Menos mal se reaccionó a tiempo y Benigno anunció que la próxima semana darán a conocer el monto final que se destinará a las más de 300 mil familias afectadas en forma directa por esta crisis. Ese monto irrisorio de G. 230 mil generó el enojo de la ciudada­nía ya que más bien parecía una limosna para aliviar conciencias, antes que una ayuda real.

En general es loable y tiene buena crítica la arreme­tida y garra que le pone el ministro de Salud a esta lucha contra del OVID-19. Esperamos que las acciones tomadas, con el alto costo que esto implica, den sus frutos, de lo contrario, se avizora un negro panorama que será muy difícil de controlar, principal­mente en el ámbito social ni siquiera en lo sanitario.

Ojalá que con la aprobación de la Ley de Emergencia Financiera todos los recursos que se prevén utilizar lleguen donde correspondan. El propio titular de Contrataciones confirmó que será muy difícil el control estricto de estos fondos. Más que nunca, las instituciones como Contraloría, Secretaría Antico­rrupción, la prensa y la ciudadanía deber ser celosos custodios del manejo de la plata.

Es más, desde el Congreso deberían articular una estrategia más efectiva para el control hasta con una carga punitiva distinta para el funcionario público que aprovechando esta crisis y coyuntura, pretenda sacar algún provecho económico. Hay varios que se estarán frotando las manos.

¿Qué paso de la iniciativa de algunos altos funciona­rios y la historia de donar sus salarios? Al parecer fueron meros enunciados motivacionales y nadie le hizo el seguimiento.Esta crisis obliga a que no solamente el sector privado se ajuste los cinturones, desde el sector público también deben sentirse medidas más determinantes que simples recortes en viáticos, horas extra y otras minucias.