Uno de los temas en la agenda pública financiera más impor­tante y necesaria de las últimas décadas en nuestro país es la reforma del sistema previsional que admi­nistra las jubilaciones y pensiones del sec­tor estatal que, como sabemos, funciona bajo un esquema de reparto, por el cual los aportes de los trabajadores activos finan­cian a los jubilados en el presente.

Sucedió que con el correr de los años, se fue perdiendo el necesario equilibrio entre los aportes y los haberes correspondien­tes. En todo el sistema de las cajas fisca­les se empezó a gastar más de lo que se recaudaba. Las causas son varias y desde el Poder Ejecutivo presidido por Santiago Peña, tal situación fue considerada como una amenaza no solo para las finanzas públicas sino que también para la misma economía.

Fue por ello que desde el Ejecutivo y por medio del Ministerio de Economía y Finanzas se remitió un proyecto de ley sobre el tema en cuestión, modificando diversas situaciones. El desequilibrio entre los ingresos y gastos es un hecho irrebatible a la fecha y está afectando a las arcas estatales vía impositiva que, ya el año pasado, llegó a trepar a más de cuatro­cientos millones de dólares.

En atención a esta situación, el gobierno del presidente Santiago Peña consideró pertinente realizar cambios en la edad de jubilación, la tasa de sustitución o de retorno y la edad de retiro oficial y otros. El proyecto original del Ejecutivo contaba con los elementos necesarios para evitar males mayores e iniciar las transformacio­nes subsiguientes en tiempo y forma dado que, de no hacerlas, se estaría poniendo en riesgo la estabilidad financiera del país desde el mismo Presupuesto de Gastos de la Nación.

El Ejecutivo tomó cartas en el asunto y llevó a cabo su tarea de iniciativa legisla­tiva –que por cierto– también es de com­petencia del Congreso. Más allá de esta observación, el gobierno del presidente Peña es el primero que aceptó el desafío de enfrentar el problema, aun sabiendo que ello le podría ocasionar algunos cos­tos de malas interpretaciones y antojadi­zos “argumentos” en contrario. Esto es, el gobierno actual rechazó seguir pateando el problema para adelante.

Dejar de lado un problema para que otros lo enfrenten en ningún modo está bien. Por el contrario, es de destacar que la labor de todo buen gobierno es velar no solo por los intereses del erario, sino que también y especialmente por la población. En efecto, el Ejecutivo nacional había observado que según pasaban los años y sin cambios en este sector de las cajas fiscales, el pro­blema se volvía mayúsculo hasta conver­tido en amenaza.

Había que hacer algo. Y se hizo. El Ejecu­tivo vía Ministerio de Economía y Finan­zas remitió al Congreso el proyecto de ley para evitar mayores males. Fue así que en Diputados básicamente se trató el docu­mento del Ejecutivo, aprobándose cam­bios sustanciales como, por ejemplo: que la edad de jubilación sea general para todos, esto es, desde los cincuenta y siete (57) años; la tasa de sustitución de no menos del setenta y cinco (75) por ciento y no más del ochenta y cinco (85) por ciento y se tome en cuenta los últimos diez (10) años como base del cálculo y otros como la de los hijos que ya no podrían contar con la pensión, pero sí el cónyuge correspondiente.

A lo expresado agregamos que el aporte estatal sería gradual e iría del 1 al cinco (5) por ciento y no más. De este modo, se venía un cambio importante que, y como ya dijimos en otro momento en este espa­cio, se convertía en un paso nunca antes realizado. Ningún gobierno se había ani­mado a velar por los intereses del pue­blo. Y decimos esto de modo enfático y sin rodeos, dado que algunos venían propo­niendo como “solución” al problema subir los impuestos a los contribuyentes para corregir el problema de unos pocos.

Sobre esto último el Poder Ejecutivo desde un comienzo manifestó su rotunda nega­tiva de subir los tributos para así con­graciarse con un grupo de personas que, sabiendo que tienen el derecho de peticio­nar a las autoridades, empero, no tienen derecho alguno a que otros les paguen sus haberes.

Cambiar algo que está mal para ir a otras transformaciones de fondo es el camino acertado y prudente. En la Caja Fiscal, en consecuencia, la iniciativa legislativa del Ejecutivo es la que debe primar en su tra­tamiento en el Congreso porque conviene a todos, a los sectores involucrados y a la ciudadanía en general.

La Caja Fiscal enfrenta un déficit creciente que pone en riesgo su sostenibilidad. El proyecto de ley que será tratado en el Congreso propone cambios para equilibrar el sistema y garantizar las jubilaciones.

• Por Sofía Céspedes
• sofia.cespedes@nacionmedia.com

La Caja Fiscal es el sis­tema que paga las jubi­laciones y pensiones de los funcionarios públicos en Paraguay. Funciona bajo un esquema de reparto soli­dario; los aportes de los tra­bajadores activos financian los haberes de los jubilados actuales. El problema es que ese equilibrio dejó de existir hace años y hoy el sistema gasta mucho más de lo que recauda.

De acuerdo a un análisis del sistema previsional realizado por el Ministerio de Econo­mía y Finanzas (MEF) con corte al cierre de 2023, la Caja contaba con 232.631 aportan­tes activos y 74.339 jubilados y pensionados. La relación es de 3,1 activos por cada pasivo, cuando los estudios actuaria­les indican que se necesitan al menos cinco aportantes para financiar de forma sostenible un beneficio jubilatorio. Esa brecha explica el déficit cre­ciente que hoy amenaza las finanzas públicas.

El sistema está compuesto por varios regímenes con reglas distintas. Se divide en dos grandes programas:

Programa Civil: Adminis­tración Pública, Magisterio Nacional, Docentes Univer­sitarios, Magistrados Judi­ciales y otros sectores.

Programa no Civil: Fuerzas Armadas y Policía Nacional.

Esta fragmentación norma­tiva es uno de los principales problemas del sistema, ya que conviven sectores con edades de jubilación, años de aporte y beneficios muy dispares den­tro de una misma caja.

Los números muestran que el déficit no es generalizado, sino concentrado en secto­res específicos. En 2025, la Caja Fiscal registró ingre­sos por G. 3,31 billones y gas­tos por G. 5,87 billones, con un déficit total de G. 2,56 billones (USD 380 millo­nes), equivalente a un des­balance del 44 %.

El único sector con supe­rávit operativo es el de los empleados públicos, cuyos excedentes se utilizan para financiar los desajustes del resto del Programa Civil. En contraste, los mayores défi­cits se registran en:

Magisterio Nacional, que explica cerca de la mitad del rojo total.

Policía Nacional, con un défi­cit cercano al 60 %.

Fuerzas Armadas, con un déficit superior al 75 %.

Estos sectores, además, con­centran una gran cantidad de jubilados. El Magisterio Nacional reúne casi el 50 % de los beneficiarios, mien­tras que policías y militares no cuentan con fondos acu­mulados y dependen directa­mente del Presupuesto Gene­ral de la Nación (PGN).

La gerente de Desarrollo Eco­nómico, Liz Coronel, explicó a La Nación/Nación Media que uno de los factores que más incide en el deterioro del sistema es la ausencia de una edad mínima de jubila­ción en varios regímenes, lo que habilitó retiros a edades muy bajas y un pago prolon­gado de beneficios.

“En el sector docente, por ejemplo, el 71 % de los nuevos jubilados se retiró con menos de 55 años, e incluso se regis­traron casos de personas que accedieron a la jubilación con 40 o 41 años, una situación que incrementa de forma sig­nificativa el gasto previsional a lo largo del tiempo”, precisó.

Coronel reiteró que uno de los factores que más incide en el desequilibrio es la jubi­lación a edades tempranas. En varios regímenes no exis­tía una edad mínima obliga­toria, lo que permitió retiros a los 40 o 50 años y extendió el pago de beneficios durante décadas.

A esto se suman beneficios que no cuentan con respaldo contri­butivo, como el reconocimiento de años por hijos, y esquemas de cálculo que toman el último salario, elevando artificial­mente los haberes.

Según las estimaciones ofi­ciales citadas por Coronel, si no se aprueban reformas, el déficit promedio de la Caja Fiscal para los próximos cinco años rondaría los USD 790 millones anuales. En cambio, la incorporación de una edad mínima de jubila­ción de 57 años para los sec­tores que hoy no la tienen, permitiría reducir ese défi­cit aproximadamente a la mitad. Sin cambios, advirtió, el rojo anual podría ubicarse en torno a USD 700 millones por año, lo que implicaría una presión creciente sobre el presupuesto público.

El proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo intro­duce cambios paramétricos para frenar el deterioro del sistema. Entre los puntos cen­trales se destacan: una edad mínima de jubilación, que fija un piso de 57 años para sectores que no lo tenían.

El aumento de aportes al 22 %, distribuidos entre traba­jador y Estado. El nuevo cál­culo del haber jubilatorio y el ajuste de tasas de susti­tución: los haberes se ubi­can entre el 60 % y el 85 %, según edad y años de aporte.

Los estudios actuariales del Ministerio de Economía estiman que estas medidas reducen el déficit actuarial en más del 60 % y permiten postergar el agotamiento de los recursos del Programa Civil hasta 2032.

Esta semana, la Cámara de Diputados otorgó media sanción al proyecto, incor­porando modificaciones relevantes. Entre ellas, se establece que el aporte del Estado será del 5 % y se aplicará de forma gradual (el proyecto del Ejecutivo prevé un aporte del 3 %), mientras que el aporte del afiliado será del 16 % para sectores superavitarios y del 19 % para sectores defi­citarios.

Para el Magisterio Nacional, Docentes Universitarios y Magistrados Judiciales, la jubilación ordinaria queda­ría fijada en 57 años de edad y 25 años de aporte, con tasas de sustitución de entre 60 % y 85 %.

En el caso de la jubilación extraordinaria, la edad mínima será de 55 años, con 30 años de aporte, y el haber se calculará sobre el prome­dio salarial de los últimos 10 años.

En el sector de Fuerzas Públicas, se establece una edad mínima de 57 años, con 25 años de aporte, y un cálculo del haber basado en el promedio de los últimos cinco años, eliminando la equiparación automática con los salarios de los acti­vos.

El analista económico Víc­tor Pavón habló con La Nación/Nación Media y mencionó que el tamaño actual del Estado y el nivel de déficit de los regímenes previsionales constituyen riesgos serios para la soste­nibilidad fiscal del país y la preservación del grado de inversión.

Sostuvo que el Estado debe revisar su estructura, ya que existe un sobredimensiona­miento del personal público en varios sectores, con más funcionarios de los nece­sarios para prestar servi­cios básicos. Sugirió que, si el Congreso no aprueba los cambios propuestos, Para­guay podría enfrentar una situación “muy peligrosa” desde el punto de vista eco­nómico. “Este desequilibrio no es solo un problema previ­sional, es un riesgo para toda la economía”, concluyó. Sin reformas, el déficit anual de la Caja Fiscal podría superar los USD 700 millones en los próximos cinco años, com­pitiendo directamente con recursos destinados a salud, educación, inversión pública y programas sociales. Como advirtieron expertos, el des­equilibrio previsional ya no es solo un problema de jubi­laciones sino un riesgo para la sostenibilidad fiscal y la estabilidad económica del país.

El presidente del Ins­tituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruiz Díaz, explicó que la pro­puesta de eliminar el pago del 3 % del total del inmueble para el inicio del proceso de titulación de las tierras que se encuen­tran en el marco de la Reforma Agraria tiene como objetivo “romper con esa trampa de la pobreza”, que por muchos años ha tenido atrapado al campesino, impidiendo su desarrollo social y econó­mico.

En comunicación con La Nación/Nación Media, Ruiz Díaz señaló que al entregar el título de propiedad al cam­pesino, verdaderamente se rompe ese círculo de pobreza y se permite la inclusión finan­ciera; lo que, a su vez, posibilita acceder a créditos, invertir y producir sus ganancias.

La propuesta de eliminar el pago del 3 % del valor del terreno para comenzar el pro­ceso de titulación, anunciada días atrás, cuenta con el apoyo del Ejecutivo y se plantea pre­sentar el proyecto de ley antes de que el Congreso entre en receso parlamentario. Aclaró que, con el sistema actual y vigente, muchos campesinos no tienen acceso al crédito, no pueden mejorar sus condicio­nes de infraestructura, su pro­ductividad es baja y, por tanto, sus ingresos también son bajos.

El presidente del Centro de empresarios de Transporte del Área Metropolitana (Cetra­pam), César Ruiz Díaz, indicó que su sector aguarda el pro­yecto del Poder Ejecutivo que plantea una reforma estructu­ral del sistema de transporte público.

“Nosotros vamos a colaborar para que ese pro­yecto de ley sea aplicable, no solo esperaremos la presenta­ción de la propuesta, veremos qué curso le darán. Si somos consultados, vamos a respon­der, colaborar, ese sería nuestro accionar”, sostuvo este lunes en una entrevista con el programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

La iniciativa impulsada por el gobierno del mandatario San­tiago Peña tiene como finali­dad ofrecer a la ciudadanía un servicio seguro y de calidad. La reforma no busca imponer un cambio repentino, sino avanzar de forma progresiva, tomando como referencia modelos implementados en otros paí­ses de la región.

La idea es avan­zar por etapas: renovación de flota, mejora de corredores viales, rediseño progresivo de itinerarios. Se aguarda que la propuesta sea presentada en el transcurso de esta semana ante el Congreso Nacional.

Por otra parte, Ruiz Díaz se refirió sobre el acuerdo alcanzado el pasado 18 de julio con el Gobierno mediante la instalación de una mesa tripartita para el levantamiento de paro de buses que se encontraba pre­visto para este lunes por un lapso de 72 horas.

“La medida fue levantada por haber congeniado, con­sensuado los tres puntos que eran nuestros recla­mos. Como primera medida, el Gobierno nos presenta el contrato firmado con la ANTP (Associação Nacio­nal de Transportes Públicos, de Brasil), una empresa de primer nivel contratada para generar la estructuración tari­faria; se honró el subsidio del mes de mayo y se cuenta con el compromiso de que el de junio será honrado antes de culmi­nar el mes de julio; se convocó a la comisión de tarifa para el martes o miércoles“, dijo.

El presidente de la Cámara de Senadores, Basilio “Bachi” Núñez, indicó que esperan que el Poder Ejecutivo envíe finalmente hoy el proyecto de Ley de Reforma de Transporte Público.

Aseguró que está firme el com­promiso de darle celeridad a su tratamiento porque es un tema que preocupa a todos.

En charla con varios medios de prensa, mencionó que durante la última conver­sación que mantuvo con el presidente de la República, Santiago Peña, le había con­firmado que estaría enviando al Senado la propuesta de ley el día de ayer.

No obstante, sostuvo que si no se envía en la fecha, estará coordinando para que la entrega se haga este martes durante una conferencia de prensa, aclarando que aún desconoce el contenido de la propuesta, por lo que aún no puede brindar detalles al respecto. “Quiero ver primero el proyecto que presentará el Ejecutivo; no sé qué fuente de financiación propone, no sé qué modelo se va a utilizar. Acá nosotros vamos a estu­diar a fondo, pero también vamos a tratar de darle celeri­dad en su aprobación, porque el tema de transporte público es algo que preocupa a todos”, enfatizó.