- Por Dany Fleitas
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Hay que decirlo con todas las letras y a pesar de que quieran negarlo, el gobierno de Fernando Lugo, más que cualquier otro, tuvo la brillante oportunidad en el 2010 específicamente de frenar y enterrar de por vida la demanda promovida contra el Estado paraguayo por los supuestos hechos de tortura en los que habrían sido víctimas Juan Arrom y Anuncio Martí, sindicados por la justicia paraguaya como responsables del secuestro de la empresaria María Edith Bordón de Debernardi, quien reconoció a ambos.
La denuncia de terrorismo de Estado fue impulsada por las hermanas Arrom ante la Corte Internacional de Derechos Humanos en el 2002, pero esta instancia recién en el 2008 admitió como válidas las pruebas arrimadas y decidió llevar adelante un juicio contra Paraguay, en el que estamos envueltos hoy. En el 2010, en pleno gobierno de Fernando Lugo, la Comisión planteó realizar reuniones para llegar a un acuerdo amistoso, pero tanto los denunciantes como el Estado decidieron sospechosamente que no estaban dadas las condiciones para tal arreglo amistoso.
¿Y quiénes eran las partes que decidieron no llegar a un acuerdo amistoso? De un lado estaba el gobierno del ex obispo, quien en teoría como jefe del Ejecutivo, máxima figura del Estado paraguayo –quien juró ante la Constitución Nacional al jurar en 2008– debería haber defendido a capa y espada los verdaderos intereses de la República; por el otro, Juan Arrom y Anuncio Martí, personas que ya todos sabemos que fueron los fundadores del Partido Patria Libre, donde fueron formados jóvenes con la ideología marxista que luego se abrirían para ir a conformar el Ejército del Pueblo Paraguayo o EPP, con los resultados que ya todos sabemos.
¿Qué tenían en común el ex gobierno de Lugo y el Partido Patria Libre de Arrom y Martí? Poco o nada sabemos con certeza, pero sí muchas preguntas y sospechas. A lo mejor coincidían en el sesgo ideológico solamente, a lo mejor tenían en común objetivos políticos de llegar al poder nomás, o a lo mejor tenían nobles propósitos de recaudación para financiar sus respectivos proyectos. Es probable que nada en realidad, pero el ex obispo no puede sacar la nalga de la jeringa y hacerse del ñembotavy (desentendido). En el 2010 pudo haber sentado a su procurador general ante ambos en la CIDH para entablar un acuerdo amistoso, pero no lo hizo.
A partir de esos sucesos podemos inferir muchísimas cosas, dudar de muchísimas personas y de sus intenciones, más aún conociendo a los protagonistas que envuelven a esta triste historia en que dos de ellos, prófugos de la justicia por secuestro, fueron los fundadores del extremo movimiento izquierdista PPL.
En este sentido, sabemos también de las vinculaciones que tienen desde la década del 90 los dirigentes de izquierda de nuestro país con líderes de organizaciones campesinas que años más tarde fueron reconocidos por fotos y videos como gente vinculada a los grupos criminales que hoy tienen secuestrada gran parte de la zona norte de la República, donde se producen ataques terroristas, secuestros, atentados a las fuerzas del orden y un oasis para el tráfico ilícito de mercaderías.
¿Por qué Fernando Lugo, la Procuraduría General de la República y la Fiscalía General de aquel periodo gubernativo no movieron un dedo para llegar a un acuerdo amistoso con los demandantes? Es la pregunta que no supo responder ayer a los medios la senadora Esperanza Martínez. Primero admitió la responsabilidad del gobierno del ex obispo, pero luego trastrabilló al pedir que la prensa dirija también las preguntas a la Justicia. No hay que olvidar que la doctora Esperanza Martínez, junto a su colega médico Jorge Querey y Héctor Lacognata, fueron tres de los 13 médicos que avalaron el parte médico –en un sanatorio privado– que supuestamente constata los rasgos de tortura sufrida por Arrom y Martí.
No es un dato menor que varios de aquellos firmantes del parte médico del 31 de enero del 2002 ocuparon 6 años más tarde cargos de relevancia en el gobierno de Fernando Lugo. Por citar solo a dos, Esperanza Martínez fue ministra de Salud y Héctor Lacognata ministro de Relaciones Exteriores. Ambos, como profesionales médicos, quienes en teoría corroboraron las torturas (no podemos ver el informe médico), sabían más que nadie que de admitirse las pruebas en la CIDH le iban a caer con todo al Estado por esos hechos.
Martínez y Lacognata, este último responsable de las relaciones internacionales del Paraguay, al menos debieron ser lo más celosos custodios de los intereses de la República, diciéndole y recalcándole una y otra vez a Lugo que era muchísimo mejor llegar a un arreglo amistoso que entablar un pleito largo y costoso. Pero eso no ocurrió y hoy estamos por indemnizar a dos delincuentes secuestradores, con cuyo dinero podrían financiar cualquier cosa. ¿Dejaron pasar a propósito? Quizá nunca lo sabremos, quizá sí, pero lo cierto y concreto es que, como siempre, el Estado puede soportar todo y es la mejor caja pagadora siempre.