO

Ninguna alta autoridad se hace responsable de lo ocurrido en la penitenciaría de San Pedro, todas se tiran la pelota, y todo va rumbo al oparei como se suele decir, en gran medida porque lo ocurrido no tiene mayor importancia para la ciudadanía debido a que el enfrentamiento se dio entre criminales. No obstante, lo acontecido sacó a la luz pública la corrupción existente en las penitenciarías del país, de cómo “peligrosos criminales” compraban y compran como si fuera un loteamiento los espacios en las correccionales, todo esto con complicidad de las autoridades.

Como es costumbre, alguien tenía que pagar por la responsabilidad de todos, y los dardos apuntaron al entonces director de la penitenciaría de San Pedro, Wilfrido Quintana, quien rápidamente fue destituido para descomprimir la situación. Pero Quintana no quedó callado y terminó responsabilizando a sus superiores de lo ocurrido, manifestando en su defensa que ya en enero de este año había comunicado la existencia de una “granja” y que en la misma se encontraban cumpliendo con su condena algunos internos en semilibertad.

Pero la defensa del ex director no solo quedó ahí, también refirió que había informado al comisario Quiñónez, jefe de Inteligencia del Ministerio de Justicia, que se tenía conocimiento de que miembros del Primer Comando Capital (PCC) intentarían ingresar armas de fuego al penal, y que el ambiente estaba tenso debido a la rivalidad de los integrantes del PCC con los integrantes del clan Rotela, a raíz de la muerte de un interno miembro del PCC.

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Lastimosamente nadie prestó atención a las advertencias del ex director de la penitenciaría de San Pedro Wilfrido Quintana, porque si las autoridades hubieran cumplido con sus obligaciones no estaríamos hablando de esto hoy en día, y tampoco el país estaría en jaque por una posible demanda por los hechos ocurridos.

Lo cierto es que todos chutan inmediatamente la “pelota tata”, y también lo hizo el ministro de Justicia, Julio Javier Ríos, quien se defendió diciendo que la “granja VIP” hallada detrás de la penitenciaría de San Pedro no estaba habilitada por la institución, y dio a conocer que estarían presentando una denuncia ante el Ministerio Público para que se pueda investigar cómo funcionaba el establecimiento, utilizando la vieja estrategia “la mejor defensa es un ataque”.

Como manifesté al inicio, esta masacre desnudó la corrupción y el pésimo funcionamiento existente en las penitenciarías en todo el país y sobre todo la falta de voluntad de llevar adelante reformas profundas, reformas de fondo y no de forma solamente, porque nos equivocamos si pensamos que con la sola expulsión del país de los miembros del PCC el problema quedará resuelto, y esto es así porque el adoctrinamiento y reclutamiento de compatriotas por esta organización criminal ya empezó hace años, por lo tanto, estas medidas hoy solo sirven para ganar tiempo y nada más. Lo que el Gobierno debe hacer es trabajar en medidas de reinserción, porque si no comenzamos a trabajar en esto el problema va ir en aumento.

Los programas de reinserción ya están inventados en todo el mundo, y su implementación en el país es cuestión de voluntad política nada más, debiendo aplicarse en etapas, por metas y por necesidades. Empezar con programas de bajo costo como ser los programas de intervención psicológicas que se aplican con éxito en España, que consisten en la eliminación de conductas antisociales dentro de la prisión; la eliminación o modificación de las adicciones; desarrollar motivaciones en los presos para que se unan a otros programas formadores y educativos, entre otros.

Otras de las tendencias muy utilizadas hoy en día es la creación de centros penitenciarios de autoabastecimiento, donde se desempeñan diferentes tipos de trabajos que sirven para dar un empleo a los presos y que puedan generar sus propios recursos, lo cual genera autoestima en los mismos, y lo más importante, el poder seguir ayudando a sus familiares por más que estén privados de su libertad.

Poner en práctica este tipo de medidas no cuestan nada, y pueden ser de aplicación inmediata hasta tanto se busquen otras soluciones a mediano y largo plazos y, sobre todo, ayudan a la reinserción de los reclusos, por lo menos de los que tienen interés y posibilidad de hacerlo, porque si no trabajamos con estos reclusos, ofreciéndoles una oportunidad o la posibilidad del cambio, tarde o temprano terminarán absorbidos por los grupos criminales y todos sufriremos las consecuencias cuando recuperen la libertad.

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