- Por Eduardo “Pipó” Dios
Una recurrente muletilla de la política es la famosa independencia de poderes.
Supuestamente los tres poderes, los más tradicionales y conocidos son independientes y no se ven sometidos o subordinados a los caprichos de los otros dos.
Antes de que empiece a reírse, déjeme redondear la idea por favor.
En la práctica, el Legislativo es el superpoder, saca y pone presidentes de la República, interpela y censura funcionarios y nombra, juzga y destituye jueces y ministros de la Corte.
Al Legislativo solo lo juzga el Legislativo, tienen fueros y coronita.
Así, si de repente a algún loquito o loquita en el Poder Judicial o en el ministerio se le ocurre hurgar mucho en la vida de algún legislador o de sus amigos, compinches y parientes, se lo amenaza con el Jurado de Enjuiciamiento y suele calmarse.
Claro que si surgiera algún ministro de la Corte que empezara a apretar, en el buen sentido, y a difundirlo, sería más complicado para los muchachos sancionarlo así nomás. La presión de la opinión pública, últimamente, anda rompiendo paradigmas inclusive contra la voluntad de las corporaciones mediáticas acostumbradas a elegir a su gusto y paladar los blancos, decidiendo quiénes son buenos y quiénes malos.
Un arma certera contra la corrupción es el Ministerio Público, la Fiscalía General del Estado, o al menos, debería serlo. Lo que pasa, como en todos los estamentos donde mete la mano la política, es que se puso a “amigos leales” y no a ciudadanos idóneos, comprometidos y decididos a cumplir con su tarea.
El último fiscal, puesto por Fernando Lugo, llegó al punto de terminar preso por sus tropelías, una gestión más que lamentable de alguien que no prometía más que eso desde un inicio.
Es que a diferencia de un juez y hasta de un ministro, el Fiscal General es único y muy poderoso. Maneja a todos los fiscales y puede incidir decisivamente en las investigaciones de sus subordinados. Es así como Díaz Verón se hizo fuerte e inexpugnable y hubo que golpear muy fuerte para sacárselo de encima.
Cuando surgió el nombre de Sandra Quiñónez, saltaron los ataques inmisericordes, la mayoría solo atacando al propulsor de su candidatura, el entonces presidente Horacio Cartes. Si bien se trató, afortunadamente con poco éxito, de endilgarle supuestas actuaciones dolosas de manera bastante traída de los pelos, esto no prosperó.
El problema era Cartes, no Sandra. Lo más ridículo que es una potestad constitucional del Presidente seleccionar el candidato de la terna propuesta, pero el nivel de fanatismo de algunos políticos, algunos medios y algunos periodistas no dejaban espacio para explicar nada de eso. Simplemente lo que propusiera Cartes estaba mal. Igualmente, y por suerte, hubo algún resquicio de sentido común en una mayoría del Senado y lograron aprobar la nominación.
Igual esto no significó que algunos elementos de la prensa, algunos de puro fanáticos y otros probablemente rentados por otros aspirantes o por los poderes fácticos, cesaran con los ataques furiosos más hormonales que fundados contra la nueva fiscala general, le siguieron tirando con todo, sin darle siquiera uno de los cien que hoy le dan, pese a las constantes fallas y tropelías al primer mandatario.
Pero a diferencia de este último, Sandra Quiñónez ha demostrado con sus actuaciones desde los primeros días una rectitud y eficiencia, que pese a que muchos esperábamos esto de ella por sus antecedentes personales y profesionales, nos siguen sorprendiendo gratamente.
Ni el hecho de haber financiado la campaña del actual oficialismo les ha servido a algunos capos narcos para escapar de las investigaciones y procedimientos de la Fiscalía. Tal es así, que el propio Ejecutivo tiene miedo y nombra comisiones investigadoras de dudosa validez legal y de dudoso fin para evitar que la Fiscalía meta las narices en los posibles fatos de Petropar.
Es clave que la ciudadanía entienda estas cosas y siga apoyando el trabajo de la Fiscalía. Es el primer gran paso para que la impunidad deje de reinar cómodamente en este país.