La Justicia Electoral es en nuestro país la única institución que ha sido sometida regular y sistemáticamente a controles nacionales e internacionales, de evaluación de su gestión. Valga simplemente repasar los informes de las respetables instituciones que la han auditado in situ, en vivo y en directo, a plena luz de la opinión pública, y esto durante todo el período electoral de esta transición en que las elecciones han dado credibilidad y solvencia a procesos políticos que, por el contrario han estado plagados de chicanerías, violaciones de la ley, matufias e intentos sucesivos de fraudes, controlando las mesas electorales. ¡Hasta apañando las encuestas y, colmo de los colmos del cinismo, culpando después a las encuestas de los resultados electorales! En fin, disparates aldeanos de una política “carpera”, como diría Eligio Ayala.
El último escandalete, que adquirió relieves de seriedad, pese a que no hubo un cuestionamiento serio de los resultados, fue en las más recientes elecciones; hasta hoy, el perdedor no ha reconocido verbalmente la derrota y saludado, como es habitual en democracia al ganador; después de que se inflaron y se desinflaron cifras, dando la victoria al actual presidente, cosa que el candidato opositor no reconoció, verbalmente, aunque lo recibió como a presidente, en el propio seno de su partido –en vez de echarlo por fraudulento–, para dialogar sobre temas que tienen que ver con las funciones de gobierno. ¡Tonto, pero no boludo!
La realidad es que, como en el inicio de la transición y con la nueva Constitución flamante, las cosas se hicieron bastante bien: tres ministros, propuestos por las tres fuerzas políticas mayoritarias: un colorado, un liberal y un independiente. Desde entonces hasta hoy las elecciones han sido cuestionadas… por los perdedores, pero el proceso ha funcionado y tanto los observadores internacionales de la región como de Europa han considerado las elecciones nacionales como procesos legales y válidos.
Quedó sólo un punto de descontento general, político, para variar, ya que la repartición no otorgó a cada partido un candidato, con lo que a estas alturas tendríamos jueces por docenas, incluyendo a las o los cónyuges en la línea sucesoria, por si caía otro cargo…¡sobre la marcha!
Habiéndose ampliado el partidismo, considerado ya en general y en particular como la mejor fuente y la mejor pagada de trabajo a nivel nacional, lo que plantean los diputados, más que un juicio político, por haber convocado a elecciones ante la eminente “vacancia” de un cargo electoral. ¿Qué delito puede haber en que un tribunal electoral convoque a elecciones, en caso de vacancia, que es su función principal? En eso, y es notable en nuestra palestra política, han coincido oficialistas y opositores…
¿Quiénes se oponen? Los “cargo pota”, los aspirantes a los nuevos cargos; algunos ya han cometido sincericidio y han declarado que les corresponde tener un miembro de su partido o facción en el Tribunal Electoral.
Ahora la cuestión es más inquietante, ya que los que reclamaban la renuncia, de la intendenta, comienzo del despelote, no la aceptan, y en vez de apurar el trámite lo dilatan en base a especulación política coyuntural buscando, más el acomodo propio que la cuestión de fondo: dilucidar lo antes posible si hubo o no malversación en la administración, procesar a los culpables, y llamar a elecciones para elegir a la sucesora o el sucesor de renunciante intendenta, sin que eso descarte la investigación del caso para lo cual el Gobierno ha nombrado a una jurista que, insólitamente en nuestra política, ha sido bienvenida y reconocida profesionalmente. Aunque parece que en el Este aún no se han enterado.
Aquí vale la pena una pausa y una aclaración, dado que uno de los más influyentes líderes que han llevado a cabo esta operación “anticorrupción” se autoproclama y autodenomina Kelembu; valga la pausa para la traducción del guaraní al español. Me remito al diccionario del Dr. Prof. Ramón Silva: “Ordinario, de mala calidad, feo”. Lo de feo es lo de menos, aunque bastante fea es la situación que se está creando para ver quién se queda con el cargo, porque la “intervención” anticorrupción parece haber quedado ya en un segundo plano… y puede ser que más de un kelembu esté operando con algunas tonadas kele’e –“alabanza con algún interés, adulón en forma servil “para sacar algún provecho”.
Sería bueno que los diputados cumplan con su función, en vez de pasar de largo a unos cuantos municipios denunciados, aprovechando el bochinche creado, sin siquiera investigarlos.
Vale la pena tener en cuenta el panorama general, porque, si no, como ahora, entre el kelembu y el kele’e, la democracia que el histórico Cabildo debe representar, va a terminar en la lucha por los cargos, quedando en el olvido la administración del Este, y, en general, el saneamiento de las administraciones municipales.
Será justicia.