Uno podrá objetar o cuestionar varios aspectos de la gestión de gobierno de Horacio Cartes en el Paraguay, pero si hay un punto en el que hasta sus principales detractores de la prensa lo han valorado es en haber apostado a la transparencia absoluta de la información pública, no sólo al promulgar la ley respectiva sino al haber aplicado la máxima de que “lo público, debe ser público”.
Lamentablemente, lejos de seguir con esta política, el gobierno “de la gente” de Marito Abdo en sus primeros seis meses ha dejado muchas más sombras que luces en este sentido. Sólo basta recordar lo ocurrido en Petropar al inicio de su mandato que hasta ahora no se aclaró o la reciente compra “direccionada”, que fue disfrazada de licitación pública para ampliar la red de fibra óptica nacional, admitida por su propio viceministro del MITIC.
O también lo acontecido en la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), donde la ministra Karina Gómez, se negaba dar a conocer detalles de los contratos y procesos para el usufructo de bienes comisados, entre los que se encontraba la quinta Nápoles, del imputado por narcotráfico Javier “Cucho” Cabaña, hasta que finalmente al verse acorralada por la presión de los medios y la recomendación de la Secretaría Anticorrupción del Ejecutivo, tuvo que dar a conocer los detalles del contrato cuyos matices apenas conocidos ya están dando que hablar.
Al mismo tiempo, se supo que unos 66 intendentes y dos gobernadores no presentaron aún las rendiciones de cuentas de los millonarios fondos recibidos del Fonacide y los royalties transferidos de julio a diciembre del año pasado. El plazo para dichas presentaciones ante la Contraloría General de la República había fenecido el pasado 15 de enero.
El incumplimiento de este requisito nos hace sospechar como mínimo de una deficiente gestión de los jefes comunales y autoridades departamentales. Pero, la consecuencia más nefasta sería que una mala ejecución o el desvío de estos fondos implicará un daño todavía más terrible que es dejar de dotar a las comunidades más carenciadas de la infraestructura necesaria para la educación de miles de niños y jóvenes que acuden cada año a las aulas.
Para completar el panorama, aparece la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, con una acción de inconstitucionalidad promovida ante la Corte Suprema de Justicia para evitar que sus cuentas sean auditadas por el órgano superior de control de nuestro país. Y eso que a poco de asumir, la alta funcionaria había prometido abrir las puertas de la institución y dejar que la Contraloría cumpla con el rol para el cual fue creado por mandato constitucional.
Ahora la burda excusa ensayada es que el contralor Enrique García se encuentra imputado y podría utilizar las auditorías ordenadas al Ministerio Público como un mecanismo de presión para su caso lo cual resulta descabellado pensar.
En este caso, la cuestión de fondo es que no se puede personalizar el ejercicio de funciones que son regladas, pues tanto Sandra Quiñónez como Enrique García ocupan sus cargos con rango constitucional, cuyas funciones a su vez se rigen por lo dispuesto en nuestra Carta Magna, por consiguiente el cumplimiento de sus respectivos deberes así como el de todas las autoridades electas o que ocupan altos cargos, están regidas por las leyes y, en consecuencia, su cumplimiento de carácter obligatorio.
Y eso que el de la Fiscalía no es el único caso, puesto que según informó recientemente la CGR, son 156 las instituciones que presentaron acciones de inconstitucionalidad para evitar rendir cuentas ante este órgano, lo cual es un indicativo de que aún queda mucho camino por recorrer en materia de transparencia en el sector público.
Cuando alguna autoridad pública se niega a transparentar su gestión o quiere ocultar información, es porque teme que se descubra alguna irregularidad. Es por ello que se requiere de una decisión política firme que no deje lugar a especulaciones o que genere más incertidumbres. Y eso solo puede lograrse cuando el ejemplo viene de la máxima autoridad de un país.
Es momento de instalar una cultura del control y consolidar lo que se ha logrado hasta el momento en materia de transparencia en la gestión pública. Esta debe ser vista no sólo como una actitud vigilante sino como una herramienta para hacer las cosas bien en condiciones de calidad, como una manera de ser defensores de patrimonio público. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.