Así como vemos que existe en el ámbito del Poder Judicial la aplicación de una justicia selectiva, es decir, cierta saña con algunos e impunidad para otros a pesar de la existencia fehaciente de la comisión de delitos, en el campo legislativo ocurre lo mismo. Los ejemplos están a la vista, pues algunos legisladores corruptos –diputados y senadores– se están salvando de la pérdida de investidura gracias a la coraza impuesta por mayorías coyunturales de las que son partícipes tanto oficialistas colorados como referentes de la oposición.

La presión ciudadana, que se hizo más fuerte de manera coincidente en este período gubernativo, forzó la salida de varios diputados y senadores llamativamente en su mayoría del Partido Colorado. Me refiero al diputado José María Ibáñez, Óscar González Daher y Víctor Bogado, a los que debe también agregarse al senador Jorge Oviedo Matto, del Unace, a la postre de extracción colorada. En esta lista no podemos citar a integrantes del PLRA o de otros partidos más pequeños y movimientos independientes, sencillamente porque gozan de impunidad. Por citar solo a dos, son los casos de los liberales Carlos Portillo y Enrique Salyn Buzarquis.

La proximidad de la fecha de la elección de la mesa directiva de ambas cámaras en el Congreso Nacional es el cultivo que abona la tierra para que germinen acuerdos interbancadas extraños. El objetivo siempre es el mismo: obtener los votos necesarios para construir mayorías coyunturales sin importar el medio, sino solo el fin. Generalmente, estas alianzas –por más sorprendentes que parezcan– permiten lograr impunidad para unos pocos y cargos para otros tantos. En este caso no importa la ética y la honestidad con tal de que esos “arreglos” complazcan las apetencias personales o grupales. Es la fina telaraña que todavía sostiene a Enrique Salyn Buzarquis en el Senado, quien para mi gusto la falfisificación de un certificado médico no es nada frente a las graves sospechas de saqueos en el Ministerio de Obras Públicas durante el gobierno del liberal de Federico Franco.

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En realidad, lo que la gente quiere es un castigo ejemplar, sea quien sea, y poco le importa si quien comete un delito es liberal, colorado, encuentrista, del PDP, de Hagamos o de la corriente que fuere. De hecho, la corrupción no tiene colores. El ciudadano exige hoy justicia y que ningún funcionario público dependiente del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y del Poder Legislativo se burle con abusos en el ejercicio de sus funciones. Las movilizaciones y/o autonvocatorias son comunes en la actualidad y más pronto que tarde estas iniciativas forzarán cambios también en el sistema podrido de la Justicia. No basta con el reemplazo de nombres en la cúpula judicial, como se viene dando, que la institución madre de administrar justicia en el Paraguay requiere de una transformación total desde sus cimientos, porque da la impresión de que los que llegan son consumidos por la vorágine de un esquema lamentable de décadas.

Los escraches comenzaron por centrarse en el Congreso por una simple lógica: los políticos se pasaron de la raya con nombramientos de parientes y amantes en puestos claves con salarios fastuosos, quienes para colmo en su mayoría son planilleros. Esto, solo por citar el 1% de los atracos y atropellos que asustan por su alevosía. La ciudadanía está harta de los inescrupulosos que solo acceden a sitiales de privilegios para servirse del puesto y no para servir a su pueblo.

Al Poder Ejecutivo, cuyo titular se jacta de haber emprendido una lucha frontal contra la corrupción generalizada y la delincuencia organizada, no se escapa a las críticas. El Gobierno, en su afán de mantener leales a algunos aliados del Congreso, mantiene cierto silencio ante las graves denuncias de enriquecimiento ilícito por parte de sus adherentes. Varios de Añetete, como Rodolfo Friedmann y Éver Noguera, están fuertemente salpicados por hechos de corrupción en el manejo de la cosa pública cuando se desempeñaron en otros cargos públicos en sus respectivos pueblos. Sobre estas maniobras de antaño el Ejecutivo siempre toma distancia a la hora de hacer sus reclamos.

Es decir, la palabra “selectiva” es al parecer la palabra más conveniente para graficar el triste papel de nuestra Justicia y de los integrantes del Congreso Nacional en los últimos meses, del que no se escapa tampoco el Poder Ejecutivo. La figura del amiguismo, del chongo, debería desaparecer del léxico de la política para que podamos iniciar un proceso serio de aplicación imparcial de la justicia sin discriminaciones.

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