Desde que cayó la dictadura de Alfredo Stroessner la noche del 2 y 3 de febrero de 1989, todos estos últimos años nos hemos venido preguntando todos cuándo diríamos que ¡por fin! hemos llegado al final de la transición para ingresar ya definitivamente a la era democrática. Mucha gente creyó que la nueva era en Paraguay arrancó con la elección de Mario Abdo Benítez. Sin embargo, está visto lo mucho debemos transitar y estamos lejos todavía de la construcción de una sólida institucionalidad como las mejores democracias del mundo.

No obstante, desde mediados del año pasado a esta parte, se vienen dando señales de cambios que hacen pensar que estamos en el camino correcto de la construcción del país que aspiramos, que sea justo, que no permita la impunidad sea quien sea, que sea abierta y transparente, que atienda las necesidades de su pueblo –esencia de la democracia– y que haga una distribución equitativa de la riqueza. Son valores de un imaginario que cuesta alcanzar, pero que vale la pena ponernos como metas para construir el Paraguay del futuro.

Lenta y pausadamente, paso a paso, se van configurando hechos que nos hacen pensar en un futuro mejor para todos, al menos, en un futuro más “limpio” y con menos bandidos en nuestros caminos. Los políticos corruptos que incurren en abusos de poder y trafican con sus influencias van cayendo, más por la fuerza de la presión ciudadana y de los medios masivos de comunicación, que por iniciativa de nuestras autoridades del Ejecutivo y del Poder Judicial. El respaldo de la gente y los medios convirtieron a algunos agentes fiscales en baluartes de este proceso, en el que se ven en el encierro a quienes antes eran “intocables”.

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De manera coincidente con esta delicada etapa en que vivimos, esta semana nomás la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) asestó un golpe bajo a dos exponentes de una organización criminal dedicada al secuestro de personas, quienes creyeron que podían burlarse de todo un sistema americano –incluido al Paraguay– para cargar impunemente US$ 132 millones en sus alforjas. El reclamo de indemnización hecho por Arrom, Martí y Colmán fue desde un comienzo un sinsentido total y una falta de respeto a la inteligencia de todos. El fallo de la Corte IDH, que eximió a nuestro país de culpa en relación con la denuncia de terrorismo de Estado en el 2002, se constituyó en un ejemplo sin igual para los jueces paraguayos. La reacción positiva de todo un pueblo es una muestra de que cuando se hace justicia la satisfacción es plena.

Esta sentencia de la Corte IDH que no favoreció a los secuestradores de María Edith Bordón de Debernardi en la CorteIDH es un aliciente para Paraguay, porque nuestro país necesita de fiscales y jueces con coraje para seguir poniendo tras las rejas no solo a legisladores y políticos corruptos sino también a delincuentes comunes y las organizaciones criminales como en el EPP, el PCC o el Comando Vermelho (ya están instaladísimos en las zonas de frontera).

Hace días nomás vino también al país, en la zona de Pedro Juan Caballero, el afamado ex juez brasileño Sergio Moro, quien ganó prestigio internacional cuando con coraje puso entre las rejas a nada más y nada menos que al ex presidente Inácio Lula da Silva por sus vínculos directos en el sonado caso Lava Jato. Se trata de personas que marcan la diferencia y que están escribiendo nuevas páginas en la historia del combate contra la corrupción y el crimen en su país. En Paraguay necesitamos magistrados como los de la Corte IDH y Moro porque en la coyuntura actual van a tener el respaldo de la gente y de los medios para hacer justicia.

Todo lo que viene ocurriendo últimamente en el país, en especial con los últimos sucesos –a veces inesperados– de las pérdidas de investiduras de diputados y senadores, van consolidando un proceso que abriga la esperanza de que nos aproximamos a una etapa en que la democracia se encargará de “filtrar” a los delincuentes que llegan a la función pública para abusar del poder y traficar con influencias.

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