• Por Fernando Filártiga
• Abogado

El ánimo de lucro es inherente a los mercados financieros: a mayor utilidad, mejor la inversión. Pero necesidades y conceptos de nuestra época como la defensa del ambiente y la responsabilidad social de la empresa, plantean objetivos adicionales al solo retorno económico. La banca multilateral, gobiernos y el sector privado, sensibles a ello, han diseñado vehículos financieros como bonos verdes y bonos sociales que permiten al inversor generar un impacto positivo en la comunidad, además de ganar dinero.

Bonos verdes. Frenar el deterioro del ecosistema es la causa común de la humanidad, pues no existe plan o beneficio que pueda sobrevivir a la eventual inhabitabilidad del planeta. En este sentido, los bonos verdes sirven para canalizar recursos hacia proyectos ambientalmente sostenibles.

Como título financiero, el bono verde no difiere en estructura de uno convencional. Es un instrumento de captación de deuda, de renta fija generalmente, por el cual el emisor (público, privado u organismo multilateral) se obliga a pagar intereses y devolver el capital al tenedor, transcurrido cierto lapso.

La emisión es “verde” en función al destino que el emisor dará al dinero captado, puntualmente: de los objetivos del programa que financiará la deuda. Aquí, un marco de referencia a nivel global está en los Principios del Bono Verde (GBP, por sus siglas en inglés) de la International Capital Market Association (ICMA), guía voluntaria que define los instrumentos, establece las normas (administración y destino de recursos, evaluación y selección de proyectos, reportes a tenedores) y recomienda revisiones externas para certificar la calidad “verde” de las emisiones.

La guía GBP (edición actual de junio, 2018) contiene una clasificación enunciativa de proyectos elegibles, con componentes como energías renovables, biodiversidad y tecnologías productivas sostenibles, etcétera, a los cuales deben destinarse los fondos captados.

Si bien estos bonos representan una porción aun pequeña del endeudamiento global, hay cada vez más demanda. Dejaron de ser una opción meramente altruista para convertirse en un vehículo asociado a emprendimientos de gran porte. Esto ha sucedido en México, donde mediante deuda verde soberana se obtuvo financiamiento para un nuevo aeropuerto en su capital.

En la esfera de las multilaterales, solo el Banco Mundial suma más de US$10 mil millones de emisión verde en 10 años, con una evaluación de impacto a disposición del público (Green Bond Impact Report) y apoya a países emergentes como Fiyi, un archipiélago del Pacífico azotado por fenómenos naturales, en la oferta de bonos verdes soberanos.

Bonos sociales. Al igual que los anteriores, estos títulos son configurados como “sociales” por el emisor en función a una guía internacional de adhesión voluntaria: Principios del Bono Social (SBP, por sus siglas en inglés), también de ICMA. Como indica su nombre, catalizan inversiones hacia desafíos comunitarios globales que van desde infraestructura básica (servicios sanitarios, agua potable, vivienda popular) hasta seguridad alimentaria, etc., con foco en poblaciones por debajo de la línea de pobreza, desempleados, migrantes y desplazados, vulnerables en general.

Los bonos sociales atraen a inversores parecidos a los del bono verde, cuando no los mismos, con la diferencia que el destino del financiamiento se amplía a los grandes dilemas socio-económicos de nuestro tiempo.

En la región, Colombia con apoyo del BID/FOMIN y Suiza, ha implementado la variante del bono de impacto social, un vehículo vinculado a un esquema de alianza público-privada para programas sociales. Se capta dinero privado para financiar estos programas y el retorno que paga el Estado depende de resultados específicos, certificados por evaluadores independientes, lo cual refuerza el compromiso del inversor.

Nuestro caso. Sobran razones para promover en nuestro país estos vehículos en auge a nivel internacional. En cuanto a la inversión verde, somos productores de alimentos, por tanto, especialmente sensibles a las consecuencias del cambio climático y hemos adherido al Acuerdo de París sobre la materia (Ley 5.681). En el plano social, el combate contra la pobreza y en favor de la equidad requiere de fondos frescos extragubernamentales, aun mejor si provienen de un esquema de alianza público-privada.

Lo importante es dar señales claras, idealmente desde el Gobierno. Pensar en sumarse a la corriente de economías emergentes que emiten bonos verdes soberanos, con apoyo de organismos multilaterales o especializados, e ir precisando reglas de juego en el plano doméstico, sin alentar burocracias. A modo de ejemplo, la Bolsa de Comercio de Santiago cuenta con una guía que incorpora los GBP/SBP y, en este momento, la Comisión Nacional de Valores argentina somete a consulta pública lineamientos para la emisión de bonos sociales, verdes y sustentables.

No menos importante es que el sector privado sea atraído por la oportunidad de impacto que los nuevos bonos añaden al tradicional retorno pecuniario de sus inversiones.

Y ambos, gobierno y particulares, deberíamos comprender cómo la asociación de Paraguay con una marca verde e innovadoras fórmulas de equidad favorece la reputación-país, al tiempo de ampliar recursos para acciones prioritarias.