Por Dany Fleitas
Este caso del Gral. Ramón Benítez, quien supuestamente tenía en su vivienda una agenda en la cual hacía anotaciones sobre entrega de dinero a determinadas personas, me hizo acordar del argentino Oscar Centeno, un chofer quien durante una década anotó puntillosamente los recorridos que le hacían hacer para recaudar sobornos para altos funcionarios del gobierno de su país. Ese cuaderno, años después, cayó en manos de la prensa del vecino país y dio pie a una gran investigación fiscal que desembocó en la caída de autoridades de alto rango del entorno de Cristina Fernández de Kirchner.
Centeno era apenas uno de los tantos detenidos por la presunta red de coimas entregada por empresarios de la obra pública a integrantes de los gobiernos de Néstor Kirchner y de su esposa Cristina Fernández de Kirchner (2003-2015). Centeno aceptó aportar datos como colaborador de la Justicia a cambio de la reducción de penas.
Los cuadernos de Centeno pusieron entre rejas o bajo la lupa de la Justicia a más de una docena de personas, entre empresarios y miembros del equipo kirchnerista. En estos apuntes quedaron registrados, en más de una década, los recorridos que hacía con su jefe, Roberto Baratta, y otros ex miembros del gobierno de la era kirchnerista. Lo que hacían era recaudar bolsos con millones de dólares presuntamente para ser entregados a autoridades con el fin de favorecer la concesión de contratos de obras. Según las investigaciones, Centeno realizó viajes hasta la misma residencia presidencial y de las residencias particulares de los Kirchner para supuestamente dejar dinero en efectivo.
Este antecedente cercano, de la Argentina, nos lleva a preguntarnos si esta agenda del Gral. Ramón Benítez contiene detalles similares de nombres, montos, fechas y lugares que podrían llevar a desarticular una gran red de personas dedicadas a sostener el contrabando de mercaderías varias y por ende una gran evasión fiscal. Esto, sin contar el daño colateral que se le hace a la producción nacional de productos frutihortícolas, manufacturados y otros.
De ser ciertas las acusaciones en contra, es muy difícil creer que el Gral. Benítez podría haber montado solo, sin protección política, una gran rosca dedicada al ingreso ilegal de mercaderías, ya que esos procedimientos necesariamente involucran a una gran cantidad de funcionarios e instituciones, como policías, aduaneros, empleados de puertos, etcétera. Al igual que Centeno, el Gral. Benítez podría pasar de ser cabeza de una red a “informante” o colaborador de la Justicia, ya que sus declaraciones serán vitales para dar con los verdaderos protectores políticos de un esquema que solo algunos gobiernos se animaron a frenarlo o “tocarlo”. Si esto ocurre, algunos ya deberían comenzar a temblar por haber formado parte de una camarilla acostumbrada a obtener dinero fácil.
En la época del gobierno de Luis Ángel González Macchi (1999-2003) existió un ministro de Hacienda que se animó a decir que muchos en Aduanas ingresaban mercaderías de contrabando o hacían pasar millones de teléfonos celulares como accesorios a los efectos de subvalorar los montos de impuestos a ser abogados al fisco por el importador. Habló en aquel entonces de que formaba parte de una red que recaudaba para la “corona”. A partir de entonces, esa palabra fue añadida al léxico cotidiano para referirnos a aquellas personas que estando en el poder son beneficiadas con el envío de bolsas de dinero (en guaraníes o en dólares) provenientes de actividades ilícitas.
La agenda del Gral. Benítez puede ser tan importante como los cuadernos de Centeno o también convertirse en un gran “vyrorei”. Eso depende de la Justicia. Los primeros en caer fueron pocos todavía: Benítez, policías y algunos funcionarios. Mientras, sus protectores descansan en paz. Quizá lo tumbaron por no haber compartido -como se debía- la torta con la “corona”. Además de todo esto, de manera colateral ya cayeron algunos comunicadores. Conste que fueron apenas rumores de coima, ya que la agenda no aparece. A propósito, en este caso de nombres de periodistas que habrían recibido dinero a cambio de publicaciones a favor del trabajo del Detave o para mantener cierto silencio, está claro que la Fiscalía fue imprudente y al menos no manejó con cuidado esta información.
El hallazgo de nombres en una agenda, cuyo propietario en el peor de los casos fuese un delincuente, no convierte a aquéllos en lo mismo. Lo mínimo que deberían haber hecho primero los fiscales es investigar a fondo y luego de tener a mano más elementos probatorios, salir ante la opinión pública de manera responsable a hacer las acusaciones que correspondan. Los rumores y las medias verdades a veces son más perjudiciales que la verdad misma. Por eso, la Fiscalía acá tiene una gran responsabilidad: dar con más cómplices y esencialmente con sus protectores.