- En plena pandemia, la empresa ESSA, donde Renolfito puso G. 1.700 millones como capital operativo, se alzó con un contrato de G. 16 mil millones en la Gobernación del Guairá en mayo pasado. Ahora está a punto de ganar otra licitación de G. 6 mil millones en la misma institución. Es decir, en total su empresa que se consorció con otra de la región para pasar desapercibida se llevará unos 22 mil millones, un poco más de US$ 3 millones. ¡Barbaridad!
- ¿Será que las raciones de alimentos o los kits que deben llegar ahora que no hay clases presenciales están llegando como corresponde? Marche una nueva auditoría del ente contralor sobre este millonario contrato que el “ladrón de meriendas” nos tenía escondidito.
- Nos imaginamos que CACAvelos, el abogado paquito de la “miau florida” está preparando una súper defensa para Renolfito. Este cuento del “montaje” y la “persecución política” ya no cree ni Marly.
- Aunque parece que el engominado abogado está más concentrado en cómo seguir currando con los “postes de oro” que durante años le enchufó a la Ande. Mira vos en qué andaba el abogado defensor de los “perseguidos”. ¡Andaaaa!
- Suponemos que la Fiscalía se está nomás tomando su tiempo, recabando toda la info relacionada a la “gran tragada” del actual ministro de Agricultura con los almuerzos escolares. Hasta ahora es imposible de entender por qué el Ministerio Público no ha actuado con la misma celeridad en que actuó con otros funcionarios involucrados en escándalos de audios y supuestos hechos de corrupción. Estamos atentos.
- Renolfito no tiene escapatoria. No sabemos qué le conviene más, si seguir negando que ESSA es su empresa, supongamos que no lo sea, aunque las evidencias dicen lo contrario, como mínimo debe ser imputado por cohecho. ¿Cómo explica que un ordenador de gastos reciba regalos, depósitos, pagos de autos lujosos de un proveedor de la institución que maneja? Y en el caso, que sí estamos seguros que es el dueño de ESSA, por las pruebas que hay, debe ser imputado por un rosario de eventuales hechos punibles, desde enriquecimiento ilícito hasta asociación criminal.
- El “caiga quien caiga” del number one hasta ahora no se ha hecho sentir. Si bien ayer dijo que él mismo pidió a algunos de sus colaboradores cuestionados que presenten renuncias, el mensaje debe ser más claro: destitución inmediata. Caso contrario, difícilmente la ciudadanía pueda confiar en sus acciones.
Analizan plan maestro para nuestro sistema energético
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Representantes de la Dirección de Planificación de la Ande recibieron la visita de una comitiva de autoridades y empresarios de la República de China (Taiwán), para conocer los planes maestros de inversión de la Ande para generación y transmisión a corto, mediano y largo plazo.
La comitiva fue recibida en la sala de Consejo de la Institución por el Ing. Guido Chávez, asesor de la Dirección de Planificación, junto al Ing. Gabriel Baum y el Ing. Blas Díaz, del Departamento de Estudios de Transmisión, quienes los recibieron en representación del presidente y del director de Planificación.
Durante el encuentro, se presentaron los planes maestros de inversión de la Ande para generación y transmisión, destacando la relevancia estratégica de esta visita en el fortalecimiento de posibles inversiones provenientes de Taiwán en Paraguay.
Mesa técnica con el presidente Santiago Peña para aprobar la política energética de Paraguay. El viceministro Mauricio Bejarano destacó esto como un plan transformador a nivel país. Foto: Gentileza
Política energética potenciará energía eléctrica y sustentabilidad, afirmó viceministro
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El Ejecutivo aprobó el lunes un plan de política energética al año 2050 y el viceministro de Minas y Energía, Mauricio Bejarano, destacó que la iniciativa permitirá asumir un rol transformador en el área energética, al poner mayor foco en la generación de electricidad.
“Nos trazamos objetivos y metas a corto y mediano plazo. La intención que tiene esta política energética es dar cada vez mayor participación a la energía eléctrica dentro de la matriz energética, tomando un rol protagónico en sustentabilidad”, explicó Bejarano.
En contacto con “Así son las cosas”, por GEN y Universo 970 AM/Nación Media, el viceministro remarcó que esto se enmarca en el plan de la mayor participación de energía eléctrica en el país que se plantea realizar, a partir de todas las fuentes de recursos naturales existentes en el país.
“Esto también ayudará a la Administración Nacional de Electricidad (Ande) a fortalecer su infraestructura energética, para poder sostener tanto la demanda actual como la futura y prepararnos también para que la industria tenga un lugar con energía asequible y de calidad”, subrayó.
Bejarano remarcó también la intención de volver partícipes a todas las vías de energía, brindando una colaboración puntual a la movilidad sustentable, con lo cual se observará un importante desarrollo de todo tipo de tecnologías, así como también otros ingresos energéticos.
“También daremos mucha participación al sector privado, para que invierta y desarrolle un ingreso masivo de generación de energía. Además, vamos a ocuparnos de las pequeñas centrales hidroeléctricas para tener cada vez mayor autonomía y seguridad hidroeléctricas”, indicó.
No solo se potenciarán los recursos a nivel país, sino que también se contará con un plus por parte del sector privado, lo cual brindará un movimiento sumamente interesante en términos económicos.
“Además de esto, la propia Ande ya cuenta con un Plan Maestro de energía. Todo esto será un soporte significativo para toda la planificación que estamos previendo”, puntualizó el viceministro de Minas y Energías.
Conmebol urge a Fiscalía accionar contra Atlas por caso de lavado
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La matriz del fútbol sudamericano exige que el Ministerio Público paraguayo avance en la investigación penal, que actualmente está paralizada. Luego de seis años de presentada la denuncia documentada y de haberse realizado algunos allanamientos, no hubo avances.
A través de su abogado, Claudio Lovera, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) reiteró al Ministerio Público un urgimiento para que esta institución se pronuncie e inicie una acción penal en torno a la denuncia presentada hace ya más de seis años por operaciones sospechosas de lavado de dinero, que involucran a la matriz del fútbol sudamericano de años anteriores y al banco Atlas SA. El urgimiento fue presentado en fecha 11 de marzo pasado ante la Fiscalía.
“En atención al tiempo de investigación transcurrido, los elementos acompañados en su oportunidad, así como los que fueran recopilados en el marco de la actividad fiscal preparatoria, se solicita que el Ministerio Público emita un pronunciamiento en el marco de los hechos acontecidos y acorde con el ejercicio e impulso de la acción penal pública”, señala el documento presentado ante el Ministerio Público.
Tras dar apertura a una investigación penal, el Ministerio Público llegó a recabar evidencias sobre el asunto, mediante allanamientos a la sede del banco Atlas SA y a la Superintendencia de Bancos ante la negativa de estas instituciones en proveer información. En estos procedimientos se incautó una serie de documentos.
Estas diligencias realizadas en el pasado dan cuenta que el órgano investigador sostiene que en determinados lugares podrían hallarse indicios de un hecho punible.
Pese a esas primeras medidas, la Conmebol señala que la Fiscalía se llamó a silencio y abandonó cualquier otra iniciativa tendiente al esclarecimiento de la denuncia. Hay que recordar que la Conmebol presentó la denuncia en tiempo y forma, en fecha 4 de febrero de 2021. La primera denuncia había sido presentada ya en el año 2017.
Copia de la nota de urgimiento presentada por el abogado de la Conmebol, Claudio Lovera, ante el Ministerio Público
ANTECEDENTES DEL CASO
Los fiscales que llevaron el caso fueron Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera, y la causa incluso estuvo paralizada en la Seprelad, en el tiempo en que Carlos Arregui estaba al frente de la citada institución.
La Conmebol quiere recuperar los fondos que le pertenecen (alrededor de unos USD 200 millones) que se esfumaron de la Confederación en administraciones anteriores; ya se recuperaron USD 128 millones gracias a la ayuda de la Justicia norteamericana y Suiza. Desde la matriz del fútbol sudamericano se aguarda que la Justicia paraguaya también haga lo que le corresponde.
El banco de la familia Zuccolillo se expone a sanciones penales y sanciones administrativas. La Ley n.º 1015 Previene y Reprime los Actos Ilícitos Destinados a la Legitimación de Dinero o Bienes, en su artículo 4.° Sanción Penal señala que el delito de lavado de dinero o bienes será castigado con pena penitenciaria de dos a diez años.
Caso tía Chela: Prieto entregó kits a personas que residían en el exterior
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Una imputación fiscal de casi imposible impugnación, sustentada en documentos e informes oficiales de Tributación, Contraloría General de la República, análisis periciales de Laboratorio Forense del Ministerio Público, etc., dejan al descubierto el esquema de compra-venta simulada en las compras de víveres covid que articuló el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, gracias a una estructura que involucra a expareja y familiares de esta. El resultado más perjudicial, además del fraudulento proceso licitatorio de su administración es que no se habrían entregado la totalidad de las mercaderías ya que varios supuestos beneficiarios residirían en el extranjero y en otros departamentos del país, alejados de Ciudad del Este.
La amañada licitación de las compras covid de alimentos para personas de escasos recursos que con el sonado caso Tía Chela había dejado anonadada principalmente a la población esteña que depositó la confianza en el intendente Miguel Prieto, no se reduce solamente al simulado proceso de contratación sino a la compra-venta simulada de mercaderías no existentes en el stock de las firmas adjudicadas que perjudicó con la no entrega de la totalidad de las mercaderías requeridas conforme al contrato.
La sustanciosa imputación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y Rodrigo Estigarribia incorporan informes de trazabilidad de operaciones de la Subcretaría de Tributación, análisis de procedimientos administrativos de la Contraloría General de la República, informes de Contrataciones Públicas, periciales del laboratorio Forense del Ministerio Público hasta datos de inteligencia policial que revelan un simulacro poco antes visto en un proceso de compra pública y entrega de alimentos para personas vulnerables.
Recordemos que el primer gran escándalo desatado con las compras covid de alimentos de Miguel Prieto es la apurada contratación del autoservice Tía para la provisión del 25.000 kits de alimentos por G. 2.949 millones, siendo el adjudicado un pequeño negocio sin la capacidad financiera ni de stock requerido. Para facilitar el negocio y adjudicar contrato a Fermín Ávalos, dueño de Tía Chela, la licitación por vía de la excepción incluyó invitaciones al papá de este y una confitería que en ese momento acababa de ganar un contrato importante para provisión de almuerzo escolar.
Beneficiarios de Prieto no eran de Ciudad del Este
Dicho por la mamá de Ávalos, el padre de este no estaba interesado en ninguna licitación y con el contrato que tenía en ejecución la confitería Yrupe, el camino estaba allanado a favor de Tía Chela, pese a que no disponía lo que ofertaba a la municipalidad. Aquí entra el rol facilitador que jugó Vanessa Florentín Paez, expareja de Prieto, actualmente funcionaria contratada por su administración.
Vanessa, a través de su empresa Vanemi SA se incluyó en el proceso como subproveedora de Tía Chela en el intento de blanquear las operaciones con la administración Prieto. Sin embargo, las declaraciones juradas tributarias del movimiento comercial habitual de ambas estructuras jurídicas Tia Chela SRL y Vanemi SA no se corresponderían con la inversión económica realizada entre los meses de marzo y abril del 2020, periodo en que se desarrolló el proceso de adquisición y entrega de los bienes ofertados a la comuna. Ambas empresas tuvieron un movimiento económico superando su capacidad financiera y operativa en el periodo de marzo y abril del 2020, y sus compras informadas a la SET habrían presentado inconsistencias, describe el acta de imputación basado en informes tributarios.
“Si bien existió una operación de compra-venta entre la firma proveedora Tía Chela SRL y la Municipalidad de Ciudad del Este (Licitación Vía Excepción ID 382.177), esta empresa en realidad no contaba con los bienes a proveer. Por consiguiente se cuentan con elementos de sospecha suficiente que permiten suponer que Fermín Ávalos Britos de Tía Chela SRL habría posibilitado a Miguel Prieto llevar a cabo la compra ficticia de 25.000 kits de cestas básicas para familia de escasos recursos, quien le habría pagado en tal concepto G. 1.769.790.000, cuya adquisición se habría documentado sin que aparentemente hayan ingresado tales productos a la institución”, señala la imputación fiscal.
Una misma persona firmó por varias como beneficiaria de kits de víveres
EN EL EXTRANJERO
Según la pesquisa fiscal, existen fuertes indicios de que las planillas de beneficiarios fueron fraguadas. Es decir que figuran entrega de víveres a personas que en realidad no recibieron los kits.
“Una verificación aleatoria de los datos de las personas consignadas como supuestos beneficiarios de los kits de alimentos que figuran en las planillas de entrega de cestas básicas remitidas al Ministerio Público por la Municipalidad de Ciudad del Este elaborados por funcionarios del municipio, de cuyo informe resultó que varios de estos supuestos beneficiarios son personas que residirían en el extranjero y en otros departamentos del país, alejados de Ciudad del Este, Dpto. de Alto Paraná”, refiere el documento que cita algunos nombres a continuación de personas que residían fuera de los límites esteños, a kilómetros de distancia, en otros departamentos.
Otro informe técnico pericial calígrafo del Laboratorio Forense del Ministerio Público realizado de forma aleatoria de las planillas de beneficiarios confirma que algunas “fueron llenadas y firmadas por la misma persona, lo que nos permite suponer que estas planillas fueron creadas a los efectos de aparentar la supuesta entrega de estos kits de alimentos a supuestos beneficiarios”.