El juez Raúl Florentín admitió la imputación y procesó penalmente por lesión de confianza a la ex presidenta de Petróleos Paraguayos (Petropar), Patricia Samudio, tras el escándalo generado por la millonaria compra de insumos hospitalarios, en la que fue incluida una importante cantidad de agua tónica. Según sus propias declaraciones, el producto tendría ciertas propiedades para el tratamiento del COVID-19.
También fueron imputadas y procesadas penalmente otras 21 personas. La ex funcionaria de Estado fue citada para el próximo 24 de junio, a las 8:00, para la audiencia de imposición de medidas cautelares.
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Antecedentes del caso
Samudio, tras haber presentado finalmente su renuncia al cargo el pasado 22 de abril, se llamó a un rotundo silencio. Durante su administración se adquirió un total de 5.000 botellas de agua tónica; además, se compraron unas 3.000 mascarillas a un precio unitario que excede el referencial que fue fijado por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), encabezado por Julio Mazzoleni.
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“Por fin va a haber un poco de Justicia en Ciudad del Este”, dice la Contraloría Ciudadana
La representante de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este, Magdalena Montiel, celebró que todas las denuncias impulsadas por su organización contra la gestión del intendente Miguel Prieto fueron confirmadas tanto por la Contraloría General de la República como por el interventor Ramón Ramírez, quien recientemente ratificó la existencia de múltiples irregularidades en la administración municipal.
Montiel refirió que la Contraloría General es la máxima autoridad en materia de control de las instituciones públicas y consideró que las conclusiones del interventor no hacen más que reafirmar las denuncias presentadas desde el inicio de la gestión de Prieto. “Por fin va a haber un poco de Justicia con Ciudad del Este, porque son los contribuyentes los que están perdiendo en este momento”, concluyó.
Montiel apuntó directamente a la gestión de Prieto, a quien acusó de haber montado un esquema en la comuna esteña para evadir los sistemas de Contrataciones Públicas y el control ciudadano. Según denunció, la municipalidad publica solo los montos de las obras, pero omite datos clave como la ubicación geográfica y otros detalles que permitirían una fiscalización efectiva.
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“Estamos tranquilos, todas las denuncias que hemos hecho se han confirmado, desde un principio estaba segura de que iba a ser así”, expresó Montiel en contacto con La Nación/Nación Media, quien destacó el trabajo que viene realizando el interventor y quien trajo consigo a técnicos que validaron los cuestionamientos realizados previamente por el ente contralor.
A su vez, aseguró que existe un desmoronamiento en la popularidad de Prieto, de lo cual ya hubo indicios en las últimas elecciones generales, cuando el candidato respaldado por el jefe comunal perdió la contienda por la gobernación del Alto Paraná. “Muchos de los que le defendían hoy nos dan la razón, él tiene muchos aduladores y chupasangres que también se benefician de su administración y son ellos los que le dan la falsa expectativa de que sigue siendo querido”, manifestó.
“El intendente es un mentiroso compulsivo, mostró su verdadera cara cuando asumió la intendencia y cometió todas estas irregularidades y actos de corrupción”, arremetió Montiel, señalando además que las críticas de Prieto hacia la Contraloría Ciudadana siempre buscaron desprestigiar al equipo que ella representa.
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Intervención CDE: comprueban graves irregularidades en transferencia de fondos
El interventor de la Municipalidad de Ciudad del Este, Ramón Ramírez, expuso en conferencia de prensa el hallazgo de graves irregularidades en la gestión del apartado intendente Miguel Prieto Vallejos que, confirman puntos consignados en el informe de la Contraloría General de la República, según la explicación. Lo encontrado representa el 30% de las causales de intervención indicadas por la CGR, según lo informado esta mañana. Son 31 días de auditoría.
“Las pruebas documentales a las que accedimos, nos permiten constatar graves irregularidades en la administración de Miguel Prieto al frente de la Municipalidad. Hay un mecanismo institucionalizado para violar la ley y para evitar controles de manera sistemática”, sostuvo el licenciado Ramírez.
Una de las conclusiones tiene que ver con la “transferencia de más de 3 mil millones de guaraníes (G. 3.042.645.716), que ya la propia Contraloría había señalado y esta intervención comprueba”.
Entre las principales causales identificadas por la CGR y corroboradas por el equipo interventor, según lo informado hoy, están las “inconsistencias y falta de justificación en la asignación de transferencias y el incumplimiento de los procesos de contratación, en el uso de dichos fondos para ejecutar obras”.
También “irregularidades en los procesos legales de asignación de fondos a ONGs y comisiones vecinales; y transferencias sin el cumplimiento de los requisitos legales y documentales exigidos”, explicó el interventor Ramírez.
“Las disposiciones exigen que, quienes reciben aportes deben tener cuentas bancarias, eso no fue observado en varios de los documentos a los que accedimos, hay regulaciones en materia de lavado de dinero, en materia de cumplimiento impositivo que no se cumplieron”, agregó el interventor, como ejemplo de las irregularidades.
Otro punto expuesto es que las entidades beneficiarias de los aportes no administraban los fondos recibidos.
Contrataciones fraguadas
Según la exposición, la intervención detectó también pagos a proveedores realizados antes de las adjudicaciones, donde la empresa ganadora cobró cheques antes de conocerse la firma ganadora. En este punto mencionó un caso en que la adjudicación tiene fecha 31 de diciembre de 2020, pero el cobro ya fue efectuado el 29 de diciembre.
“Los supuestos procesos de selección estaban montados, se crearon empresas para captar fondos, se hizo una instrumentación de comisiones vecinales que fueron simples intermediarios, simples endosantes, fueron utilizados como pantalla para eludir la ley. Las causales de intervención están plenamente confirmadas”, resumió el interventor.
La intervención resaltó que estos hallazgos no configuran errores administrativos, sino un sistema cuidadosamente planificado para burlar las leyes, para desviar fondos públicos, según indicó.
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Abdo offshore: CGR y Fiscalía no deben ignorar las denuncias, señalan
El diputado colorado Rodrigo Gamarra sostuvo que la Justicia paraguaya debe actuar, sin pactos ni silencios tras la grave denuncia periodística realizada por un medio argentino, donde se publicó que el expresidente Mario Abdo Benítez tendría dinero escondido en paraísos fiscales.
A su criterio, la Contraloría General de la República y el Ministerio Público no pueden mirar para otro lado ante las graves denuncias sobre las presuntas cuentas bancarias del exmandatario en el paraíso fiscal de Seychelles (África).
En comunicación con La Nación/Nación Media, el legislador señaló que de confirmarse el incremento patrimonial familiar y que gran parte de ese dinero fue durante la pandemia no solo se estaría hablando de corrupción, sino de algo más grave como crimen moral y de lesa humanidad.
El hecho resultaría sumamente grave, ya que se confirmaría que Abdo Benítez escondió 21 millones de dólares en cuentas offshore mientras era presidente y después de salir, el país se encuentra ante uno de los escándalos más inmorales de toda nuestra historia.
“Si ese dinero está vinculado al saqueo que sufrimos durante la pandemia, cuando la gente moría sin oxígeno, sin camas y sin medicamentos, lo que nos pasamos gritando y denunciando, entonces no hablamos solo de corrupción, hablamos de crimen moral y de lesa humanidad. No tiene perdón de Dios”, sentenció.
Recordó que durante la pandemia el pueblo gritaba que estaba siendo asaltado en plena tragedia nacional; sumado al silencio y complicidad de algunos medios, el expresidente y su entorno habrían estado transfiriendo millones a las Islas Seychelles. “Hoy, esas denuncias ya no son meras sospechas que deben ser investigadas”, señaló.
Sin pactos ni silencio
Gamarra destacó que también se evidencia que Abdo Benítez usó el poder para perseguir a sus adversarios. Entonces, ahora debe explicar cómo multiplicó aparentemente su patrimonio en paraísos fiscales. “La Justicia debe actuar, sin pactos ni silencios y la Contraloría y el Ministerio Público no pueden mirar para otro lado”, precisó.
Agregó que si este caso no es investigado y la ciudadanía lo deja pasar “estamos diciendo que robarle al pueblo en su momento más doloroso se puede ignorar y salir impune. La Fiscalía debe actuar de oficio y esclarecer lo antes posible este escándalo nacional y mundial”, concluyó.
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Kirchner y otros condenados deberán pagar USD 535 millones
Un tribunal argentino intimó a Cristina Kirchner y otros ocho condenados por corrupción a pagar en conjunto una suma equivalente a 535 millones de dólares, según un fallo publicado por la prensa local. La expresidenta Kirchner (2007-2015) fue condenada en junio a seis años de prisión e inhabilitación política perpetua por administración fraudulenta en la adjudicación de obras viales durante su mandato. Actualmente cumple su condena en prisión domiciliara.
Tras un análisis hecho por peritos oficiales del “daño producido al erario público”, el tribunal determinó este martes que Kirchner y los demás condenados paguen entre todos la suma de 684.990 millones de pesos argentinos (unos 535 millones de dólares al cambio oficial). El fallo no especifica cuánto debe pagar cada uno.
La suma “deberá ser depositada a cuenta y orden del tribunal en el plazo de diez días hábiles”, señala el fallo, plazo que se extiende hasta el 13 de agosto debido al receso del poder judicial. Caso contrario, la justicia incautará dinero y rematará propiedades embargadas a los condenados, según el documento.
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En su última declaración ante la Oficina Anticorrupción en 2023, Cristina Kirchner declaró un patrimonio de casi 250 millones de pesos (hoy equivalentes a unos 195.000 dólares). Según informes de la prensa local, también poseía varias propiedades inmobiliarias, que cedió a sus dos hijos hace unos años. La defensa de Kirchner aún no informó si recurrirá la medida.
Además de la expresidenta, fueron condenados en la causa el empresario Lázaro Báez y los exfuncionarios José López, Nelson Periotti, Mauricio Collareda, Raúl Daruich, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Santibáñez, todos con penas de entre tres años y medio y seis años de prisión.
Fuente: AFP.