Por Fernando Filártiga, Abogado

A menudo nos referimos al cambio de paradigmas asociado a la era tecnológica y la necesidad de prepararnos como país para aprovechar el impulso de los nuevos tiempos. Hoy comentamos un ítem infaltable en la lista de preparativos: la promoción de las empresas emergentes internacionalmente conocidas como startups.

Una startup es más que una compañía incipiente o de arranque; es una empresa basada en tecnología e innovación que propone un modelo de negocios distinto a los más arraigados del mercado para generar nuevos nichos. Existen en prácticamente todos los segmentos (financiero, transporte, alimentario, etcétera), crecen y se reproducen en progresión geométrica alrededor del mundo.

Del concepto resulta obvio el porqué promocionarlas: las startups conjugan tecnología, emprendedurismo e innovación en una unidad de negocios coherente y lucrativa. El cómo hacerlo es menos obvio, pero comienza por identificarlas y diferenciarlas de las empresas tradicionales.

Identidad legal. Es lo que algunos pretenden en España con la iniciativa de elaborar una “Ley de fomento del ecosistema de las Startups” que se encuentra sujeta a consulta pública hasta el 25 de enero. Para los proponentes de esta iniciativa, las leyes de apoyo al emprendedurismo (11/2013, 14/2013, 25/2015) y de financiación empresarial con figuras como crowdfunding (5/2015), relativamente nuevas y vigentes en España, no serían suficientes: otra ley especial debería dedicarse en exclusiva a definir las startups como sujetos de derecho distintos y regular elementos para potenciarlas, desde simplificación de trámites administrativos hasta incentivos tributarios.

Trazando un paralelismo, la interpretación combinada de las leyes mipymes (4.457/12, 5.638/16) y de fomento de la cultura emprendedora (5.569/16) presenta un marco bastante receptivo para las nuevas unidades de negocio, dejando espacio a iniciativas como la española para ajustar más la normativa en torno al concepto de startups como sujetos de derecho nuevos y distintos.

Ciertas acciones concretas. Al margen de ese espacio para ajustes conceptuales, las leyes vigentes en Paraguay ya dotan de herramientas promocionales relevantes entre las que destacamos la creación de incubadoras de startups.

Según el Art. 18 de la Ley 5.569/16, el MIC facilitará la creación de “Centros de Incubación de Empresas” en todo el país para “acompañar el desarrollo de ideas que tengan un alto potencial de comercialización”. Las startups parten de un emprendedor con una buena idea susceptible de acabar en fracaso sin un plan de negocios adecuado y financiamiento. Usualmente, el emprendedor no sabe cómo montar una empresa ni cuenta con la experiencia o los fondos para hacerlo. Las incubadoras asisten en el delicado proceso que va desde la concepción de la idea hasta su alumbramiento y viabilidad comercial. En Paraguay, tenemos el ejemplo de Incuna en la Universidad Nacional de Asunción, el cual puede replicarse y hasta perfeccionarse en los Centros del MIC. Entre otras medidas de incentivo, la ley 5.569/16 también pretende facilitar que “ángeles inversores” provean capital privado, conocimientos y redes de contacto a los emprendedores.

Del otro lado, la normativa también exhibe vacíos. Una figura que según nuestras interacciones recientes con startups es extremadamente útil y no está desarrollada en el medio local, ni citada en la ley, es la de las aceleradoras. Su rol es parecido al de las incubadoras, pero las aceleradoras entran en acción cuando las empresas ya están del todo gestadas y requieren de un impulso específico. Ayudan a precisar los segmentos y productos en función de ventajas comparativas, extender contactos y atraer capital. Los programas de aceleración son de una duración limitada al cabo de la cual la empresa se gradúa y entra en la órbita del mercado con mayor probabilidad de éxito.

En fin, el marco legal es siempre perfectible y suele serlo más en torno a figuras novedosas como las startups. Nos queda pendiente evaluar cómo distinguirlas e identificarlas mejor en el ordenamiento jurídico y llenar ciertos vacíos propios de normas de fomento general al emprendedurismo, como ahora pretenden hacerlo en España. Entretanto, las leyes vigentes en Paraguay ya permiten al Estado promocionar las startups, lo cual es prioritario.