Las organizaciones civiles, los partidos políticos, los movimientos independientes y la población en general deben saber que esta explosión de participación ciudadana e información de la que somos testigos en este tiempo tienen mucho que ver con el desarrollo paulatino de un proceso complejo de construcción del concepto de democracia iniciado en febrero de 1989.

No es casualidad ni producto del azar que políticos, muchos de ellos legisladores, estén siendo sentados en los últimos años en el banquillo de los acusados para ser condenados por sus hechos de corrupción. La libertad de expresión y de manifestación de las personas, vigentes desde que cayó la dictadura (1954-1989), son valores que recién ahora se están sintiendo en su justa dimensión. Los jóvenes que nacieron en la era democrática están interpretando en su justa medida las necesidades del país para avanzar hacia una sociedad con mayor justicia en todos los órdenes.

Todos los gobiernos de la transición registraron eventos históricos muy característicos que a la postre sirvieron para aprender de los errores, potenciar las virtudes y avanzar en el futuro. Los gobiernos de los colorados Andrés Rodríguez (1989-1993), Juan Carlos Wasmosy (1993-1998), Raúl Cubas (1998-1999), Luis Ángel González Macchi (1999-2003) y Nicanor Duarte Frutos (2003-2008); del socialista Fernando Lugo (2008-2012); del liberal Federico Franco (2012-2013) y del colorado Horacio Cartes (2013-2018), han dejado lecciones importantes en esta larga lucha por la libertad de expresión y participación ciudadana.

Esos esfuerzos civiles, en los que también han sido protagonistas los militares institucionalistas quienes enfrentaron a los uniformados que se creían mesiánicos, son más que nunca palpables en el inicio de este gobierno colorado de Mario Abdo Benítez. Al joven presidente de la República le tocó en suerte –o mala suerte, según el cristal con que se mire– una etapa en la que la gente no se calla, se manifiesta, reclama y exige resultados más que nunca en salud, educación, seguridad y calidad de vida. Producto de estas manifestaciones callejeras, seguidas muy de cerca por los medios de comunicación, tenemos hoy a diputados y senadores separados de sus bancas por hechos de corrupción, aún sin una condena firme de parte del Poder Judicial. Sin lugar a dudas, un hecho sin precedentes. Es decir, la presión ciudadana tiene el poder.

Este florecimiento y ambiente de consolidación democrática no está teniendo el acompañamiento de las autoridades nacionales (tres poderes del Estado). Excepto de manera aislada y tímida de parte de algunos actores, no se percibe todavía una política clara de transparencia y fomento de espacios creados deliberadamente para la participación ciudadana.

Las plataformas de nuevas tecnologías de la información y la comunicación podrían servir de puente para este logro, pero los responsables del manejo de la información pública y desarrollo de la agenda digital ya se tropezaron mal con la primera iniciativa. Lo que ocurre con el préstamo del BID para mejorar la agenda digital del Paraguay lo dice todo. Este proyecto, que apunta justamente a la puesta en servicio de información para la gente con internet de calidad, hubiera sido una bandera con la cual el gobierno se presentaba ante la ciudadanía para dar un mensaje claro de que a partir de ahora la transparencia es el norte de la gestión.

Como se dice siempre, para muestra vale un botón. Las instituciones que manejan mucho dinero, como, por ejemplo, el IPS, donde se encuentran depositados multimillonarios fondos de miles de asegurados, debería ser un ejemplo de transparencia. Lo que ocurrió con Dionisio Amarilla y la firma proveedora de servicio de seguridad para el hospital es un toque de alerta que no puede el Gobierno pegarse el lujo de que vuelva a ocurrir. El Ejecutivo debe transparentar todos los procesos licitatorios en curso y por venir, con más razón cuando se trata de una institución sensible como el IPS.

A la luz de los acontecimientos, muchos colaboradores del Presidente no están interpretando en su justa dimensión la nueva era que transitamos. En agosto se cumple un año de gestión y sería oportuno evaluar los resultados. Los ciudadanos de estos tiempos requieren de instituciones ágiles, no burocráticas, que pongan a disposición de un click servicios de toda índole. Las exigencias van a ser cada vez mayores, por lo que las autoridades tienen que hacer un mayor esfuerzo por extirpar a los corruptos de sus filas, colocar a funcionarios honestos y de una vez por todas modernizar totalmente la gestión pública.