• Por Óscar Germán Latorre
• Abogado

La única verdad incontrovertible de este proceso para la designación del próximo fiscal general del Estado es que hasta el momento ningún sector político ha señalado algún cuestionamiento contra la persona de la agente fiscal Sandra Quiñónez Astigarraga. Nadie la acusó de tener un antecedente laboral de marcada ineficiencia y, por el contrario, todos reconocen su valor, su integridad y su indeclinable lucha contra el secuestro y el terrorismo en nuestro país.

La designación de un fiscal general del Estado obviamente tiene un matiz político innegable pero eso resulta del mecanismo impuesto por la Constitución: el Consejo de la Magistratura propone la terna, el Presidente de la República tiene la potestad de designar a uno de los ternados y solicitar el acuerdo del Senado, que a su vez puede conceder o rechazar el acuerdo. Luego, cualesquiera que sean los integrantes de ese Consejo, del Presidente de la República o de los miembros del Senado, el procedimiento siempre tendrá un innegable contenido político.

Personalmente, estoy convencido de que el acuerdo del Senado debe ser concedido a favor de quien en los largos años de su carrera judicial y fiscal, siempre se ha destacado y no precisamente por algún acto de corrupción. De la terna, por idoneidad comprobada, Sandra Quiñónez es definitivamente la que reúne el perfil más adecuado para ser designada como la próxima fiscal general del Estado.

Lamentablemente, concurren intereses políticos y también personales que aparentemente están incidiendo para que el Senado rechace el acuerdo requerido; algunos por intereses claramente sectarios que se hacen prevalecer por sobre el reclamo ciudadano de mejorar el nivel de funcionamiento y confiabilidad del Ministerio Público como único órgano de persecución penal en los hechos punibles de acción penal pública. En otros sectores, surgen aparentemente los intereses personales que buscan una autoprotección e impunidad ante el peligro de que en la gestión de Sandra Quiñónez puedan surgir evidencias y pruebas incontrastables de la vinculación de algunos miembros del Congreso Nacional y fundamentalmente del Senado, con el narcotráfico y especialmente con el grupo terrorista identificado como Ejército del Pueblo Paraguayo.

Las respuestas a los interrogantes que algunos amigos han esbozado necesariamente debo evacuarlas con dos preguntas no menos sustanciales: ¿Qué es lo que todos los paraguayos estamos reclamando del Estado en materia de seguridad pública y jurídica? y ¿tenemos interés de acabar con los actos de terrorismo que azotan a muchas familias con los homicidios y secuestros y todos los hechos punibles que permanecen como estadísticas negras o por intereses inconfesables estamos decididos a proteger y consolidar el crecimiento, actividad y desarrollo del llamado Ejército del Pueblo Paraguayo? Aquí no hay términos medios o luchamos todos juntos contra ese flagelo o en un futuro próximo seremos víctimas de nuestra ligereza, de nuestra complicidad o de nuestra indiferencia para abordar con convicción y fortaleza el problema que hoy nos azota a todos.

Lamentablemente, muchos políticos nos exponen diariamente al accionar de los grupos mafiosos, de los narcotraficantes, de los limpiavidiros, de los cuidacoches, de lo motochorros, de los policías y funcionarios judiciales corruptos que se constituyen en el peor enemigo de nosotros los ciudadanos y eso poco o nada les importa.

Diversas organizaciones sociales que representan a víctimas de hechos punibles que golpean a nuestras familias como lo son los robos y secuestros se está pronunciando a favor de Sandra Quiñónez porque comprenden y están convencidos de que sus antecedentes constituyen una luz de esperanza para alcanzar una convivencia ciudadana más segura y un Ministerio Público más confiable.

Por último, si Sandra Quiñónez fracasa en su gestión, pues que sea removida por un juicio político, que es el mecanismo constitucional para castigar el mal cumplimiento de funciones, la torpeza, ignorancia o la comisión de un delito por parte de quien ejerce tan importante cargo como el de la Fiscalía General del Estado. Ese es el marco constitucional que tenemos y debemos aprender a transitar por el camino que nos señala la Constitución y rechazar cualquier interés torcido que pretenda mantenernos en la situación de que los criminales son protegidos y sus víctimas son prácticamente abandonadas a su suerte, que es lo que hoy está ocurriendo a pesar de las contadas excepciones que tenemos en el sistema de justicia en nuestro país.

Lo que aquí estoy señalando son cuestiones objetivas que se amparan en la Constitución y lo hago como ciudadano preocupado por lo que lamentablemente estamos sufriendo en este momento todos los paraguayos por la inseguridad pública y jurídica existente y que tienen como causas las deficientes gestiones de los 3 poderes del Estado: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, aunque es inevitable reconocer que las mayores flaquezas y debilidades que generan los flagelos de corrupción e impunidad provienen principalmente de la gestión de los 2 últimos poderes citados.

Para no alargar este comentario, si desean debatir el problema de inseguridad, con mucho gusto trataré de compartir mi experiencia de 39 años de abogado y del honor de ser la tercera de cuatro generaciones de abogados en mi familia. Discutamos y discutiremos en todo lo que la gente quiere conocer y plantear sus discordancias, pero hagámoslo en el marco del respeto que todos nos merecemos.

Concluiré diciendo que me parece pésimo y cuestionable el proceso de designación de los magistrados judiciales impuesto en la Constitución, pero mientras esa normativa exista y no sea modificada a través de una reforma constitucional, tendremos que seguir sufriendo los males de una justicia que no es independiente y que lamentablemente se somete a las injerencias y presiones de los otros poderes del Estado, principalmente de un soberbio y consuetudinario grupo de violadores de la constitución como lo son algunos miembros de la Cámara de Senadores.

Dejemos las hipocresías de lado y trabajemos todos juntos para acabar con el EEP y la delincuencia organizada.