• Por Jorge Torres Romero
• Periodista

No debería sorprendernos que los dueños de medios de comunicación se muevan por intereses particulares y que los utilicen para sus mezquinos fines económicos sin importarles exclusivamente el interés general.

Así fue siempre y los periodistas navegamos en esas aguas turbulentas, entre el hacernos eco de lo que consideramos interés general y los negocios del patrón. Muchas veces hemos encarado campañas mediáticas sin percatarnos de que fuimos utilizados, cuando que mayormente, por no decir siempre, lo hacemos absolutamente convencidos, abrazando este oficio y defendiendo esos valores éticos que sostenemos así como las causas que consideramos justas.

Nunca nos cuentan toda la historia de lo que realmente buscan los dueños de medios o qué intereses están queriendo defender. No concibo esa idea de que el más encumbrado empresario decida adquirir un diario, un canal o una radio para entregárselos a sus periodistas al solo efecto de ejercitar ese derecho fundamental de la libertad de expresión. En parte debe ser este una de sus razones, pero no la principal.

Los medios en sí como generadores de lucro ya no son apetecibles, exceptuando los abocados exclusivamente al entretenimiento, pero sí despierta un interés real como herramienta de posicionamiento y defensa absoluta de intereses afines.

Y como ejemplo tenemos varios casos puntuales que fueron saltando en estos días como la campaña de un medio que busca erosionar y crear confusión sobre una ventajosa operación financiera en la que el Instituto de Previsión Social (IPS) dispone, sobre el superávit de la ubicación de los fondos jubilatorios, el otorgamiento de un préstamo a la empresa Tigo (US$ 67 millones) con aval del 100% sobre el dinero cedido del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Economistas y especialistas han coincidido en que se trató de una operación que terminará favoreciendo a los intereses del jubilado y a la previsional. Sin embargo, pese a todas las explicaciones brindadas, se insistió y se pretendió poner un manto de dudas a la cuestión. La razón: el mismo grupo empresarial que maneja el medio también posee un banco en donde el IPS posee Certificado de Depósitos de Ahorro (CDA) por valor de US$ 32 millones, cuyo monto le generará al grupo un promedio de US$ 6 millones en concepto de ganancias.

En este caso, con las dudas instaladas por el medio, no se pretendió dar una defensa de los intereses del asegurado, del jubilado o la figura misma de la institución como un bien patrimonial del país, sino lo que les movió fue el mero capricho de especular ante la supuesta amenaza de perder a futuro el privilegio de ser uno de los bancos escogidos para la operación.

Los periodistas, acicateados por el jefe, emprenden una serie sembrando las dudas, insisto, dentro de sus motivaciones reales amparadas en el oficio, sin tener toda la historia de la verdadera razón que tiene el dueño que envía un "fideo" (sinónimo del memo), palabra utilizada por colegas de ese medio para definir los "pedidos del director".

Lo mismo ocurre con el caso de Ciudad del Este y el supuesto despojo de un predio de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP). Despojo: Privación de lo que una persona tiene o pérdida violenta de lo que se tiene o goza. En el caso de la propiedad de la ANNP, no hubo ni habrá despojo, sino una concesión que debe darse previa a una licitación que todavía no se ha concretado.

Es cierto que quienes emprenden esta campaña sobre esa línea poseen elementos, quizás llamativos de vínculos y conexiones políticas que ameriten a crear la historia para eventualmente evitar que en todo caso se digite una licitación. Sobre este hecho objetivo se cabalga; pero, ¿sabe alguien de las pretensiones del dueño del medio de "matar" el proyecto en Ciudad del Este para potenciar la zona donde se prevé la construcción del segundo puente sobre el río Paraná y en donde dicho grupo empresarial adquirió 14 hectáreas en la cabecera de la futura obra?

Me dirán que también el dueño del diario en el que escribo tiene sus intereses y es cierto, pero lo ideal sería que en aras de la transparencia y del bienestar común, también los propietarios de los demás medios pongan al tapete los suyos, para que cada quien saque sus conclusiones. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.