- Por Jorge Torres Romero
En medio de la conmoción por la trágica muerte de los funcionarios del gobierno, saltó el inesperado fallo de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que anuló la condena a los 11 campesinos involucrados en la masacre de Curuguaty.
El hecho provocó la reacción del Ministerio Público, que calificó como “nefasto y grave” el fallo judicial y, sobre todo, el sabor a impunidad que arroja un caso emblemático.
Los mismos que ayer condenaron a esta Corte por prevaricadora, corrupta y sometida al poder de turno, son los que hoy aplauden la decisión sin objeción alguna. Son los mismos que desde un tiempo a esta parte se tomaron la gran atribución de decidir qué fallos acatar y qué fallos pisotear.
Sin siquiera intentar desmenuzar para comprender los fundamentos y pruebas expuestas en el juicio, se han asumido posiciones contaminadas y sesgadas por dos elementos claves: el sensible tema campesino y la influencia política.
Fue tan fuerte el grito de un sector político (Frente Guasu) que perdió el poder por su incapacidad de dirimir un conflicto que lograron sumar voces de quienes ideológicamente le hacen un guiño y otros que por una cuestión de lo políticamente correcto, siempre estarán a favor de ese sector más vulnerable como son los campesinos.
Es un cóctel perfecto: el humilde campesino que pelea por un pedazo de tierra sobre el latifundista perverso. Con esta lectura es que se pierde el foco central del tema, en el que el Estado debe garantizar el respeto a la propiedad privada. Punto de partida central para luego seguir por las eternas y válidas reivindicaciones de la lucha por la tierra.
Lo que deja este fallo último de la Corte, antes que encauzar lo que supuestamente se hizo mal, es abrir la puerta para la promoción de nuevas invasiones de tierras, patrocinadas por ese mismo sector político que levanta la bandera de la lucha histórica y lo único que generará es caos, peleas entre paraguayos y la completa extinción del Estado de derecho. 0
Y a esto se suma el componente político coyuntural. Un nuevo gobierno que asume y que intenta lograr adeptos fuera de su propio partido político, por lo que está dispuesto a “negociar” con quien sea en aras de la supuesta gobernabilidad. Todo esto por un mero capricho, arrogancia, inmadurez y ausencia de liderazgo. Negociarán con quienes, más temprano que tarde, terminarán traicionándolos para también ellos llegar al poder.
Este fallo de la Corte bien podría leerse como fruto de uno de los acuerdos del presidente electo Mario Abdo Benítez con el ex obispo Fernando Lugo mirando ya los cinco años del gobierno futuro. Acuerdos que ya se fueron dando desde la convocatoria ilegal de Lugo a dos senadores no electos ni proclamados para que asuman su banca.
Esta Corte siempre ha actuado conforme a los intereses de quienes están en el poder real. Esta misma justicia que arrancó el coqueteo con los futuros inquilinos del Palacio de López con el fallo del caso de los helicópteros de Filizzola, cuyo abogado de la firma española proveedora es el futuro ministro del Interior de Abdo Benítez, Juan Ernesto Villamayor.
Apenas se dio a conocer el fallo del caso Curuguaty, el Frente Guasu ya anunció que acompañará el acuerdo para la designación de Nicanor Duarte Frutos como director de Yacyretá.
Bien podría leerse que la última decisión de la Corte forma parte de la prenda de paz para dilatar el rimbombante anuncio que había hecho en campaña el presidente electo de sanear el Poder Judicial, con la salida de todos los ministros de la máxima instancia judicial. Total, no sería la única mentira e hipocresía a la que nos tendrá acostumbrado el futuro presidente. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.