• Por Carlos Mariano Nin

Era un día normal hasta que el humo de los petardos y las bombas lacrimógenas cubrieron el aire en la Tercera Compañía Isla Bogado y la Cuarta Compañía Cañada San Rafael de Luque.

Allí algunas familias habían tomado un predio de 68 hectáreas de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones. Rápidamente el asentamiento había crecido a la vista de todos. Se montaron precarias viviendas y en un abrir y cerrar de ojos unas 700 familias copaban de muebles y vehículos de todo tipo las tierras ajenas.

Atraídos por las ofertas (los invasores aseguran que hicieron una entrega de dos millones y luego cuotas de entre 200 y 300 mil guaraníes) y azuzados por políticos y dirigentes sociales, muchos vieron la posibilidad de tomar un atajo al sueño de la casa propia, desnudando una realidad inaccesible para el común de la gente trabajadora.

Es una realidad.

La Constitución Nacional garantiza la propiedad privada a fin de hacerla accesible para todos, algo que no sucede. Hay una brecha social que excluye a la mayoría de uno de los bienes esenciales para una vida digna. Y solo basta con ver las condiciones y las cuotas del BNF para comprar una casa. La mayoría nunca podrá cumplir con los requisitos fundamentales impuestos por el banco.

Casi 400 mil personas no tienen donde vivir. En todo el país hay un déficit de unas 100 mil viviendas según algunos especialistas.

Pero claro, ese no es motivo para cerrar los ojos e invadir la propiedad privada. Eso es un delito y casi siempre termina mal.

Y es que la propia ley fundamental es contundente: la propiedad privada es inviolable.

Sin embargo, solo en el área metropolitana, existen unos 500 asentamientos según la organización Techo, y la mayoría son irregulares; 9 de cada 10 se formaron en los últimos 20 años y se convirtieron en el hábitat de unas 40 mil familias. Son bombas de tiempo y un negocio de dirigentes y políticos deshonestos y manipuladores.

Más del 80% de los asentamientos no cuenta con servicios de saneamiento de agua y más del 60% está excluido de programas de vivienda, lo que hace que la mayoría deba construir sus casas con materiales poco adecuados.

Pero volvamos a Luque.

El fiscal Néstor Cañete explicó que la invasión del inmueble en Luque era flagrante y hubiese dejado de serlo si cesaba voluntariamente, algo que no ocurrió y se recurrió a la fuerza pública.

Se entiende como delito flagrante a aquel que se está ejecutando en el preciso instante. Lo flagrante, por lo tanto, tiene que ver con la inmediatez y con la posibilidad de detectar el delito en el mismo momento en que se está cometiendo. Lo flagrante de un delito tiene consecuencias directas sobre el derecho. Ante un caso de delito flagrante, la Policía puede ingresar a una casa particular sin autorización judicial para evitar que el delito prosiga.

El resto ya no sabemos.

El asentamiento era ilegal, pero ya tenían energía eléctrica y agua potable ¿cómo es posible? Seguirá siendo un misterio.

Durante nueve meses, sí, nueve meses, que duró la invasión, nadie se dio cuenta de que en algún momento todo se iba a desbordar.

Los líderes del grupo, que fueron identificados por los pobladores como Cristina Aquino y Néstor Noceda, ya se habían ido antes de los enfrentamientos y tras haberse embolsado una importante suma de dinero, producto de cientos de sueños rotos.

Y pese al llanto desconsolado de las familias desalojadas, de las imágenes de casas destruidas y muebles quemados, de la desolación y la tristeza, debía de ser así. No hay vueltas ni marcha atrás.

La propiedad privada es privada y seguirá siendo privada a pesar de las promesas y los sueños.

Muchas de las tierras tomadas también fueron el sueño de personas que lucharon para alcanzarlo del sacrificio y las privaciones y nadie tiene derecho a ponerlo en juego. Ni siquiera en nombre de la pobreza y la necesidad.