- Por Felipe Goroso S. – Analista.
- Twitter: @FelipeGorso
En la tarde del lunes se hacían públicas las imágenes de una cámara de circuito cerrado donde se veía una camioneta siendo seguida por un auto. La escena correspondía a un barrio de la ciudad de Areguá. Un poco después nos enterábamos que desde el auto habían metido varios balazos a la camioneta. Precisemos: la furgoneta era un transporte escolar que al momento de la persecución y disparos llevaba a dos mujeres y a tres niñas de 7, 8 y 11 años y en el auto iban cinco oficiales de la Policía Nacional. Se encontraron 50 vainillas servidas, de disparos que vinieron desde el auto. Dos niñas quedaron heridas. La de 8 años acusó dos disparos en las piernas y uno en la muñeca, y la otra de 11, un refilón en el dedo. ¿El argumento? La camioneta circulaba de manera sospechosa. Estaría bueno que desde la Policía Nacional nos cuenten las características de un vehículo que circula de manera sospechosa. Así no gastan 50 balas en la chapería de nuestros autos, en nuestra humanidad o la de nuestros hijos.
Lo que termina de agravar la cuestión es que uno de los oficiales involucrados en esta persecución y disparos a niños en un transporte escolar también estuvo involucrado en otro suceso que en ese caso acabó con la vida de otro oficial de la Policía. Fue una especie de salidera de una sucursal de un banco que estaba siendo asaltada. Como dato: en el caso del transporte escolar y este último usaron el mismo auto para ambos operativos.
Luego de esta breve descripción me saltan unas cuantas preguntas para el comandante de la Policía Nacional y para el viceministro de Seguridad Interna: ¿Qué hacía “trabajando” en la calle un oficial que está en plena investigación por un incidente donde murió un camarada? ¿El auto que estuvo involucrado en el incidente de asalto a un banco y muerte de un oficial de Policía no debería estar bajo custodia? ¿Cómo puede estar circulando tranquilamente y usado como transporte de policías? ¿Por qué los policías estaban de civil? ¿Qué tipo de “tarea investigativa” realiza la Policía en estas condiciones? ¿Cuál es la situación en la que se encuentran los sumarios abiertos a policías? ¿Esos sumarios determinan como máximo castigo la rotación de los investigados a zonas de menor exposición, como los bañados o en alguna comisaría del interior? ¿Le damos la peor seguridad a las zonas más conflictivas? ¿A alguien del Gobierno le importa el hecho que la Policía Nacional ande a los tumbos y tirando su imagen al viento?
¿El acto de inicio de deliberaciones del Tribunal de Calificaciones es simple y puro protocolo? ¿Por qué se sabe casi nada sobre el trabajo que desarrolla el departamento de Asuntos Internos de la Policía Nacional? ¿Quién le hace el seguimiento a todo este trabajo? ¿Por qué cuando alguien está investigado ingresa a la sede fiscal o policial los expone a los medios, pero si se trata de un camarada no permiten preguntas? ¿Por qué en el comunicado que lanzó la Policía Nacional en la noche del lunes se menciona que los agentes estaban en una tarea investigativa y luego el viceministro Sosa Pasmor desmiente tal hecho? ¿Hasta qué punto el comandante puede esquivar la responsabilidad de este hecho? ¿El jefe de la brigada no sabía del hecho? ¿Quién nos garantiza a los ciudadanos que si un policía nos dice alto en la próxima barrera estaremos seguros? Y principalmente: ¿Quién nos cuida?, traducido al francés: ¿Quién carajos nos cuida?
Bueno, basta. Podría seguir, pero ya son tantas preguntas que tengo temor de que no alcancen las respuestas. Ojalá y me respondan, aunque sea la mitad de ellas.
En esta columna acostumbro escribir casi, exclusivamente, de Política y Comunicación Política. Esa mala palabra que empieza con p y termina con a. Y señores, de esto también se trata la política: de que los ciudadanos recibamos seguridad del Estado, y no terror y miedo. Que no sea que luego los políticos se quejen cuando los ciudadanos decidan apostar por experimentos políticos traídos de los pelos.