- Por Dany Fleitas
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El desalojo de ayer de 700 familias que invadieron una propiedad de 68 hectáreas pertenecientes a la estatal Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco), en la ciudad de Luque, es una muestra más de otros tantos casos registrados en todo el país en los últimos años. Al menos 2.000 policías debieron usar la fuerza para expulsar a humildes familias, asentadas en el lugar desde mediados del año pasado.
El día anterior y ayer se vivieron momentos de mucha tensión y todos fuimos testigos de las escenas desgarradoras de las que fueron víctimas adultos y niños del asentamiento, así como también efectivos de la Policía Nacional quienes fueron agredidos con todo tipo de objetos contundentes. Lo que se vio allí es apenas una muestra de decenas de otros casos similares registrados en toda la República. Lamentablemente, existen indicios de casos sin resolver que nos hacen pensar que sucesos similares se repetirán en otros puntos del país.
El atropello a propiedades privadas para hacerse de tierras por la fuerza de parte de los llamados “sintechos” es una constante desde hace décadas y un arma favorita de instigadores para legitimar la violencia. Existen profesionales de la invasión que actúan bajo la protección de algunos políticos, todo por obtener un poco de dinero o votos para las elecciones.
En este caso, tanto humildes pobladores como efectivos del orden público son a la postre víctimas de un modelo que subsiste, y en el fondo saben que ni el uno ni el otro pretende dañar a nadie, aunque la ley debe cumplirse. Pero las respuestas son mucho más profundas y son una amalgama de situaciones como la extrema pobreza, la falta de educación básica, la concentración de la riqueza, la mala distribución de los recursos, la corrupción en política y una serie de violaciones a las leyes y la Constitución.
Las invasiones a propiedades privadas vienen ocurriendo desde antaño y miles de familias han accedido a terrenos y lugares privilegiados gracias a las ocupaciones impulsadas por caudillos regionales de los partidos y por líderes de organizaciones sociales campesinas y de agricultores. Como esa forma de “lucha”, en muchos casos, ha salido bien, con el pasar de las décadas se ha convertido en una “profesión” lucrativa y estrategia para obtener votos. Es por eso que no extraña que esta gente afectada de Luque cuente que pagaron 2 millones de guaraníes para acceder al lugar y a otros exigían hasta 250.000 mensuales.
En este caso de Luque, las familias estafadas dieron nombre y apellido de algunos de los responsables, por lo que la Fiscalía General y el Poder Judicial deben caer con todo el peso de la ley sobre estos “cabecillas” para desalentar esta forma de delincuencia. El gran drama del Paraguay es la impunidad. De una buena vez por todas, los delincuentes deben recibir severos castigos. Corremos el riesgo de que el hastío del pueblo, ante la ambigüedad e indiferencia de la Justicia y de nuestros gobernantes, se conviertan en la mecha de la “justicia por manos propias”.
El respeto al derecho y a la propiedad privada deben ser algo sagrado en nuestro país. Son pilares fundamentales de toda convivencia pacífica. No puede ser que salgamos de nuestras residencias todos los días con el temor a flor de piel de que al volver encontremos a gente extraña sentada bajo nuestro techo.
Recuerdo que esa sensación hemos tenido en el gobierno del presidente de la República (2008-2012), Fernando Lugo, cuando los atropellos de propiedades privadas fueron terroríficas en cada rincón del Paraguay. Paradójicamente, fue justamente una situación de grave crisis por una “invasión” en la zona de Curuguaty la que terminó de tumbar al hombre que bajo la sotana escondía muchos secretos sobre relaciones extrañas cuando ya era obispo de la Iglesia Católica.
Nadie discute que cada familia tiene derecho a un pedazo de tierra. Sin embargo, no porque vemos que nuestro vecino tiene tres lotes y yo solo uno o nada, me da el derecho de ingresar por la fuerza y decirle que a partir de ahora un lote es mío porque yo no tengo nada o tengo menos que él. Si así vamos a actuar, entonces se producirá una rebelión de unos contra otros. Existen formas de adquirir propiedades, y hay que respetar esas formas. Todos quienes hemos accedido a una vivienda digna, nos hemos endeudado y pagado por ella, a veces hasta por décadas.
Mi derecho termina donde empieza el de otra persona. Así de simple. Siempre habrá en el mundo gente que tenga más que uno, ya sea porque se esforzó más, trabajó más y mejor, ganó más, lo que sea, pero pretender igualarnos todos por la mera fuerza es una locura. ¡Un imposible! Solo en la cabeza de Nicolás Maduro, que está llena de pajaritos, o en las de la regia izquierda paraguaya, que justamente admira a este desquiciado venezolano, puede germinar semejante retórica. Es hora de decir basta y poner freno a los profesionales de la invasión.