- Por Fernando Filártiga
Avanza el estudio del proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2019. La semana pasada, el Ministerio de Hacienda concurrió al Poder Legislativo para defenderlo ante la comisión bicameral que lo analiza.
Se trata de un proyecto preparado en la transición entre gobiernos, que plantea elevar el gasto de la administración central en el área social (7%) y, específicamente, las asignaciones para salud (12,5%), educación (11,4%), seguridad (2,25%), entre otras, respecto del PGN vigente. Por el lado de los ingresos, además de los recursos genuinos, se prevén desembolsos de créditos multilaterales y la emisión de bonos soberanos. El déficit ascendería a 1,5% sobre el PIB, dentro del margen autorizado en la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF).
La discusión del PGN es de marcado interés público, más en esta época de rediseño de la democracia participativa. Como un análisis completo excedería esta nota, compartimos solo algunas reflexiones generales para comprender la importancia del PGN y el test que representa para la clase política.
Ley fundamental. La ley fundamental es la Constitución de 1992 (CN) y en términos formales, el PGN es una ley primaria más, de rango equivalente a otras que sancione el Congreso (Art. 137 CN). Pero, de hecho, el PGN destaca en el ordenamiento jurídico como ley elemental de las finanzas públicas, porque estima y destina los recursos del erario para mantenerlo en funcionamiento y realizar sus fines. Sin PGN, el Estado se reduce a una entelequia de papel, una maquinaria ociosa e incapaz de honrar sus obligaciones o promover los derechos que consagra la CN.
Radiografía. Un PGN universal y unitario como el nuestro, que reúne en un solo documento todos los ingresos y egresos estatales (Art. 6º, Ley 1.535/00), es la mejor radiografía política posible. Tan solo el concepto de prioridad fiscal permite deducir cuán importantes son para el gobierno determinados sectores y programas, en función a los recursos que les asigna en el tiempo. Recursos acotados para necesidades ilimitadas. En este sentido, mantener la tendencia en alza de la inversión social del último quinquenio, es coherente con el crecimiento sostenido de la economía y necesario para continuar el combate contra la pobreza en aras de la equidad.
Transparencia, calidad, ejecución. Quizás el mayor beneficio de la transparencia informativa (Ley 5.282/14) ha sido la calidad del gasto. Porque la información ha mejorado la imagen de esa radiografía que proyecta el PGN y permitido precisar las erogaciones públicas, socializarlas, controlarlas mejor y redirigirlas a las áreas de gran impacto en el desarrollo, como infraestructura. A su turno, igual o más importante que la cuantía de recursos destinados a los programas, es la capacidad de ejecutarlos y el valor social emergente. Por ello, resaltamos las propuestas del Ministerio de Hacienda de: (a) crear una comisión técnica público-privada para el análisis del gasto público y (b) coordinar un plan fiscal de mediano plazo (mensaje del proyecto).
Examen. Si bien la ley consagra los principios de equilibrio, que prohíbe gastos al descubierto o desfinanciados, y de responsabilidad fiscal (Ley 1.535/00 y LFR), su observancia en la configuración del PGN es el examen al que año tras año se somete la clase política, a partir de septiembre (Art. 216 CN), para consolidar la institucionalidad y sostenibilidad financiera del Estado. El daño que irrogaría claudicar de estos principios en el altar del populismo es incalculable, sobre todo ante la coyuntura económica internacional tensa e incierta.
El proyecto elaborado por el Ministerio de Hacienda supera ese examen, pero también debe hacer lo propio el legislador al sancionar el PGN 2019. Entre el proyecto de Hacienda y la sanción de la ley media uno de los procesos de debate más complejos de la democracia, donde se conjugan demandas de las reparticiones públicas insatisfechas con sus asignaciones, posiciones de bancadas, pugnas partidarias, ideológicas y hasta visiones de Estado disímiles.
Si existe un tema que por antonomasia debiera interesar a la sociedad en este recodo del ciclo político es que del Congreso emane un PGN equilibrado, responsable, alineado con las prioridades de política pública de un Paraguay camino al desarrollo y sensible a la coyuntura internacional.