• Por Carlos Mariano Nin

Se veía venir. Todos lo sabían, lo comentaban, lo esperaban, pero nadie hizo nada. Entonces, se desató la tragedia.

Dicen que el motín comenzó al mediodía. En las redes primero corrió la noticia de un muerto, dos, tiros, gritos, informaciones contradictorias que hablaban de un violento choque de bandas en una de las prisiones que más seguridad debería tener: la cárcel de San Pedro, a solo 400 kilómetros de Asunción.

No tardó mucho para que las redes sociales develaran el horror que más tarde el propio ministro del Interior iba a anunciar.

Al cabo de tres horas la revuelta había terminado, pero el mensaje ya estaba en boca de todos. Es la forma en la que el Primer Comando de la Capital mete miedo con una advertencia de demencial violencia, pero contundente en todos los rincones.

Diez presos fueron asesinados. A cinco los decapitaron, como en las películas, pero en la realidad otros tres fueron incinerados hasta quedar irreconocibles y dos fueron ejecutados a balazos y estocadas.

Fue el desenlace de una guerra por el control del narcotráfico en la cárcel y de paso una venganza por la muerte en Tacumbú de dos reclusos unos días antes.

El PCC buscaba terminar con el Clan Rotela, otra poderosa organización criminal con fuerte influencia en las prisiones de todo el país.

Pero no fue un hecho aislado ni tan sorpresivo. Hubo otros motines en Coronel Oviedo y Concepción que deberían haber alertado, pero no. A nadie parece interesarle.

Pero diez muertos son como para llamar la atención. El colapso de las prisiones y el cada vez mayor número de reclusos brasileños del PCC y el Comando Vermelho convirtieron a las cárceles en un gran negocio que hace de los problemas su principal fuente de ingresos.

Las autoridades calculan que unos 400 integrantes de grupos criminales brasileños cumplen condena en Paraguay. Y no son personas normales. Son hombres que normalizaron la violencia e hicieron de ella su aliada incondicional para infundir miedo y captar simpatizantes. El horror no solo es su sello. Es su carta de presentación con la que advierten a sus enemigos.

Y como siempre, la corrupción y la desidia hacen el resto.

Unas once mil personas de las más de 16.000 privadas de libertad en Paraguay guardan reclusión sin tener una condena, según un informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.

Sin justicia y con mucha impotencia sabemos qué pasa con los internos. Son reclutados por las bandas brasileñas y usados como carne de cañón en revueltas y motines que solo acrecientan su poder.

La capacidad de albergue de las penitenciarías en nuestro país es de 8.000 reclusos, sin embargo, hay más de 16.000. La principal y mayor cárcel paraguaya es la de Tacumbú, con capacidad para 1.300 internos, pero en ese “depósito de humanos” viven hacinados más de 4.000 reos.

Pero volvamos al motín. La primera reacción fue la destitución del director de Establecimientos Penitenciarios, Blas Martínez, y del director de la cárcel de San Pedro, Wilfrido Quintana.

No fue una buena idea ni quizás la más acertada. Quintana revelaba poco después, con documentos en mano, que había advertido que algo así iba a suceder e incluso había pedido el traslado de varios reclusos para evitar el baño de sangre que vino después. No hubo respuesta hasta la masacre y después ya fue tarde.

Entonces, el Gobierno anunció la construcción de tres nuevas cárceles que serán financiadas con bonos soberanos con una inversión de unos G. 190.065 millones.

Pero yo lo veo así: serán tres nuevas sucursales del infierno donde reinará el descontrol y la corrupción. Y te doy un solo ejemplo: dos días después de la matanza en San Pedro se hizo un cateo en la misma cárcel, se incautaron una gran cantidad de estoques, drogas y celulares.

Es una gran cadena.

Justicia lenta e injusta, cárceles dobladas en su capacidad, frágiles controles y pocos guardiacárceles hacen un sistema corruptible donde todo tiene su valor, todo menos la vida, así en la tierra… como en el infierno.

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