El 2019 comenzó, finalmente, en la Argentina. Antes de estos días que corren, todo fue el descanso al que convoca el verano en el Hemisferio Sur. El inicio llegó con el comienzo del año judicial y del proceso electoral que habrá de finalizar cuando –el 27 de octubre próximo– se conozca quién sucederá en la Presidencia a Mauricio Macri. Los actores públicos comenzaron a moverse. O, más exactamente, a desarrollar acciones de posicionamiento porque, en junio venidero, se conocerán quiénes aspiran a cargos electivos y, para acceder a ellos, deberán exponerse –el 11 de junio– a las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).

En el hoy –y en el contexto descripto– no son pocas las novedades que los protagonistas del debate político producen. Incluso algunas son contradictorias o, al menos, llamativas contra manifestaciones previas que fueron títulos periodísticos y disparadores de tan modestos como efímeros debates.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, en el discurso que pronunció ante los magistrados de todo el país, sostuvo que “la justicia argentina está frente a un gran desafío institucional que consiste en superar la crisis de legitimidad que nos afecta” y recordó a quienes hayan querido oírlo que “ser la última palabra en las confrontaciones que caracterizan a toda sociedad moderna depende únicamente de nuestra legitimidad para decidir” porque “la legitimidad del Poder Judicial es esencial”. Pese a esa advertencia, el titular del máximo tribunal de la justicia federal argentina admitió que “como la crisis de legitimidad es compleja, no es fácil establecer cómo superarla”.

“Los argentinos están perdiendo la confianza en el Poder Judicial. Hay dudas de que nos comportemos como verdaderos jueces de una democracia republicana”, añadió Rosenkrantz, quien desafió a esa aún poderosa corporación a que “revirtamos esta percepción y, para ello, los jueces debemos mostrar, todos y todos los días, que sí somos verdaderos jueces de una democracia republicana”.

Horas antes de esas palabras, el presidente Macri, en la tele, denunció que Franco, su padre, fallecido el pasado 2 de marzo, cometió “un delito” porque pagó coimas durante los gobiernos que presidieron Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015), para que el conglomerado empresario que fundó y lideró con fuerte protagonismo por décadas “pudiera trabajar”. También, al parecer, lo hicieron su primo, Angelo Calcaterra y Gianfranco Macri, uno de sus hermanos, aunque este imputado niega haber pagado sobornos.

El 21 de enero último, el mandatario firmó un decreto de necesidad y urgencia (DNU) en el que impulsa la “extinción de dominio” de los bienes que empresas y/o particulares puedan haber adquirido con el producto de hechos delictivos. Una buena parte de su patrimonio personal son las propiedades que por sí o por derecho sucesorio le corresponden del conglomerado empresario familiar. Enorme dilema.

Para enfrentar a Macri, desde la principal oposición como lo son las más diversas formas en las que se encuentra fragmentado el otrora Partido Justicialista (PJ), aquel peronismo que cantaba a voz en cuello que “todos unidos triunfaremos”, también emergen expresiones de interés analítico.

La viuda de Kirchner –Cristina, potencial adversaria de Macri para sucederlo en la primera magistratura– junto con una significativa parte del elenco de quienes fueron sus ministros, secretarios y subsecretarios de Estado más consecuentes con sus políticas públicas, no pocos empresarios relevantes cercanos a aquel poder político y algunos otros poderes democráticos o dictatoriales en el pasado cercano, se encuentran procesados en los tribunales a cargo de varios jueces federales y, en lo personal, la ex mandataria hasta tiene sobre sí una prisión preventiva efectiva confirmada en segunda instancia. Pese a ello, tanto la actual senadora Fernández como muchos de sus seguidores hacen públicas

–derecho que les asiste sí y solo sí– los cursos de acción posibles de aplicar en el caso de llegar nuevamente al gobierno. De hecho, el dirigente Francisco Durañona –intendente de San Antonio de Areco– en el transcurso de un acto público protagonizado por la militancia cristinista exhortó a la concurrencia a “ganar [las elecciones presidenciales] para lograr la mayoría simple en el Congreso Nacional y, desde el 11 de diciembre [próximo], el primer día [de un eventual gobierno] enviar un proyecto de ley para que se amplíe la cantidad de miembros de la Corte [que] tienen que ser militantes nuestros para defender jurídicamente los intereses del campo nacional y popular”.

¡Qué momento complejo para que la ciudadanía tome decisiones!